Con los crespos hechos

Cuando el odio y la pasión ideológica se traduce en persecución religiosa y política, aparece la pretensión de superar el Estado de Derecho, la Constitución y la Ley con propuestas absurdas como la de cobrarle impuesto de renta a las iglesias, desconociendo la gran labor social que por ya casi dos siglos desarrollan, y que adicionalmente ya pagan impuestos como el IVA y los parafiscales que sostienen al ICBF y al SENA.

En una decisión acertada por la comisión de conciliación del Congreso de la República y los ministros del Interior y de Hacienda se acogió lo aprobado en el Senado, eliminando del texto final a votar por ambas cámaras el artículo 15 que pretendía cobrar un impuesto de renta del 20% a las actividades comerciales que desarrollan las entidades religiosas.

Pretender vía Reforma Tributaria, que tiene un alcance general, sancionar con mayores impuestos el presumible uso indebido de una entidad jurídica hubiera sido una gran equivocación, además de ser inconstitucional.

No puede seguir haciendo carrera que quienes son elegidos por el pueblo sigan atacando a los colombianos en sus conceptos de fe por prejuicios religiosos. Debemos rechazar la politiquería barata de algunos fanáticos progresistas que pretenden amedrentar o linchar socialmente a miembros del sector Interreligioso, y pasar factura por las personas pertenecientes a estas comunidades que participan de procesos políticos o activismo social.

El ya inexistente artículo 15 de la Reforma Tributaria junto con sus 2 parágrafos tendría un recaudo marginal para el fisco, pero un desgaste mayúsculo para los funcionarios de la DIAN, forzándolos al arbitrio interpretativo, y aún para la pequeñas iglesias que son la mayoría de todos los credos, obligándolas a invertir parte de los recursos destinados en los programas sociales en la contratación de personal contable y nuevos gastos administrativos.

Recordemos que en la última medición del DANE, el sector Interreligioso genera 260.000 empleos directos y aporta el 4,65% al PIB nacional, desarrollando programas sociales en todas las regiones de Colombia que incluyen comedores infantiles, restauración de jóvenes de la drogadicción, atención a víctimas del conflicto armado y acompañamiento a las familias en distintas situaciones de crisis.

Hablar de chantaje del sector Interreligioso hacia los congresistas para eliminar el citado artículo es mezquino y completamente subjetivo.

La defensa de la libertad religiosa está inmersa en los estatutos de la mayoría de partidos políticos en Colombia, entre ellos, los más tradicionales como el Conservador o el Liberal que participaron del debate y desarrollo del artículo 19 de la Constitución Política que establece el derecho a libertad religiosa y de cultos en la constituyente del año 1991.

Es nuestro menester seguir avanzando en la defensa de la libertad religiosa en Colombia, como una de las instituciones más importantes en un Estado Social de Derecho.