Colombia enfrenta una expansión criminal que amenaza la seguridad ciudadana. Narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestro y lavado de activos sostienen organizaciones que desafían abiertamente al Estado y someten a millones de colombianos.
Frente a semejante amenaza, necesitamos instituciones fuertes. Y pocas son tan importantes como la Fiscalía General de la Nación.
Por eso son tan graves las revelaciones de Lucy Laborde, la fiscal que tuvo en sus manos el proceso contra Nicolás Petro.
Laborde sostiene que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, intervino en reuniones en las que se discutió retirar el delito de lavado de activos y mantener solamente el enriquecimiento ilícito. La Fiscalía ha negado que existieran presiones y sostiene que se estudiaban alternativas jurídicas planteadas dentro del proceso.
Habrá que establecer exactamente qué ocurrió. Pero sería un grave error reducir el episodio a una disputa entre funcionarios.
Estamos hablando del proceso contra el hijo del entonces presidente de la República. Por eso, cualquier intervención directa de la Fiscal General en ese expediente exige absoluta transparencia. Cuando la justicia toca al círculo más cercano del poder, hasta la menor duda compromete la credibilidad de toda la institución.
Cuando Luz Adriana Camargo fue elegida, advertí que la Fiscalía debía estar a la altura de las investigaciones contra Gustavo Petro, su hijo, su campaña, Fecode, la USO, Sadi y el Pacto de La Picota. Abogué por una Fiscalía independiente y al servicio de la justicia. Esa advertencia cobra hoy plena vigencia.
No basta con ser imparcial. Hay que parecerlo.
Si una imputación es excesiva o un delito no puede probarse, debe corregirse. Es una garantía elemental del Estado de derecho y debe aplicarse a todos por igual.
Durante la administración de Camargo se produjeron demasiadas decisiones que alimentaron la desconfianza. Mario Burgos, quien había conducido la acusación contra Nicolás Petro, fue apartado del proceso. También fue relevada la fiscal que investigaba la responsabilidad de Laura Sarabia en el episodio del polígrafo y las interceptaciones ilegales. A esto se sumó la parsimonia con la que avanzaron los expedientes relacionados con la financiación de la campaña presidencial y el círculo más cercano del poder.
Las dudas alcanzan también las decisiones adoptadas al amparo de la paz total.
En Medellín, la Fiscalía suspendió órdenes de captura contra 23 integrantes de estructuras delincuenciales y luego tuvo que revocar 16. El episodio dejó al descubierto la ligereza con la que se concedieron beneficios sin verificar adecuadamente el historial judicial de los favorecidos.
Algo semejante ocurrió con alias Calarcá. Mientras gozaba de protección jurídica como representante de la paz total, investigaciones de la propia Fiscalía establecieron que habría continuado impartiendo órdenes criminales. Camargo tuvo que solicitarle a Petro que le retirara esa condición.
Y ahora aparece otro episodio que merece explicación. La exministra de Justicia Ángela María Buitrago denunció que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz intervino, sin competencia, en trámites de extradición. En el caso de alias H. H., Buitrago firmó la resolución que la concedía, pero desde esa oficina llegó un concepto contrario. Después de su salida, Petro suspendió la entrega por su participación en la paz total.
No es un asunto menor. Estamos hablando de personas requeridas internacionalmente por graves delitos y de una política de paz que terminó produciendo efectos concretos sobre capturas y extradiciones.
La Fiscalía no diseñó la paz total. Pero sí tiene la responsabilidad constitucional de perseguir el delito. No puede existir ambigüedad.
La salida de Gustavo Petro no cierra este capítulo. Camargo permanecerá en la Fiscalía hasta marzo de 2028 y coexistirá cerca de 20 meses con el Gobierno de Abelardo De la Espriella. Tendrá bajo su dirección los procesos sobre la administración que la postuló y, al mismo tiempo, la enorme facultad de investigar a los funcionarios del nuevo Gobierno.
El presidente De la Espriella ya entregó a los organismos de control El libro de la verdad, un documento que reúne más de 80 casos para su evaluación jurídica. En sus primeros 16 días también firmó más de 30 extradiciones. Son decisiones que anuncian el regreso de la autoridad y una política de cooperación internacional firme contra el crimen organizado. Esa determinación requiere una Fiscalía capaz de investigar, acusar y sostener sus actuaciones ante los jueces.
Camargo deberá decidir si recupera la confianza ciudadana y honra la autonomía de su cargo, o permite que su administración termine convertida en el último refugio institucional del petrismo. De ello dependerá su lugar en la historia.
Una democracia puede sobrevivir a una mala política pública. Lo que no puede normalizar es una justicia que mida de manera diferente a quienes están cerca del poder. Cuando la ley deja de inspirar respeto, el vacío lo ocupan los criminales.