Consulta popular nacional 2.0

De acuerdo con la Oficina de Prensa del Senado, el pasado 19 de mayo, el Gobierno puso a consideración una nueva propuesta de consulta popular que comprende las 12 preguntas propuestas con anterioridad y cuatro nuevas.

Los temas adicionales se refieren a la posibilidad del Gobierno para comprar o producir medicamentos esenciales, para las EPS dejar de ser intermediarias financieras, para garantizar un modelo de atención primaria en salud, y establecer un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud.

Los ministros del Interior, Salud y Trabajo, en el acto de radicación de la propuesta, invocaron la necesidad de acudir a la soberanía popular ante la dificultad de tramitar las reformas en el Congreso.

Después, en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro advirtió: “Señores de la oligarquía, no nos obliguen entonces a lo imposible porque haremos lo imposible. No nos obliguen, no nos reten, no nos amenacen más.”; “La oligarquía tiene que saber que ahora tiene al pueblo enfrentado porque no fue capaz de dialogar con el presidente. Si toca ir a una huelga indefinida, el presidente se pondrá al lado del pueblo. Y si me van a echar por ello, entonces estalla la revolución”.

La Constitución dispone que el presidente, con la firma de todos los ministros, previo concepto favorable del Senado, puede consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. No hay duda, el Gobierno tiene esa facultad y puede insistir, reiterar o repetir la propuesta. Ahora bien, el Senado ejerce una forma de control político a través de la emisión de un concepto previo, donde evalúa la conveniencia, viabilidad, oportunidad y pertinencia de la propuesta; por supuesto, puede aprobar o negar la respectiva convocatoria.

La ley estatutaria de participación ciudadana establece para aprobar cada pregunta la obtención de la mitad más uno de los votos válidos, siempre que haya participado no menos de la tercera parte del censo electoral, esto es, más o menos la participación de más de 13.666.000 sufragantes, un umbral muy difícil de alcanzar.

La misma ley prevé la convocatoria ciudadana para una consulta nacional con el 5 % del censo electoral, algo más de 2 millones de firmantes, aunque en caso de que los apoyos superen el 20 %, unos 8,2 millones, el Senado estaría obligado a proferir el concepto para realizar la consulta.

Lamentablemente, la polarización política, el estilo gubernamental patológicamente retador, y la proximidad de las elecciones para Congreso y presidente, han hecho que las posiciones y los discursos suban en agresividad.

Se equivoca el presidente invocando la lucha de clases, manifestaciones y huelgas que tan caras pueden resultar al país, cuando con un poco más de 8 millones de firmas se lograría la consulta. Se equivoca el Senado aceptando un supuesto enfrentamiento entre la democracia representativa y la participación ciudadana, cuando el ejercicio de esta revitaliza los derechos y deberes políticos fundamentales.

Si se aceptara realizar la consulta, una vez pasen las calenturas, probablemente, no se aprobarían muchas de las preguntas, no se alcanzaría el umbral electoral y el Gobierno comprobaría su inconveniente desgaste antes de las elecciones de 2026.

Finalmente, la historia demostrará la equivocación de este Gobierno residualmente sedicioso, que optó por la división, la diferencia y la confrontación, en lugar de la unión, los consensos y los propósitos nacionales para las generaciones futuras.

Cita de la semana: “Algo falla cuando la relación entre la clase dirigente y gran parte de la sociedad se define por la hostilidad y la desconfianza mutuas.”, Henry Kissinger, Liderazgo. Seis estudios sobre estrategia mundial (2022).