Corrupción, violencia y narcotráfico

Colombia no puede seguir soportando los altos niveles de corrupción, violencia y narcotráfico, porque dichos males son contrarios a la democracia y al derecho de la gente a vivir mejor; empezando por las mujeres, los niños y el conjunto de la población urbana y rural, quienes constantemente son vilipendiados por los promotores y ejecutores de esos males.

Como exvicepresidente de Colombia y, sobre todo, como persona que siempre ha luchado en favor del diálogo social, los derechos humanos, la paz y la reconciliación, insisto en que son falsos los dilemas a los que algunas personas muy hábilmente quieren llevar a la población colombiana a afirmar que, cuando se habla de seguridad y de cero tolerancia con el delito, se está privilegiando una posición política de derecha. Nada más equivocado. Olvidan, quienes así lo creen, que el derecho a la seguridad y a la cero tolerancia frente a los delitos hace parte de los derechos humanos y del derecho de la gente a vivir mejor y en convivencia pacífica.

No olvidemos que la vida y el sentido común nos han enseñado que, si seguimos siendo insensibles frente a tales delitos y sus promotores, por acción u omisión, terminaremos como cómplices de los mismos y, de paso —seamos de derecha, centro o izquierda—, contribuyendo a debilitar la credibilidad democrática en el Estado y, por consiguiente, en todos los programas sociales en favor de la población urbana y rural.

Además, en la lucha contra esos males, Colombia necesita la colaboración de personas con diversos pensamientos políticos y sociales, así como del conjunto de la comunidad internacional. De lo que se trata es de decirles, desde posturas políticas diferentes: ¡Basta ya de tantas fechorías, impunidad y alcahuetería!.

Por mi propia experiencia en los temas sociales, políticos y de Estado, debo decir que, si sabemos unir la lucha contra esos delitos de lesa humanidad o extremadamente graves con una política permanente en favor del diálogo social entre diferentes, del respeto a los derechos humanos y de mayor inversión social, podremos lograr muy buenos resultados en favor de la población urbana y rural. Y, con ello, estaremos también contribuyendo a demostrar que, sin seguridad y tranquilidad ciudadana, es muy difícil construir una sólida política económica, social y democrática en favor de la población, especialmente de los grupos más vulnerables, como son los niños, las niñas y los adultos mayores.

Eso fue, por lo menos, lo que pude constatar cuando fui gobernador del departamento del Valle del Cauca, trabajando de la mano con cada uno de los alcaldes municipales, y Álvaro Uribe Vélez era presidente de la República.

En ese camino, logramos demostrar que, si se sabe trabajar en equipo, con una política de cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro y la violencia, los recursos públicos alcanzan para bien de la gente y de su credibilidad en los diversos programas estatales nacionales, departamentales y municipales. Debo decir que lograrlo no fue tarea fácil, pero lo primero que tuvimos que hacer en la Gobernación del Valle del Cauca fue despojarnos de todo tipo de sectarismos políticos, de privilegios personales y convencernos de la concepción democrática de que gobernar tiene sentido si primero es la gente, empezando por los niños y las niñas.

Todo lo anterior es lo que personalmente he venido promoviendo públicamente. Los gobernantes, sean de derecha, centro o izquierda, tienen que gobernar, ante todo, con su ejemplo de vida y con nortes éticos. No deben permitir o tolerar la corrupción, el despilfarro, la violencia, las desigualdades sociales, las contaminaciones ambientales y a aquellos que siempre miran al Estado como su ‘vaquita lechera’.

Por los altos índices de corrupción, violencia y narcotráfico que actualmente se presentan en Colombia, esos delitos son, en mi opinión como demócrata, uno de los principales desafíos que tendrán que abordar los diversos candidatos y candidatas a la Presidencia de la República en las elecciones de mayo de 2026.