Corrupción y oscuros conglomerados

¡Se roban la plata de la salud! ¿Puede existir un titular más dramático y vendedor que ese? Difícil. Cada cierto tiempo recibimos noticias de ese tenor, dando a entender que robar la plata de la salud fuese más intolerable que robar en otros sectores. Esto ha conducido a una estigmatización del sector como si fuese el más corrupto. Desafortunadamente, esto casi nunca termina de verificarse porque las investigaciones demoran años y cuando surgen las sentencias o exoneraciones ya nadie se acuerda de ellas. Muy pocas son registradas en los medios.

Esta semana las revelaciones de un supuesto entramado de corrupción en el sector ocupó parte de la agenda mediática. Las noticias traían una mezcla de hechos que es necesario deslindar y entender en su alcance.

En primer lugar, una cosa es apropiarse de los dineros de la salud y llevarlos a paraísos fiscales a través de empresas de papel estafando el erario, y otra —muy diferente— es que empresas extranjeras sean propietarias legítimas de hospitales y centros de salud privados que contratan y prestan servicios que, una vez facturados, generan utilidades que transfieran fuera del país. No ha sido claro cuál es el caso en las noticias que comprometen a las 18 IPS señaladas. Deberían haber sido habilitadas por el Ministerio y las secretarias de salud de sus regiones, y los dineros que han recibido corresponder a pagos por servicios prestados a sus pacientes. Los informes no hablan de ello.

Otra trasgresión se presenta cuando se contratan servicios, preferencialmente, con prestadores integrados verticalmente. Puede tomar la forma de direccionamiento de mayor número de pacientes con la red propia, o la contratación selectiva de aquellos servicios que genera mayor rentabilidad por su agregado tecnológico. Es decir, contratar la “carne” con la red propia y dejar el “hueso” a los demás componentes de la red, desde una EPS o un régimen excepcional, como el caso de los maestros y las Fuerzas Militares. Aquí lo que existe es una falla regulatoria porque la ley no necesariamente expresa esta conducta como fraudulenta.

Es imprescindible que el sector salud tenga una ley que regule los conglomerados. Los ciudadanos, integrantes del sistema y organismos de control, deben conocer la estructura de estos —ya sean nacionales e internacionales— que manejen recursos públicos en salud. En el fallido proyecto de ley 010 que presentó el gobierno anterior, hubo un artículo en ese sentido que fue descartado.

Cosa muy diferente es que los pagadores de las cuentas de la salud, ya sean públicos como la Adres, o privados como las EPS, hagan acuerdos fraudulentos con las clínicas u hospitales de su red para favorecer o “saltar la fila” en los pagos de la cartera facturada por la prestación de servicios. Claramente esta es una conducta corrupta y punible a la cual podrían ligarse comisiones o preferencias por razones de amistad, o conflictos de interés asociados a integraciones verticales u horizontales entre pagadores y receptores de los recursos.

También existen los entramados en los cuales un grupo político se apropia de una entidad pública y direcciona los contratos de manera oscura a sus asociados, generando toda clase de esquemas de corrupción pública. Este es el mayor riesgo que actualmente enfrentamos dentro de un sistema de salud que ha sido monopolizado por el Estado y sobre lo cual los controles son supremamente débiles.

Dos casos requieren especial seguimiento en cuanto al buen uso de los recursos de la salud. El primero, es el Fondo de Salud del Magisterio (Fomag), que pasó de tener diez grandes operadores a más de 2.000. Es prácticamente imposible hacer un adecuado seguimiento a la contratación, ejecución y seguimiento de los recursos en semejante cantidad de contratos. Una situación similar sucedió en el pasado, cuando se llegaron a tener a más de 200 EPS del régimen subsidiado con una cifra incontable de contratos imposibles de controlar y auditar. Esa fue la razón para liquidar más de 150 EPS y no que estas se quebraran, como —en ocasiones— expresan agentes desinformados del Gobierno.

El segundo, y el más preocupante, son las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Durante el gobierno anterior, las EPS se intervinieron para efectos de liquidarlas, pero durante el actual gobierno se han utilizado las intervenciones para administrarlas. Esto ha desnaturalizado a la propia SuperSalud transformándola en un monopolio público, empujando procesos que reivindican esa función, como eventuales compras centralizadas de insumos. Este es un evidente conflicto de interés, pero más grave aún, con la pérdida de su función de vigilancia y control porque se convirtió en juez y parte.

El Estado se ha quedado, entonces, sin la capacidad de auditoría sobre la mayor parte del aseguramiento y la prestación de servicios de salud. Como ya se demostró, con la única que se quedaron fue con la de retirar los propios interventores porque ninguno puede intervenir las propias acciones de la Superintendencia. Nadie sabe cuánto valor y capacidades han perdido las entidades intervenidas y es muy probable que, a la vuelta de la esquina, la Superintendencia quede como un cuarto de trastos viejos, con los restos de lo que un día fue un dinámico sistema de salud.