Crisis entre Colombia y Estados Unidos

El reciente intercambio de declaraciones entre los presidentes de Colombia y de Estados Unidos, en torno al incremento del narcotráfico y a las acciones emprendidas por el Gobierno norteamericano en el Caribe, ha desatado una crisis diplomática progresiva y, sin duda, evitable.

Nos encontramos ante una coyuntura crítica que marca el umbral de un quiebre geoestratégico sin precedentes, comparable únicamente con episodios históricos de profunda fractura nacional, como la pérdida del canal de Panamá en 1903.

Colombia enfrenta hoy las consecuencias de una política errática en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, agravada por el favorecimiento de actores ilegales bajo el marco de la denominada paz total.

Tales decisiones han conducido a un máximo histórico en la producción de clorhidrato de cocaína, consolidando al país como el principal proveedor mundial de este alcaloide. A ello se suma la ambigüedad del Gobierno frente al régimen de Venezuela —declarado ilegítimo y con probados vínculos con el narcotráfico—, lo que ha deteriorado la confianza internacional y debilitado las relaciones con aliados históricos.

La eventual descertificación formal de Colombia de parte de Estados Unidos —su principal socio estratégico— representaría una amenaza directa a la seguridad nacional y a la estabilidad del Estado. Ello implicaría la pérdida de apoyo militar y logístico, el aislamiento diplomático frente a aliados como Estados Unidos, Reino Unido, Israel y la OTAN, y el consecuente fortalecimiento del crimen organizado transnacional. Un escenario de este tipo pondría en grave riesgo la capacidad de control territorial, la solidez institucional del sector defensa y la estabilidad económica del país.

Ante este panorama, resulta indispensable dejar de lado las ideologías y los intereses partidistas para colocar el interés nacional como eje de unidad. Colombia necesita un gran consenso que articule a todos los sectores —sociales, económicos, académicos y políticos— en defensa de la soberanía, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

Se impone reorientar y fortalecer la política antidrogas y de lucha contra el crimen organizado mediante estrategias integrales, coordinadas y verificables, que aseguren la cooperación internacional a lo largo de toda la cadena productiva, desde el cultivo hasta la distribución.

Del mismo modo, urge una revisión profunda e inmediata de la política de paz total, suspendiendo todo diálogo con organizaciones armadas que mantengan vínculos con el narcotráfico o realicen acciones que amenacen la seguridad nacional, hasta tanto no demuestren una voluntad de paz clara y verificable.

Asimismo, es necesario redefinir la política exterior de Colombia, restableciendo y consolidando alianzas estratégicas con socios confiables, a fin de enfrentar conjuntamente los desafíos del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

Finalmente, se requiere convocar a la sociedad civil, al Congreso de la República, a las altas cortes y a todas las instituciones legítimas del Estado, para que actúen dentro del marco constitucional y con sentido de responsabilidad histórica en defensa de los intereses superiores de la Nación.

Aún estamos a tiempo de evitar un colapso geopolítico de proporciones mayores y de recuperar el lugar que Colombia merece en el concierto internacional.