¿Cuál futuro sin vigencias?

Las grandes obras de infraestructura no pueden ser objeto de improvisación. Por años hemos tenido claro que los proyectos estratégicos (autopistas, puertos, aeropuertos o sistemas de transporte masivo) requieren planeación seria y compromisos firmes. No todos los países pueden darse ese lujo: en tiempos recientes, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en México, terminó costándole miles de millones al Estado en recompras e indemnizaciones; mientras que, en Argentina, concesiones viales anuladas derivaron en grandes litigios internacionales.

Ese espejo muestra la importancia de un legado institucional que Colombia ha sabido y debe cuidar: reglas estables y la certeza de que los recursos comprometidos estarán disponibles según la programación de los pagos y avances en la ejecución del proyecto. Las vigencias futuras nacieron justamente para eso: un mecanismo de planeación financiera, que garantiza la financiación de obras que trascienden gobiernos y ciclos políticos. Gracias a esa disciplina, el país pudo desplegar carreteras de cuarta y quinta generación, y atraer inversión en proyectos complejos de largo aliento.

El proyecto de Presupuesto General para 2026 trae un cambio que pone en riesgo esa estabilidad. Concretamente, el artículo 88 propone que las entidades del sector transporte puedan, por sí solas, reprogramar vigencias futuras y mover los recursos ya asignados a un proyecto estratégico hacia otros gastos que consideren prioritarios. En la práctica, esto equivale a construir una casa y, a la mitad de la obra, llevarse los materiales para otra parte: la primera queda inconclusa y la segunda tampoco se asegura de terminarse.

Modificar las reglas de juego de esta manera crea inseguridad jurídica, eleva inmediatamente los costos de financiación y mina la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. Sin mencionar que se incrementa la posibilidad de demandas hacia el Estado por incumplimiento a los contratos ya pactados. Las Asociaciones Público-Privadas (APP), modelo que ha permitido carreteras de cuarta y quinta generación, funcionan porque las partes tienen la certeza de que el dinero comprometido estará disponible. Si ese respaldo desaparece, se abren las puertas a retrasos, sobrecostos e incluso litigios contra el Estado.

Esta discrecionalidad va en contravía de un principio básico: la coherencia macroeconómica. El Presupuesto de 2026 ya crece más del doble de la inflación proyectada, y no parece sensato sumar más incertidumbre a la sostenibilidad fiscal del país. La fortaleza de las vigencias futuras radica en que su autorización pasa por instancias técnicas claves para la disciplina fiscal, como el Confis o, en casos excepcionales, el Conpes. Esa institucionalidad es la que le da credibilidad a las decisiones y permite planear a mediano y largo plazo proyectos de alta complejidad, críticos para el desarrollo.

Colombia necesita enviar un mensaje claro, y ese mensaje es que aquí se respetan las reglas. No se trata de negar la necesidad de atender prioridades, sino de no hacerlo a costa de proyectos que ya tienen compromisos adquiridos. Si cambiamos las señales de tráfico en plena autopista, lo más probable es que terminemos todos en un trancón: el Estado enfrentando litigios, los inversionistas cerrando la chequera, los contratistas sin garantías y los ciudadanos esperando obras que nunca llegan. Al final, nadie gana. Bueno, sí, en el remoto caso de nuevos proyectos: ganan los acreedores, que naturalmente elevan la prima de riesgo para protegerse ante la incertidumbre, encareciendo así el financiamiento del país.

Colombia ya tiene en juego $ 185 billones en vigencias futuras, de los cuales más del 84 % están comprometidos en proyectos de transporte que conectan al país y sostienen el empleo de miles de familias. Estamos hablando de autopistas que pueden terminarse o quedar a medio camino, de un país que honra sus compromisos o se vuelve impredecible.

Modificar las vigencias futuras golpea de frente la credibilidad del Estado. Y la credibilidad, una vez perdida, toma años y miles de millones recuperarla. Colombia debe demostrar que sabe jugar en las grandes ligas de la infraestructura: respetando sus compromisos, manteniendo reglas estables y ofreciendo a los inversionistas un terreno de certezas, no de sobresaltos.