El viernes pasado, cerca de 20 drones cargados con explosivos atacaron una instalación militar en Ocaña y asesinaron a tres militares. El domingo, las disidencias de las Farc emplearon la misma modalidad contra instalaciones de la fuerza pública en Inzá y Cajibío, Cauca. La guerra en Colombia cambió: hoy la muerte también cae del cielo.
Según un informe de las Fuerzas Militares publicado por la revista Cambio, entre enero y septiembre de 2026 se registraron 418
ataques con drones: 25 uniformados fueron asesinados y más de 340 resultaron heridos. El Cauca concentró 243 casos; le siguieron Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Antioquia.
En los últimos tres años, y con una aceleración alarmante en 2026, los grupos armados ilegales convirtieron una tecnología comercial de bajo costo en un arma de guerra. Las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo emplean drones para vigilar tropas, identificar objetivos y lanzar explosivos sobre instalaciones militares, estaciones de Policía y poblaciones.
Los criminales ya no necesitan movilizar grandes estructuras para cercar una base o paralizar un municipio. Un pequeño grupo puede operar varios drones, observar los movimientos de las tropas y atacar sin exponerse directamente. Ellos reducen sus costos y sus riesgos, mientras Colombia pone los muertos.
El desafío, sin embargo, va mucho más allá de comprar tecnología. El centro de esta discusión vuelve a ser jurídico y doctrinario: ¿tendrá el Estado la libertad operacional necesaria para defender a la población y emplear legítimamente sus capacidades contra quienes lo atacan?
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó, como medida cautelar, abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas cuando exista información verificable sobre menores reclutados, hasta agotar las precauciones y descartar una alternativa menos lesiva.
La protección de los niños es indiscutible. Por eso debemos perseguir con todo el peso de la ley a quienes los arrancan de sus casas y los llevan a campamentos guerrilleros. El problema son los incentivos perversos que esta restricción puede producir. Si su presencia termina convertida en blindaje de facto para campamentos, arsenales o cabecillas, los criminales encontrarán una ventaja táctica y serán los niños quienes paguen las consecuencias.
El derecho internacional humanitario fue concebido para ordenar y limitar el uso legítimo de la fuerza, no para impedir que el Estado combata. Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución protegen a la población civil, pero no eliminan la facultad del Estado de neutralizar objetivos militares legítimos.
La diferencia está en la legitimidad: el Estado combate bajo reglas y emplea la fuerza para proteger derechos; el criminal actúa al margen de la ley para destruirlos.
Colombia ya conoce las consecuencias de restringir las capacidades del Estado. Ocurrió con la aspersión aérea mientras se expandía el narcotráfico. Durante años, la fuerza pública enfrentó incertidumbre jurídica y debilitamiento operacional, mientras las organizaciones criminales ampliaron su territorio, sus recursos y su tecnología. Repetir esa historia con las operaciones aéreas y los drones condenaría al Estado a la inferioridad frente a quienes desconocen la ley.
La tarea ahora no pertenece solamente a un gobierno, sino al Estado colombiano. La guerra del siglo XXI exige dotar a soldados y policías de las herramientas necesarias para detectar, interferir y neutralizar estas aeronaves, pero también construir una doctrina de seguridad que entienda que la innovación tecnológica de los grupos criminales debe ser respondida con inteligencia, capacidad operacional y reglas jurídicas claras.
El mayor retirado de la Fuerza Aeroespacial Camilo Mendoza, especialista y autor de Amenaza dron, advierte que los criminales están modernizando sus capacidades con mayor rapidez que el Estado. Cerrar esa distancia exige una estrategia adaptada a cada región y a cada modalidad de ataque.
Pero la guerra contra los drones no empieza en el cielo. Empieza mucho antes, porque cada ataque requiere importadores, componentes, baterías, sistemas de comunicación, explosivos, talleres, financiadores, instructores y operadores. Ahí debe concentrarse buena parte de nuestra inteligencia. Derribar un dron impide un ataque; desmantelar su cadena logística puede impedir cientos.
Colombia también debe recuperar y profundizar la cooperación con Estados Unidos e Israel, países con amplia experiencia en inteligencia, ciberdefensa y sistemas antidrones. El acceso a entrenamiento, conocimiento y tecnologías probadas fortalecerá nuestras capacidades.
La soberanía tecnológica tampoco consiste en fabricar cada arma, cada sensor o cada componente dentro de nuestras fronteras. Consiste en que Colombia conserve autonomía para conocer la amenaza, decidir cómo enfrentarla y disponer de las capacidades necesarias para neutralizarla. Esa soberanía se construye desarrollando industria nacional, formando talento, fortaleciendo inteligencia y cooperando con países que poseen tecnologías y experiencia que nosotros todavía no tenemos.
Durante décadas medimos el poder de los grupos armados por el número de hombres y fusiles bajo su mando. Hoy debemos conocer también cuántos drones poseen, dónde los ensamblan, qué sistemas emplean, quién los financia y quién les suministra la tecnología. La naturaleza de la amenaza cambia, pero la obligación del Estado permanece.
Los terroristas ya libran una guerra desde el aire. El Estado tiene que recuperar el cielo.