De cómo Petro destripó al Pacto Histórico

El 4 de febrero de 2025, durante el consejo de ministros, el presidente Petro produjo una ruptura entre el Gobierno y la fracción petrista que se identifica de “izquierda”, al defender la designación de Armando Benedetti como jefe del gabinete. Ese grupo, con asiento en algunos despachos, le tramitó la reforma laboral (orientada por la Ocde y por el TLC) y la pensional (fundada en lineamientos del Banco Mundial).

Gloria Inés Ramírez, Andrés Camacho, Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, Juan David Correa y Alexánder López salieron de sus cargos. A esto se sumó un distanciamiento profundo con la vicepresidenta Francia Márquez, quien también abandonó el Ministerio de la Igualdad. Petro dijo esa noche, frente al despido masivo, que ni él ni el Gobierno eran de “izquierda” y que ese sector solo aportó la tercera parte de los votos que lo habían llevado a la presidencia.

Varios de estos relevados habían entrado al gabinete luego de que saliera el sector santista y fajardista. Entre los salientes se contaron José Antonio Ocampo del Ministerio de Hacienda (reemplazado por Ricardo Bonilla) y Alejandro Gaviria del de Educación (sustituido entonces por Aurora Vergara). También se despidieron Luis Fernando Velasco del Interior, y los liberales independientes Cecilia López, Néstor Osuna y Jorge Iván González. Días después, el canciller Álvaro Leyva fue suspendido por la Procuraduría por 10 años, en medio del ruido del contrato de pasaportes, y en su lugar se posesionó Gilberto Murillo, excandidato a la vicepresidencia de Fajardo en 2022 y exministro de Santos. Más tarde, Germán Umaña salió del de Comercio y, en medio de un zafarrancho, también su reemplazante, Luis Carlos Reyes, por denunciar intrigas del contrabandista Papá Pitufo en la Dian.

Así, el equipo ministerial quedó compuesto por petristas purasangre, como el exsindicalista Edwin Palma en Energía; Daniel Rojas Medellín, una suerte de “rey vallenato” frustrado, en Educación, y Antonio Sanguino, de periodos políticos alternados entre petrismo y antipetrismo, en representación de “los verdes” de Carlos Amaya y admirador del Che Guevara, que “sigue vivo en quienes luchamos por la justicia y la dignidad de los pueblos” (X, @AntonioSanguino, 9/10/25). También llegaron el fanático Pastor Saade; el liberal petrista Guillermo Alfonso Jaramillo, quien reemplazó a Carolina Corcho en Salud; el excamarada del M-19 Germán Ávila en Hacienda; Eduardo Montealegre en Justicia, tildado de “mercenario del derecho” por Nilson Pinilla (Blu Radio 4/6/25) y, claro, Armando Benedetti, empotrado como ministro del Interior.

Esta evolución estuvo marcada por numerosos escándalos de corrupción, como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este caso comprometió a petristas puros, como Olmedo López, Carlos Ramón González y César Manrique, los dos últimos fugitivos de la justicia, y a los exministros Velasco y Bonilla.

Fracturado y manchado, al Pacto Histórico le llegó la hora de las definiciones para 2026. Su honda división y la corruptela se combinaron con las disposiciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) del 17 de septiembre de 2025, que aprobó la fusión en el Pacto Histórico, pero de solo tres partidos, y que excluyó a Colombia Humana. Ese partido exigía en sus estatutos, para tal fin, los votos positivos de las dos terceras partes de sus 114.381 miembros, requisito que no cumplió. El CNE, asimismo, exigió resolver procesos administrativos y sancionatorios pendientes para algunas de las agrupaciones.

Dicha decisión, cinco semanas antes de la consulta del 26 de octubre, acordada por unanimidad en el CNE, indujo a las directivas del Pacto a pensar en otro medio para seleccionar el candidato presidencial. No obstante, Petro, sin respetar la prohibición de participar en política, ordenó, desde Nueva York, mantener el mecanismo.

Con dicho mandato, la baraja de aspirantes quedó reducida de nueve a tres: Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho. Pero a Quintero los procesos por corrupción que corren en su contra lo marginaron. Por ello, y a marchas forzadas, la consulta quedó avalada solo por el Polo Democrático para que el ganador participe en la escogencia del candidato del proyectado Frente Amplio en marzo próximo.

El manejo errático del Gobierno en estos tres años largos, sumado a las políticas reaccionarias, alineadas con el FMI y las instituciones multilaterales, y los tumbos para adelantar la jornada del domingo 26 de octubre –que le costará $200.000 millones a la Registraduría– presagian un sombrío resultado, más palpable todavía cuando la disputa entre Corcho y Cepeda es por ser el “Petro 2.0”. Al final, se destruirá hasta el propio petrismo, un angustioso presagio que motivó la más reciente especulación politiquera de su jefe: una constituyente sin pies, ni cabeza ni futuro.