De escándalo en escándalo

De escándalo en escándalo, el gobierno de Petro avanza hacia unas elecciones en las que busca perpetuarse como fuerza política capaz de gobernar, haciendo caso omiso de que parte de las responsabilidades de hacerse elegir es la obligación de gobernar.

Por momentos, parece que la razón de subir al poder no es mejorar la calidad de vida de los colombianos, sino una pugna personal del presidente por demostrar que su ideología vetusta, fundamentada en las ideas de revolución de los años setenta, sigue siendo relevante ante toda la evidencia en contra.

Los escándalos se cuentan semana a semana, ya no mensual o anualmente. Durante la semana pasada se destapó una pugna de poder en Ecopetrol, donde altos funcionarios de la entidad, presuntamente dirigidos desde la presidencia de la compañía, contrataron una consultoría de cinco millones de dólares con el fin de evaluar las nefastas consecuencias de la investigación de la SEC sobre el impacto negativo que podría tener en el precio de la acción el comportamiento fraudulento de sus directivos.

Pero el cuento no termina ahí: el presidente de la República, ante la noticia de que alrededor de setenta funcionarios de la empresa estaban siendo chuzados, incluyendo miembros de la junta directiva, en lugar de tomar medidas para finiquitar el escándalo, decidió burlarse de la noticia porque Ricardo Roa aparecía en la lista de chuzados y anda proponiendo que el diseñador Edwin Palma, quien no cuenta con experiencia relevante, tome las riendas de la estatal. ¡De locos!

Paralelamente, el fin de semana pasado, ante la desaparición de Gustavo Petro de los medios tradicionales y digitales, se armó un bonche de opinadores en redes sociales especulando sobre su paradero. Dejemos claro que, si no se hubiera tratado del presidente Petro, el hecho probablemente habría pasado inadvertido.

Lo que esto demuestra no es que el presidente esté siendo perseguido —como él quiso inventar, por el descubrimiento de una chatarra de misil en un predio de Bogotá con la intención de denunciar que su vida corre peligro—, sino que su actuar impredecible hace prever que cualquier ausencia suya está relacionada con las drogas y el alcohol.

Pero, como no hay pastel sin cereza, este lunes nos despertamos con la noticia de que las autoridades judiciales de Guatemala están pidiendo a la Interpol la captura de la fiscal colombiana Luz Adriana Camargo y de su jefe, por décadas, el exministro de Defensa y hoy embajador en el Vaticano, Iván Velásquez.

Aunque se trata presuntamente de una venganza del establecimiento chapín por el rol de estos funcionarios en actividades de lucha anticorrupción, no deja de sorprender que prácticamente todos los funcionarios de alto nivel del gobierno de Petro estén involucrados en escándalos de corrupción.

Lo preocupante de esta situación es que la fiscal Camargo no está exenta de escándalos, lo que parece indicar una manipulación de los procesos internos de la Fiscalía, orientada a dejar en libertad a los allegados del presidente.

En el caso de la UNGRD, la fiscal acaba de mentir abiertamente en medios, evadiendo su responsabilidad en acciones que buscan la impunidad de altos funcionarios del gobierno. En otros casos, como los de Nicolás Petro, Armando Benedetti, Laura Sarabia, la hidroeléctrica de Urrá y otros, no se observa avance alguno en las investigaciones, mientras los presuntos delincuentes continúan en libertad.

Por último, también en la misma semana, el ministro de Hacienda anunció que incrementará la retención en la fuente, en lo que claramente es un impuesto a los colombianos que cada vez se asemeja más a la desafortunada renta presuntiva. El gobierno se gastó toda la plata y ahora quiere sacarnos más del bolsillo, mientras el nivel de endeudamiento público alcanza máximos históricos. Ojalá que el tema de discusión del día a día no sean los escándalos del presidente y su gabinete, sino justamente lo que no he mencionado en esta columna: cómo mejorar el nivel de vida de los colombianos.