De líder mundial a lunático mental

Las reiteradas advertencias en torno al estado de salud mental del presidente de Colombia han alcanzado su punto más extremo, pues es evidente que Petro ha perdido la conciencia plena de sus actos y declaraciones, y el mandatario actúa con una alarmante desconexión respecto a las consecuencias jurídicas, diplomáticas y sociales de sus cada vez más ridículos pronunciamientos e infundadas narrativas. La Casa de Nariño, otrora símbolo de liderazgo y mesura institucional, parece hoy el albergue de un chiflado que arriesga el bienestar general por su egoísmo crónico e invencible obstinación, que fractura, de paso, todo orden político y estabilidad económica del país.

En el ámbito internacional, Colombia atraviesa con Estados Unidos la crisis diplomática más grave de su historia. Lo inverosímil es que esta crisis ha sido fruto de la irresponsabilidad del presidente de la República, quien, desde una concepción errónea de la soberanía, pretende desligar al país de la cooperación con nuestro mayor socio comercial.

El actual desgobierno carece de una visión de Estado. Sus acciones evidencian un desconocimiento estructural de los principios de gobernabilidad, al anteponer la narrativa a la técnica y los sesgos ideológicos a la deliberación democrática. Resulta preocupante que, ante la inminente debacle del proyecto político de la izquierda radical de Petro y sus camaradas, se prefiera la destrucción institucional y la implosión de los cimientos republicanos, con el claro propósito de justificar su fracaso mediante la creación de un escenario de caos que facilite una futura oposición basada en la victimización y en el estribillo del “golpe blando” y el “no dejaron avanzar el gobierno del cambio”.

La reciente entrevista concedida por el presidente a Daniel Coronell constituye una prueba irrefutable de su desconexión con la realidad política y económica del país. Sus afirmaciones revelan una percepción distorsionada del ejercicio del poder, en la que prima la voluntad personal sobre el orden jurídico y constitucional. El “aquí se hace lo que yo diga” se convierte en la consigna de un gobierno que desprecia la separación de poderes, la institucionalidad democrática y el bienestar ciudadano.

Resulta burlesco que el mandatario pretenda erigirse en juez de la política internacional, exigiendo sanción o destitución de Trump, mientras se niega a reconocer el robo de las elecciones en Venezuela y acusa de “golpe de Estado” cualquier intento interno de control político o judicial sobre su gestión. Esta doble moral diplomática se hace evidente en su abierta injerencia en asuntos de otras naciones, condenando a quienes respaldan al Gobierno estadounidense mientras justifica y ampara regímenes narcoterroristas como el de Nicolás Maduro, oponiéndose a la seguridad internacional y respaldando a un prófugo de la justicia.

El problema no solo radica en el plano exterior. En el ámbito interno, el Ejecutivo ha emprendido una campaña sistemática de ataque contra las instituciones. Se ha deslegitimado al Congreso de la República, se ha cuestionado la independencia de la Rama Judicial y se ha estigmatizado a toda voz opositora como “enemiga del cambio”. Todo esto configura un preocupante debilitamiento del Estado de derecho, un atentado directo contra el principio de separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, base esencial de cualquier democracia constitucional.

Recientemente, el presidente ha arremetido una vez más contra las decisiones judiciales, al mostrar su inconformidad con la ponencia de la reforma pensional del magistrado Ibáñez y arreciar, junto a sus bodegas, con ataques personales en contra del togado. La misma Corte Constitucional, blanco constante de sus ataques, le ordenó al Gobierno —que fuera apoyado por colectivo feminista— retractarse de sus afirmaciones contra la prensa libre ejercida por mujeres, cuando las deshonró llamándolas “muñecas de la mafia”, y ni qué decir de la reacción colérica ante la esperada y legítima decisión de absolución e indiscutible inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Que lo sepan los seguidores de la izquierda radical y de los proyectos que han empobrecido al país, de Latinoamérica y el mundo, que las instituciones de Colombia están firmes y no dan un paso atrás en la defensa de nuestro modelo de Estado social y democrático del derecho, plasmado en nuestra Constitución. Se les acabó el discurso, pretendieron hacer política con un fallo apócrifo y en ello también fracasaron. Uribe es inocente y esta emblemática decisión está muy por encima de los rastreros deseos de los políticos fracasados y activistas de izquierda, cuya vida solo ha orbitado bajo la sombra del icónico expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Petro, ya tus convocatorias a una asamblea constituyente son solo los delirios de destrucción, caos y vandalismo de quien, en su imaginario, pretende ser un líder mundial y no es más que un lamentable lunático mental. El 2026 nos llena de esperanza en la reconstrucción de nuestra amada Colombia.