Debacle anunciada (o la crisis explícita)

La echada a gorrazos del interventor de la Nueva EPS, nombrado —supuestamente— para enderezar la entidad y dar “mejor salud a los afiliados”, parece el capítulo final de una ópera bufa. En realidad, es el segundo capítulo de la tragedia que se inició con la inducción de la “crisis explícita” necesaria para que la “sociedad entienda que se necesita la transformación” y posibilitar una “propuesta alternativa para el cambio del sistema de salud”.

Las razones esgrimidas por el Gobierno en la resolución de remoción del Dr. Julio Alberto Rincón, más allá de cualquier responsabilidad personal, son supremamente graves. Los efectos generados no solamente involucran la gestión del interventor, sino que implican la falta de gestión en la Superintendencia Nacional de Salud, que ha empujado a la crisis al sistema de salud. No se puede soslayar la responsabilidad política cuando buscó controlar el aseguramiento, a través de la intervención de siete EPS, con más de 30 millones de afiliados.

Es inconcebible que la gestión de la interventoría de la Nueva EPS haya tenido que terminarse por su imposibilidad para asegurar una mínima “confiabilidad y razonabilidad de la información financiera”, que existan fallas en la facturación que impidan su confiabilidad y que tampoco se pueda establecer el estado de los pagos a las clínicas y hospitales que conforman su red. La intervención de la Nueva EPS condujo a un fallo generalizado de la entidad. No ha reportado información de estados financieros desde marzo de 2024, no tiene claro cuánto factura, qué ha pagado y, por extensión, desconoce el monto de la deuda.

Existen algunas pistas para reconstruir lo que puede estar sucediendo. El interventor saliente reconoció en el Congreso de la República que la Nueva EPS acreditaba —a la fecha— una siniestralidad del 125 %. En plata blanca, acumuló durante 2024 un hueco del 25 % por encima de lo que ha recibido por cuenta de la UPC girada el Gobierno. Pesos más, pesos menos, significa que en lo corrido del año la entidad acumuló un hueco de ¡cuatro billones de pesos! Saltan a la vista dos conclusiones: 1. La UPC es insuficiente para la EPS más grande del país y 2. Contradice el argumento repetido por el también defenestrado superintendente que aquí la plata de la salud era suficiente.

Las fallas en la información financiera de la Nueva EPS son gravísimas. La Superintendencia reconoce que, durante cuatro meses, no ha tenido la posibilidad de hacer seguimiento a la intervención por causa de la reticencia de la interventoría a presentar tanto la línea de base de arranque del proceso de la intervención, como la información necesaria para hacer el respectivo seguimiento. Es decir, el supervisor andaba a oscuras de lo que ocurría al interior de la entidad.

También desmiente la narrativa —empujada por los bodegueros de cabecera— que las EPS derrocharon las inversiones que soportaban las reservas técnicas. Simplemente la plata no alcanza para cubrir los gastos en salud y el gasto médico se ha venido comiendo cada recurso destinado a soportar dichas reservas, lo cual se agravó en 2023 con una fijación deficitaria de la UPC de 2023 y las demoras en pagar los presupuestos máximos —los gastos que no se incluyen en la UPC—. La propia Contraloría General de la República, en su último informe de auditoría, ya había sacado las manos del asador cuando expresó que la SuperSalud no contaba con la información necesaria para realizar una estructura contable que permitiera analizar el uso de las reservas.

Esto ha hecho que los pacientes estén sufriendo, en carne propia, la situación a que se ha llevado al aseguramiento en salud. La resolución reconoció que la tasa de quejas y reclamaciones por servicios no cubiertos (o de baja calidad) crecieron 12,9 % frente al año anterior, entre los afiliados al régimen subsidiado y 26,5 % en el régimen contributivo. Las tutelas en contra de la Nueva EPS se incrementaron 40 %. Adicionalmente, el subabastecimiento de medicamentos está afectando el bolsillo de las familias colombianas.

¿Quién responde ahora por la salud de los 34 millones de colombianos que están hoy en EPS intervenidas? ¿Por qué se cambiaron todos los interventores? ¿Es un tema netamente político o en las demás EPS también hay deficiencias como las evidenciadas en la Nueva EPS? ¿Cuál es la relación entre las denuncias sobre intermediaciones en los pagos a prestadores y el cambio de interventores?

Los perfiles de las personas que entran como nuevos interventores generan mucha preocupación. En su mayoría no cuentan con la experiencia y el reconocimiento para un asunto tan especializado como lo es manejar un asegurador y, lo peor, se está jugando con la salud y la vida de millones de colombianos.

La realidad fáctica demuestra la evidente incapacidad gubernamental para entender y manejar la salud de los colombianos. Hay bastante resistencia a aceptar que manejar el aseguramiento social no es solo comprar y vender servicios. Mahatma Gandhi decía que “la verdadera riqueza es la salud”. Pero, por el camino que nos han llevado, solamente nos conducen a una mayor pobreza y ruina de las familias, siendo las últimas fichas de dominó que restan por caer.