Derechos humanos: ¿depende de quién?

Llama poderosamente la atención el notorio silencio de tantos activistas de derechos humanos y tantos centros de estudios de derecho, justicia y sociedad sobre el matoneo al cual fue sometida, en días pasados y en inmediaciones de su domicilio, la presidenta de la Comisión Séptima del Senado de la República junto con su hijo de tres años. Parece que los derechos humanos también tienen ideología y solamente se promueven y defienden en el “Sur Global (sic)”. Los que no hacen parte de las narrativas progresistas tienen, al parecer, diferentes derechos.

Son deplorables las expresiones que, frente al hecho, lanzó públicamente el representante a la cámara —sí, así con minúscula— Jairo Ocampo, quien justificó el amedrentamiento en la narrativa usual de supuestos vínculos políticos de su padre. Afirmaciones que el señor Ocampo debería comprobar antes de rozar la injuria y la difamación. En Colombia, ya las justificaciones de la izquierda radical presumen toda la validez, mientras olvidan las muertes, los secuestros y las violaciones que desde esa izquierda armada sembraron el terror, por décadas, en muchas zonas de nuestro país.

Pero aún peor es la revictimización que hace el presidente, con la que les asignó a los congresistas la responsabilidad de “responder al pueblo” donde y cuando el pueblo lo disponga. Es decir, que el espacio del Congreso de la República se extiende a los domicilios de los congresistas y a los tiempos que “el pueblo” disponga. Ni siquiera una mención a quién organizó la protesta, quién la financió y cómo se decidió hacer el hostigamiento.

La Constitución Nacional, en su artículo 15, es absolutamente clara: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”. A la senadora Blel se le irrespetó su derecho a la intimidad y se le puso en una situación de vulnerabilidad como ciudadana y como mujer. Igualmente, es clara la afectación de los derechos de los menores. Eso es totalmente inaceptable. Y es el presidente quien tiene la obligación de proteger el derecho a la intimidad de los ciudadanos, no solo a exigirlo para sí y sus allegados.

Pero, además, es un precedente muy peligroso. Colombia está ad portas de una muy compleja campaña electoral. La actitud del gobierno de evadir su obligación en defender el derecho a la intimidad de las personas con notoriedad pública y justificar —desde lo político— las afectaciones de la intimidad, constituyen un peligrosísimo llamado a la violencia política. Más grave aún dados los antecedentes de personas con precedentes supremamente violentos, como los llamados de la primera línea, cuya capacidad de generar violencia y daño a las personas ha sido ya comprobada por la sociedad.

Los colombianos no podemos quedarnos impávidos ante este tipo de situaciones. Hay que frenarlas tajantemente y a tiempo. No se puede permitir una campaña electoral en la que los violentos dominen los escenarios públicos. Es necesario denunciar, por encima de todo, a quienes organizan y promueven dichos desafueros.

Parece que también debemos identificar y hacer públicos los silencios de aquellas personas y organismos que se han tomado la misión y se promueven como organizaciones que dicen defender los derechos humanos, pero que simplemente actúan como organizaciones políticas. Estas personas y organizaciones ya han venido sumando muchos silencios, incluyendo las casi ausentes denuncias sobre los asesinatos de los líderes sociales, que se han observado, según el pelambre ideológico del gobierno de turno.

La polarización política que atravesamos ya es, de hecho, muy grave para nuestra sociedad. Pero aún más grave es que se traslade al ámbito de la protección de las personas y se justifique desde quienes controlan las Fuerzas Armadas y el aparato de policía de nuestro país.