OPINIÓN
El anónimo, el allanamiento y la calladita
Nadie sabe por qué el buen samaritano escogió como destinataria justamente a la magistrada cuestionada.
La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia separó a la magistrada Cristina Lombana del proceso que sigue contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno y manipulación de testigos. La razón es una incompatibilidad legal: la magistrada Lombana fue elegida y ejerció como miembro de la Corte Suprema de Justicia siendo mayor del Ejército. La ley señala que ningún miembro activo de la fuerza pública puede ejercer cargos en la rama judicial. Por otro lado existe una inhabilidad permanente: como militar ha sido subordinada del expresidente Uribe, que en esa condición era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
La magistrada Lombana tratando de recuperar sus funciones interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado en la que afirma “con su decisión la Sala Especial de Instrucción pone en entredicho mi imparcialidad, mi independencia, buen juicio, compromiso con la justicia, decoro, ética, rigurosidad y honestidad”.
El Consejo de Estado resolvió la tutela ratificando que la señora magistrada debía apartarse del caso Uribe. Es más, debería alejarse de cualquier caso que implicara al expresidente por las mismas razones. Sin embargo la magistrada siempre encuentra un caminito para terminar a cargo de expedientes en los que tiene que ver el expresidente.
La más reciente oportunidad le llegó el 17 de diciembre pasado a las 4:32 de la tarde en forma de correo electrónico anónimo pero curiosamente dirigido al e-mail institucional de la doctora Lombana en la Corte Suprema de Justicia.
La comunicación asegura que “El sr Uribe Vélez no solo se benefició con las interceptaciones ilegales del hacker. Durante este año varias unidades de inteligencia y contrainteligencia militar se han dedicado a usar sus capacidades para realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones cuyo destinatario de esas acciones al margen de la ley es el sr Uribe Vélez”.
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El remitente afirma que “las víctimas de estas acciones incluyen senadores, representantes, magistrados, periodistas y generales”(…)“Por medio de equipos tácticos y el uso de herramientas de informática se chuzan líneas telefónicas y se obtiene información de correos y washup (sic) de los blancos. Parte de esta información llega a manos del sr Uribe Vélez”.
Luego señala con nombres propios a algunos oficiales y suboficiales supuestamente comprometidos en los hechos: “En esto están inculcradas (sic) los siguientes militares:
*TC Milton Rozo
**MY Eduardo de la torre
*** SV Helman Morales
*** SV Carlos Jaramillo
*** SV Pedro Lagos
**** SS Mario Sánchez”
La comunicación también da el nombre de seis oficiales y un suboficial dispuestos a entregar información sobre esas chuzadas.
Nadie sabe por qué el buen samaritano escogió como destinataria justamente a la magistrada cuestionada. Tampoco el día, 17 de diciembre de 2019, en medio de las fiestas y a tres días del inicio de la vacancia judicial. Menos aún la hora, 4:32 de la tarde a 28 minutos de la finalización de la jornada laboral.
Nadie sabe por qué el buen samaritano escogió como destinataria justamente a la magistrada cuestionada.
Más curioso resulta que la magistrada parece haber estado pegada a su correo electrónico esperando la comunicación. Minutos después de haber recibido el anónimo expidió órdenes a la Policía Judicial sobre el caso. La prueba está en un documento firmado por la magistrada Lombana y revelado por Noticias Uno:
“Con auto del 17 de diciembre de la presente anualidad se ordenó a Policía Judicial DIJIN verificar la existencia y ubicación de las tres unidades orgánicas de inteligencia”.
La pesquisa continuó a toda carrera. Al día siguiente, 18 de diciembre, la magistrada ordenó el allanamiento al batallón de ciberdefensa de Facatativá que debía ser efectuado ese mismo día: “Se ordena la diligencia para el 18 de diciembre de 2019, a partir de las 2 p.m.”.
Una persona presente en la diligencia me dijo que los posibles testigos fueron abordados por la magistrada de manera tan áspera que varios de ellos terminaron persuadidos de que era mejor no hablar.
Poco después, y en cumplimiento de las normas procesales, un abogado de la oficina del defensor de Álvaro Uribe, Jaime Granados –donde hace años trabajó la magistrada Cristina Lombana– fue informado del resultado del allanamiento, del contenido de la comunicación y de la identidad de los potenciales informantes.
* Teniente Coronel: TC
** Mayor: MY
*** Sargento Viceprimero: SV
**** Sargento Segundo: SS
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