El cariño por el delito

Quien apoya abiertamente y sin tapujos a los delincuentes es un criminal. Y, por eso, hay que dejar claro que este Gobierno, que apoya delincuentes, es criminal.

Ya lo había advertido el presidente Petro en una alocución que fue motivo de carcajadas a nivel mundial: “Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana, que hoy en día se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá por definición menos crimen”. Esta expresión del presidente, que causó estallidos de risa y burla a nivel mundial, es hoy mucho más preocupante que en su momento, ya que Petro, aunque sea difícil de creer, lo decía en serio.

Hoy en día, se puede decir sin tapujos que la delincuencia se está viendo beneficiada por el Gobierno nacional. Primero, el colectivo delincuencial más fuerte que hay hoy en el país, los grupos al margen de la ley conformados por guerrilla y paramilitares, hace de las suyas a sus amplias a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Para lograrlo se juntan dos factores que dependen directamente del Gobierno, la permisividad con las fuentes de financiamiento de estos grupos y el debilitamiento adrede de las fuerzas del orden.

Desde el punto de vista del financiamiento, el Gobierno ha hecho la vista gorda al incremento de la producción de cocaína, la cual está en máximos históricos, vendiéndonos en cada ocasión que puede las incautaciones del alcaloide que logra. Pero seamos claros, lo que importa no es la droga que se incauta, sino la droga que se produce y no se logra interceptar, la cual está disparada.

La consecuencia de este apoyo oficial a la delincuencia ha ido en paralelo con las múltiples manifestaciones del presidente colombiano en las cuales banaliza el problema de la producción de la cocaína como si hiciera menos daño que el alcohol y sus pedidos periódicos de legalización de esta. La estrategia ya mencionada de cambiarle el nombre a los delitos para que no sean delitos.

El debilitamiento de las Fuerzas Armadas y de Policía es evidente. Desde la remoción de los generales y oficiales con experiencia como uno de sus primeros actos de Gobierno, el presupuesto del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional para 2024 fue de 53 billones de pesos, un aumento del 3,8 % respecto a 2023; lo que apenas compensa la inflación sin atender las crecientes necesidades operativas, mientras el presupuesto de gasto público creció 18.9 %.

Para 2025, la situación es aún más grave, dado que el Gobierno congeló $ 279.000 millones en fondos clave para operaciones estratégicas en territorios afectados por la presencia de grupos armados ilegales.

El recorte presupuestal generó serias deficiencias operativas que se manifiestan en el mantenimiento insuficiente de helicópteros y menor disponibilidad de aeronaves, con su correspondiente reducción en la movilidad de tropas y operaciones aéreas. El faltante también se manifiesta en una limitación de la capacidad de reacción ante emergencias de seguridad y en un déficit en equipamiento de la Policía, que afecta la protección ciudadana en zonas urbanas y rurales. El Catatumbo, donde el Gobierno no ha retomado el control territorial que le rapó el ELN, es testimonio del despeño del Gobierno en la seguridad nacional.

No nos olvidemos, por otro lado, de que el Gobierno ha hecho lo imposible para despenalizar, por medio de iniciativas legislativas, los excesos de la protesta social que vivimos en el estallido. Combatir el delito tal como está definido en la Constitución y las leyes no es prioridad del Gobierno. Y esa actitud, independientemente que se judicialice o no por parte de los organismos de control y el sistema judicial, es criminal.