El caso Uribe: la justicia al banquillo

En el juicio del expresidente Uribe ha pasado algo inesperado: para la opinión pública es ahora la justicia la que está en el banquillo, no el acusado. Solo en los últimos ocho días hemos visto que los testigos Monsalve, Cepeda y Deyanira Gómez, han sufrido una pérdida irreparable de su memoria. Cepeda hace señas a Deyanira para que las versiones cuadren; Deyanira tapa su cámara en plena deposición, Monsalve voltea a mirar ansioso a un guardián del Inpec ubicado cerca a él, que saca un celular al cual ha llegado un mensaje para transmitirle, pero cuando no le pueden soplar y la memoria vuelve, mete la pata y reconoce que la magistrada Sandra Yepes sabía de la existencia del reloj espía antes de que fuera entregado a la Corte Suprema como supuesta prueba, algo que la magistrada oculto. Y súmele el comportamiento de la fiscal y la juez: la primera deja caer furtivamente un papel que recoge el abogado de Monsalve, y la segunda le impone un ritmo frenético al proceso, violando permanentemente las garantías del acusado para agotar un trámite que se interpone en su decisión ya dictada por sus prejuicios políticos de un fallo condenatorio. Y todo esto ha quedado en cámara. Un montaje grotesco, un espectáculo bochornoso.

Un párrafo es insuficiente para resumir las irregularidades de 8 días de proceso. Para relatar todas las que han ocurrido en los años que lleva, desde que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se coludieron con Iván Cepeda para sacar del juego político al expresidente Uribe, se necesitarían tomos completos. Ya es muy claro que en este juicio no se pudo demostrar la culpabilidad del expresidente Uribe, por la simple razón de que no hay una sola prueba que lo incrimine. Sin embargo, lo que sí se ha podido demostrar con suficientes pruebas es el nivel de corrupción al que ha llegado nuestra justicia.

Es tan burdo el montaje, y tan palmaria la ausencia de pruebas, que no existe ni siquiera una duda que pudiera llevar a sectores diferentes a los ya radicales de izquierda a sospechar la culpabilidad del expresidente Uribe. Por eso, un fallo condenatorio no le hará mella a su imagen política, de la misma manera como la condena proferida por la espuria justicia venezolana a la también jefe de la oposición, María Corina Machado, no menoscabo la suya. Al contrario, las injusticias crecen sus figuras. Mala noticia para el Gobierno Petro, que se aferra al clavo caliente de la condena de Uribe para mitigar ante la opinión el estruendoso fracaso de su gobierno. Si condenan a Uribe el daño es para Colombia, y es muy grave.

Una condena al jefe de la oposición sin pruebas nos dejaría como un país paria: la solidez de las instituciones, especialmente de justicia, es clave para la inversión extranjera: nadie arriesga su dinero donde la justicia puede ser manipulada a esos niveles. Por eso, extraña el silencio de los gremios económicos ante lo que esta pasando.

Una condena acabaría de deteriorar el principio de igualdad más sagrado, que es aquel de la igualdad de todos ante la ley: ya no serían solo los criminales de lesa humanidad impunes haciendo leyes en el Congreso, o el hijo del presidente, confeso delincuente, impune también por su condición de poder, sino ahora un expresidente inocente condenado por razones políticas. Por eso la más afectada es la propia justicia, que observa atónita cómo unas manzanas podridas envilecen su majestad.

Ya es hora de que la justicia defienda sus fueros y se manifieste. En España el fiscal general esta inmerso en un escándalo por perseguir a una líder de la oposición con filtraciones, y ya salieron asociaciones de fiscales a pedirle la dimisión. En Colombia, exmagistrados, exfiscales y facultades de derecho están en mora de hacer lo propio con quienes llevan este caso. La majestad de la justicia no puede ser la excusa para callar, al contrario, esa es precisamente la razón para alzar la voz.

Una condena acabaría por embarrar aún más la cancha del juego político. Por eso todos los actores políticos, y de todos los partidos, que crean en la democracia, se deben pronunciar. ¿O será que son tan ingenuos como para creer que si condenan a Uribe no quedara de esa justicia para ellos también?

Y los ciudadanos todos debemos igualmente actuar en nuestros círculos de influencia, creando conciencia y protestando contra la destrucción, a la vista de todos, del bien público más sagrado que tiene toda sociedad: la justicia.