El Catatumbo

La compleja situación social, económica y de seguridad que enfrenta actualmente el Catatumbo no es una problemática atribuible únicamente al gobierno actual. Se trata, más bien, del resultado histórico de un abandono sistemático por parte de múltiples administraciones y de la institucionalidad en general. Esta ausencia del Estado ha sido aprovechada por grupos insurgentes y organizaciones al margen de la ley, que, debido a la ubicación estratégica de la región, han consolidado su presencia y operatividad en el territorio.

Lo que los colombianos no podemos ignorar es la manera en que el actual gobierno, amparado en la grave crisis de orden público en el Catatumbo, está ejecutando una estrategia que, como ya he señalado en columnas anteriores, parece tener un claro componente binacional. No tengo dudas de que esta estrategia cuenta con el aval del dictador Nicolás Maduro y la alianza con su nuevo socio, el ELN, así como con la complacencia del presidente Gustavo Petro y su Gobierno. A través de la fallida política de paz total, se ha permitido que estos actores se apropien de la región, allanando el camino para la implementación de una legislación y política binacional especial. Existen múltiples razones que sustentan esta afirmación, las cuales desarrollaré a lo largo de esta columna.

La principal y más preocupante amenaza en el Catatumbo es el ELN, una organización criminal y narcotraficante de carácter binacional que ha asumido el rol de autoridad fronteriza con el respaldo de Nicolás Maduro y sus Fuerzas Militares. Su objetivo ha sido claro: fortalecer el funcionamiento del cartel de los Soles como socio estratégico, facilitando el cultivo y la producción de cocaína en Colombia y su exportación desde territorio venezolano.

En los últimos cuatro años, esta guerrilla se ha consolidado en el Catatumbo tras una guerra sangrienta contra el antiguo EPL y las disidencias de las Farc. Esta expansión ha coincidido con el proceso de paz total en Colombia, permitiéndole transformarse no solo en una organización guerrillera, sino en un poderoso cartel narcotraficante con control absoluto en la región y en los territorios fronterizos de Táchira y Zulia en Venezuela.

El presidente Gustavo Petro ha sabido aprovechar esta dinámica a su favor. Ante la guerra territorial entre el ELN y las disidencias— ambos actores que han formado parte de su fracasada política de paz—, el Gobierno ha utilizado el deterioro de la gobernabilidad en estas zonas como justificación para ceder el control territorial a los grupos armados. Con ello, ha allanado el camino para decretar estados de conmoción interior en distintas regiones, lo que le permitiría gobernar con mayor discrecionalidad y aprobar medidas que no ha logrado viabilizar en el Congreso. A la vez, busca fortalecer su posición política de cara al 2026.

Es por este motivo que no sería sorprendente que en los próximos días el presidente decrete la conmoción interior en zonas como el Cañón del Micay, Chocó y Arauca, donde sus antiguos aliados de la paz total han tomado el control. Esto ha sido consecuencia de la drástica reducción de la presencia militar en estas regiones, una decisión que ha debilitado gravemente la seguridad nacional.

El nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa parece formar parte de una estrategia para dar la impresión de un intento de recuperación de la autoridad en estos territorios. No obstante, revertir la pérdida de más de 20 años de trabajo de las Fuerzas Militares y la Policía es una tarea prácticamente imposible en las condiciones actuales. Es probable que, cuando la situación siga deteriorándose, el Gobierno termine responsabilizando a las fuerzas de seguridad por los fracasos en la lucha contra estas organizaciones criminales.

Tal como ocurrió en El Plateado, este escenario podría convertirse en la nueva realidad cotidiana para los colombianos y, especialmente, para los miembros de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, quienes hoy se encuentran con una capacidad de reacción cada vez más limitada ante el avance del crimen organizado.

Regresemos al Catatumbo. No hay duda de que existe un acuerdo explícito entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro para la creación de una zona binacional. Esta idea no es nueva; surgió en 2022 cuando Petro la propuso a Maduro— hoy dictador— como una “zona económica especial”, propuesta que él mismo ratificó en septiembre de 2024.

Curiosamente, la semana pasada, el presidente Petro, desde Tibú, afirmó: “Voy a hablar con Maduro a ver si construimos la zona económica”, con base en las medidas incluidas en el estado de conmoción interior. Además, aprovechó para presionar a la Corte Constitucional, insinuando que, si tumba los decretos de conmoción interior, no podrá avanzar en la construcción de carreteras ni en la política de erradicación de cultivos ilícitos.

Sin embargo, esta política de erradicación está destinada al fracaso, y tanto el ELN como los carteles de México y el cartel de los Soles lo saben. La razón es sencilla: en la zona, los raspachines reciben alrededor de 1.000 pesos por kilo de hoja de coca, lo que les genera ingresos diarios de entre 40.000 y 100.000 pesos.

En contraste, el Gobierno pretende combatir esta economía ilegal con un programa de erradicación que ofrece menos de un salario mínimo al mes, creyendo ingenuamente que podrá eliminar 25.000 de las 55.000 hectáreas sembradas en el año y medio que le queda de mandato. Esto es prácticamente imposible, ya que los grupos al margen de la ley no permitirán que ocurra, como ya se ha visto en zonas como El Plateado, en el Cañón del Micay.

La creación de esta Zona Económica Especial (ZEE) es, en realidad, una estrategia geopolítica para establecer una región binacional independiente, probablemente como parte de un acuerdo de paz con el ELN.

Su verdadero propósito es consolidar un territorio similar a Gaza, que fortalezca políticamente tanto a Petro como a Maduro, así como a la guerrilla, dado su escaso respaldo interno. Con esta maniobra, ambos gobiernos, cuyos días en el poder están contados, buscan garantizar un espacio donde puedan continuar ejerciendo influencia y control bajo el pretexto de un desarrollo económico especial.