El Chocorramo y los senadores

Es paradójico que en la misma semana que se anuncia que a los colombianos el Gobierno del “cambio” les va a subir los impuestos, el salario de los padres de la patria aumente 2,61 por ciento, es decir, 898.313 pesos, para quedar en un total de 35.316.450 pesos mensuales.

Los congresistas siempre caen parados sobre los hombros de los colombianos, que, a punta de trabajo, les pagan sus privilegios como esquemas de seguridad, planes de telefonía celular, equipos de trabajo, viajes y, por supuesto, el salario.

En cuatro años, solo el salario de los congresistas costará 500.000 millones de pesos. Es decir, una cuarta parte de lo que se pretende recoger con el impuesto que le van a poner a los Chocorramos, los helados, salchichones y papas fritas.

En la bancada del “cambio”, muchos tiktokers, youtubers e influenciadores que saltaron de Twitter a ocupar una curul en el Congreso prometieron que harían todo lo posible por bajarles el salario a los congresistas. Pero la sorpresa llegó a los primeros días de haberse posesionado, cuando el senador Gustavo Bolívar informó con alegría y pesar que lo iban a hacer, pero que había que esperar hasta el año 2026. El argumento es que el Estado podría recibir demandas porque un congresista, al hacer campaña con base en el salario que pretendía ganar, adquiere deudas y un cambio en ese sentido es desmejorar las condiciones del cargo al que aspiró.

A los congresistas como Bolívar, parece que se les olvida que del bolsillo de los colombianos también sale la reposición de votos que se les hace a todos los candidatos que logran pasar el umbral.

Lo cierto es que los senadores y representantes hoy en día ganan 34,4 veces más que cualquier colombiano. En medio de la desesperanza, apareció el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández, un bumangués que a punta de ventas ambulantes y berraquerra llegó al Congreso a defender los derechos de las poblaciones más vulnerables. Él, también un youtuber, desde 2010 se dedicó a hacer control político y hoy tiene a sus compañeros contra las cuerdas.

Jota Pe le contó al país que el salario de los congresistas se divide en tres rubros: una asignación básica de 8.539.197 pesos, gastos de representación por 15.180.000 pesos y una prima de servicios de 11.596.448 pesos. Su proyecto de ley consiste en reformar la ley 4 y eliminar la prima de servicios, que fue asignada por decreto, y en envase de mermelada, por el expresidente Juan Manuel Santos, en pleno proceso de paz con las Farc.

Apuntar a modificar los salarios por el camino de la ley 4 ahorra el tortuoso camino de hacerlo por la vía constitucional, que tantas derrotas le ha causado a la “intención” de muchos congresistas los últimos 22 años.

Lo más contradictorio es que, al parecer, hay varios senadores “progres” muy molestos con la iniciativa de Jota Pe, y se niegan a firmar la iniciativa, que hoy es pública en los medios de comunicación y tiene la atención millones de ciudadanos.

Mientras esto sucede, en el Congreso tramitan a toda máquina la reforma tributaria que le quitará las exenciones tributarias a la clase media y a los que tienen ingresos por más de 10 millones de pesos, considerados como multimillonarios en el Gobierno del “cambio”. Esto ha generado pánico porque significa que ¿no habrá deducciones por aporte a salud privada, pago de colegios para la educación de los niños y pago de deuda de vivienda? De ser así, será un duro golpe que desconoce los enormes esfuerzos de las familias colombianas que están lejos de devengar un salario como el de los congresistas.

En el Congreso están preocupados. Varios senadores han regañado al primíparo Jota Pe llamándolo demagogo. Lo más curioso es que los partidos tradicionales como el Centro Democrático, Liberal, Colombia Justa Libres, fueron los primeros en firmar el proyecto para lograr la disminución.

La ‘lista Jota Pe’ de los congresistas que aprueben disminuirse su salario es un asunto de interés nacional y debería convocar a la sociedad civil para exigir el desmonte de los privilegios de una clase política que lleva años sentada en sus curules, saltando de Gobierno en Gobierno y viviendo del presupuesto público.

O si no, que lo digan los feudos políticos, es decir, las familias conformadas por progresistas que hoy quedan exonerados de los pecados que ellos señalaron en otros, en el pasado. Y me refiero, por supuesto, al feudo de Angélica Lozano y su esposa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que impulsaron la consulta anticorrupción, que costó 300.000 millones de pesos y cuya exigencia ciudadana principal era la reducción del salario de los congresistas. ¿Y qué lograron en ese aspecto? Nada. Miento: la alcaldía de Bogotá y otra vez la curul en el Congreso.

Otro feudo es el de las hermanas Pizarro, María José en el Senado y Mar en la Cámara de Representantes. Y el feudo de Roy Barreras, él en el senado y su exesposa en la Cámara.

¡Ay! Los políticos son muy de buenas y saben vivir a costillas de los ciudadanos, que ahora ni podrán comerse un helado, una tarde de domingo, en paz.