El colapso del sistema de salud: nos están matando

En lo que parecía un esfuerzo por mejorar el acceso a la salud para los colombianos, el gobierno de Gustavo Petro, lejos de ofrecer soluciones, ha causado un colapso total en el sistema de salud, sumiendo al país en una crisis humanitaria sin precedentes. Ahora sí podemos decir: nos están matando. La intervención de más de seis EPS, entre ellas la Nueva EPS, es un claro reflejo de la incompetencia y falta de dirección del gobierno, de su hoy ministro de Salud y de su exministra Carolina Corcho, quien en su mandato contribuyó de manera directa a la asfixia del sistema. La idea de dejar sin oxígeno al sistema es lograr estatizarlo y llevarnos de nuevo al fracasado Seguro Social, retrocediendo el avance en más de 30 años. Quieren manejar los recursos a su antojo, abriendo un foco de corrupción aún más grande para repartírselos entre los politiqueros.

Es innegable que el gobierno tiene una agenda oculta: expropiar. Pretenden que los gestores farmacéuticos distribuyan medicamentos a las EPS intervenidas por ellos mismos sin que estas se pongan al día en la deuda, que asciende a cuatro billones de pesos (de acuerdo con información entregada por Audifarma). Es decir, quieren que los medicamentos se entreguen sin que se les pague a quienes los proveen. Esta estrategia no solo es insostenible, sino también peligrosa. Al no pagarles a los operadores logísticos, la deuda con los laboratorios sigue creciendo, arrastrando consigo a miles de colombianos que dependen de estos medicamentos para sobrevivir.

Lo más alarmante es que mientras esto ocurre, los testimonios de ciudadanos afectados son desgarradores. En Cali, por ejemplo, las largas filas en los dispensarios de la Nueva EPS siguen siendo una constante. La tragedia de una señora enferma de cáncer, a quien le están haciendo quimioterapia y que lleva tres meses sin recibir los medicamentos esenciales para su tratamiento, es solo uno de los muchos casos que se repiten en todo el país. ¿Es este el tipo de nación que queremos? ¿Donde los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, sufren las consecuencias de un gobierno incapaz de garantizar lo más básico: su derecho a la salud?

Lo que este gobierno está cometiendo no es solo un error administrativo. Es un crimen de lesa humanidad. Al intervenir las EPS sin tener un plan claro y viable, y al generar una deuda impagable, están condenando a millones de colombianos a vivir con la incertidumbre de no saber si podrán acceder a los tratamientos médicos que necesitan para sobrevivir. Esto es una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de aquellos que luchan contra enfermedades graves.

La Corte Constitucional ya obligó al gobierno a recalcular la UPC (Unidad de Pago por Capitación), la cual se utiliza para financiar el sistema de salud y garantizar que cada ciudadano tenga acceso a los servicios médicos necesarios. La UPC mal calculada es uno de los factores clave en este desastre. Un cálculo incorrecto de la UPC ha provocado una asignación insuficiente de recursos a las EPS, lo que ha dejado a las instituciones de salud sin los fondos necesarios para operar adecuadamente. Esta falta de recursos ha creado un círculo vicioso de endeudamiento y falta de pago, afectando la capacidad de las EPS para proporcionar servicios y, lo que es más grave, de ofrecer tratamientos médicos esenciales. Por otra parte, la Procuraduría acusó al Ministerio de Salud de incumplir orden de la Corte Constitucional sobre cálculo de la UPC. Prácticamente, Gustavo Petro y su nefasto ministro se creen por encima de la ley.

Este mal cálculo no fue solo un error técnico, fue un grave descuido administrativo que dejó en evidencia la falta de capacidad del gobierno para gestionar los recursos públicos de manera adecuada. Al no asignar correctamente los recursos a las EPS, el gobierno ha creado una situación insostenible, que afecta de manera directa a los colombianos más vulnerables. Los recursos que deberían haberse destinado para asegurar un acceso adecuado a los servicios de salud no están llegando a donde más se necesitan, y el sistema está colapsando.

Además, al no recalcular adecuadamente la UPC, se ha producido un desajuste en los pagos a los prestadores de servicios médicos y a los proveedores de medicamentos, lo que ha provocado el desabastecimiento de insumos y la paralización de tratamientos médicos vitales. La deuda de cuatro billones de pesos que el gobierno ha dejado sin saldar con los laboratorios y los operadores logísticos ha hecho que los medicamentos sean inaccesibles para muchos colombianos, especialmente aquellos con enfermedades graves como el cáncer, hipertensión, diabetes, VIH/sida, hepatitis, entre otras. Este mal cálculo, sumado a la ineficiencia del gobierno para corregirlo a tiempo, es directamente responsable del sufrimiento y la muerte de muchos colombianos.

No podemos permitir que el gobierno siga culpando a su antecesor del desastre que ellos mismos crearon mientras destruye el presente y el futuro de millones de personas. El sistema de salud no puede seguir siendo utilizado como una herramienta política para llevar a cabo una agenda populista que solo beneficia a unos pocos, mientras que el pueblo colombiano sigue sufriendo las consecuencias. Es hora de que se asuma la responsabilidad y se dé marcha atrás antes de que la crisis sanitaria se convierta en una tragedia humanitaria aún mayor.

El gobierno de Petro debe rendir cuentas por este desastre. El mal cálculo de la UPC, la intervención de las EPS —sin un plan viable— y la falta de pago a los proveedores son las causas fundamentales de este colapso. Las víctimas de este desastre son los colombianos más vulnerables, aquellos que supuestamente dijo defender y que, al final, siempre pagan el precio más alto. Esto debe llevarse a instancias internacionales y denunciar a Gustavo Petro y a su indolente ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ante la Corte Penal Internacional (CPI). ¡Es hora de que estos miserables se hagan responsables!

Ñapa: hoy, la Clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana notificó, a través de un comunicado a la Nueva EPS, intervenida por Petro, que suspenderá los servicios debido a la creciente deuda que tienen.