El costo político de otro año perdido en seguridad

Muchos colombianos que votaron por el Gobierno del cambio tenían la esperanza de que la afinidad ideológica del nuevo gobierno de izquierda con los Grupos Armados Organizados (GAO) facilitaría un acuerdo de paz. Este anhelo creció con las promesas del presidente Petro, quien aseguró que el ELN estaría desmovilizado en tres meses y que la guerra contra el Estado por parte de los GAO estaba llegando a su fin.

Sin embargo, a falta de año y medio de su mandato, esa esperanza se ha desmoronado. La creencia en un triunfo anticipado, la evaluación errónea de la amenaza y la ausencia de métodos y mecanismos de verificación están socavando su programa insignia. El problema de fondo con el ELN radica en que sus cabecillas ideológicos residen fuera del país, cómodamente instalados en Venezuela y respaldados por el régimen del presidente Maduro. Mientras tanto, sus bloques de guerra, estratégicamente ubicados, mantienen su dinámica delincuencial, más interesados en las rentas criminales que en un acuerdo de paz. Esta desconexión también es evidente entre los propios bloques de guerra, como los Comuneros del Sur, que adelantan diálogos regionales en Nariño. Por ello, nunca han respetado los ceses al fuego, ya que no les interesa negociar algo que ponga fin a su lucrativo negocio.

Recientemente, la periodista Salud Hernández-Mora publicó un reportaje sobre su visita al Catatumbo, donde evidencia que detrás de las disidencias de las Farc hay, en realidad, una guerra interna por inmensas fortunas, como los 50 mil millones de pesos en oro, que resultan mucho más importantes para estos grupos que las improvisadas negociaciones con el Gobierno.

En esta misma línea, se observan casos aberrantes, como la reciente masacre de nueve niños en la región del Cauca. Según cifras del general Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, con jurisdicción en el suroccidente de Colombia, el reclutamiento de menores ha aumentado considerablemente. De los 220 casos reportados, se han recuperado 150 niños que han sido entregados al ICBF. Esto refleja una acción sistemática de reclutamiento masivo, fusilamientos y fosas comunes. En palabras del general Mejía, se está negociando con el “mismo demonio”.

Por su parte, los diálogos con el Clan del Golfo, la estructura criminal más grande del país, tampoco muestran avances. Este grupo está centrado principalmente en el narcotráfico, en alianza con carteles internacionales, y ejerce una gobernanza criminal en los territorios que suple al Estado, combinada con extorsión, minería ilegal y trata de personas. Para ellos, desmantelar su negocio, simplemente, no es una opción.

Las cifras son contundentes. Según la encuesta de Invamer de noviembre de 2024, la principal preocupación de los colombianos es el deterioro de la seguridad, con un 33,7 %. Además, el 59,9 % desaprueba la gestión del presidente Petro. Los GAO suman más de 16.700 hombres en armas, con presencia en 451 municipios y en franco crecimiento. El informe de las Naciones Unidas muestra que los cultivos ilícitos alcanzaron cifras récord, superando las 253.000 hectáreas en 2023, como resultado de la ausencia de una política de erradicación de cultivos ilícitos. Por el contrario, se ofrece comprar la producción, lo que se convertirá en un incentivo perverso que agravará el problema.

Los reiterados ceses al fuego otorgados en las mesas de diálogo han sido aprovechados por los GAO para fortalecerse y reorganizarse en regiones como el Catatumbo, el Pacífico, la Amazonia, Córdoba y Urabá. Sus actividades principales incluyen narcotráfico, minería ilegal, extorsión y tráfico de armas, generando desplazamientos forzados, violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes, reclutamiento forzado y crisis humanitarias. El 78 % de los encuestados considera que la fuerza pública está perdiendo el control territorial, en consonancia con los informes del Movimiento de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo.

Para completar la tormenta perfecta, está el debilitamiento de la fuerza pública. Este problema tiene raíces en el liderazgo, la actitud, mensajes equívocos y decisiones administrativas que afectan su moral y capacidad de combate. Resulta inexplicable que la primera decisión del ministro de Defensa haya sido devolver al presupuesto 800 mil millones de pesos. Además, con el hundimiento de la reforma tributaria, se anticipan más recortes en el sector. Hoy no hay combustible para la aviación, y las flotas de helicópteros están varadas por falta de mantenimiento. La ruptura de relaciones con Israel también ha afectado temas estratégicos como el armamento, el intercambio de información de inteligencia y las capacidades de comando y control. La divulgación de información clasificada por parte del presidente Petro respecto al software Pegasus ha provocado que Colombia sea excluida del grupo Egmont, que agrupa información de 160 países para la lucha contra las finanzas del crimen transnacional.

El proceso de paz con las Farc de 2016 dejó en evidencia que fue una paz mal diseñada. Los máximos cabecillas responsables de delitos de lesa humanidad siguen en total impunidad, disfrutando de beneficios sin entregar sus fortunas, mientras el grueso de la tropa continúa en las rentas criminales. Hay que dejar de ser ingenuos: para que estos grupos delincuenciales negocien, deben sentir la necesidad de hacerlo, y esto solo se logra con una política de seguridad seria y una ofensiva permanente que los mantenga acorralados, acompañada de una estrategia integral contra el narcotráfico, su principal fuente de financiación.

En lo que resta de este mandato, la seguridad será el caballito de batalla de quienes aspiren a cargos en 2026. Está claro que la afinidad ideológica no produce la anhelada paz, y relegar a un segundo plano el principal bastión de la democracia —la seguridad nacional— ha causado un daño irreparable al país. Esa ligereza costará sudor y sangre de nuestros héroes.

El recurso recurrente de culpar a otros gobiernos de los desaciertos propios se desmorona frente a los pobres indicadores. La izquierda ha desperdiciado la oportunidad de su vida para resolver los problemas crónicos del país. Paradójicamente, el tan mencionado “golpe blando” y el más reciente “golpe parlamentario” parecen estar siendo propinados por el mismo Gobierno.

La mala gestión en seguridad está agotando el capital político del Gobierno. Su incapacidad para frenar la violencia, el narcotráfico y la expansión de los GAO ha erosionado significativamente la confianza popular, lo que inevitablemente se verá reflejado en la elección de un nuevo gobierno en 2026.