El desmantelamiento del Estado

Da grima ver al ministro de defensa asistiendo, literalmente, asistiendo genuflexo ante los dictadores, frente a los gravísimos hechos que afectan al Catatumbo y que representan el desplazamiento de más de 40 mil colombianos, además de un incontable número de fallecidos.

Detrás de los escombros de la perdida Paz Total, el nombramiento de un etiquetado defensor de los derechos humanos, se constituye en el responsable directo de la mayor crisis humanitaria que ha atravesado nuestro país en las últimas décadas.

Como es de esperar, los áulicos del gobierno han salido a recordar que la situación del Catatumbo lleva muchos años y ha atravesado diferentes gobiernos. Pero dejan de lado la situación de narcotráfico que atraviesa el país en sus diferentes regiones. Hasta ahora las Fuerzas Armadas tenían la capacidad de manejar las situaciones de orden público —ya fuera aislándolas o interviniendo— frente a los agentes armados con base en la inteligencia y de operaciones militares, pero estas capacidades se perdieron en estos últimos dos años.

No solamente es el alto número de aeronaves que se encuentran en tierra por falta de mantenimiento. Estamos pagando la decisión del gobierno de llamar a calificar servicios a los oficiales mejor entrenados y capacitados para enfrentar el conflicto colombiano. Esto obligó prematuramente a asumir el mando a los oficiales que todavía no estaban completamente preparados. El gobierno se hizo un tiro en el pie y hoy trata de resolver de urgencia sus fallas a través de una conmoción interior que dará los mismos resultados que se han “visto” en la declaración de emergencia humanitaria de La Guajira.

Este es un gobierno que busca declaraciones de emergencia para superar sus propios errores y donde esconde la verdadera tragedia de nuestro país: El progresivo desmantelamiento del Estado. No es solo en las Fuerzas Armadas. El ministerio del Interior tiene una gran responsabilidad que se refleja en el político modelo transaccional que han impulsado todos los ministros que han pasado por allí. Todos han enfatizado el manejo del Congreso de la República para lograr victorias políticas de corto plazo, descuidando los problemas humanitarios y de seguridad interior. Han hecho oídos sordos a las comunidades y hoy el país paga un alto precio.

El desmantelamiento del Estado sigue la teoría del dominó en todos los sectores. Hace días el ministerio de Salud promulgó el ajuste a la UPC más lesivo contra la población colombiana en toda su historia. A partir de ello, 8 millones de pacientes crónicos sufren esa política de muerte. Como lo han advertido las Sociedades Científicas y las Asociaciones de Pacientes, esto nos llevará a una nueva crisis humanitaria. En esta oportunidad, no en los duros campos colombianos, sino en todas las ciudades donde hoy vemos pacientes trasplantados sin medicación, hipertensos y diabéticos no controlados. Es el resultado de una tragedia silenciosa en las familias colombianas que hoy sufren lo indecible. El ministerio de la Salud se lavó las manos achacando su bajo ajuste echando la culpa a sus hoy aliadas o intervenidas EPS.

Increíblemente, ese propio ministerio —en septiembre de 2022— bajo el actual gobierno en la respuesta a la Corte Constitucional que originó el auto 996 de 2023, había reconocido cómo por primera vez —para la UPC de 2023— los datos habían tenido la calidad suficiente para calcular no solo la UPC del régimen Contributivo sino la del subsidiado con datos propios —léase con datos provistos por las EPS— con “información de gestión técnica, administrativa y financiera trimestral y anual de la vigencia 2021 de 99.6% de las ESE” se logró un reporte casi completo y de calidad. Suficiente incluso de los hospitales públicos. ¡En plena pandemia!

El proceso de estimación de la UPC es quizás el proceso técnico más importante en el sistema de salud colombiano, es la inteligencia del sistema de salud. Sin él, el sistema vuela a ciegas, sin radar. Los datos de 2021, que permitieron el cálculo ajustado de la UPC de 2023, fue desechado por el gobierno y la UPC fue ajustada atendiendo principalmente al presupuesto existente. En 2021 el ministerio de Salud trabajó todo el año con las direcciones territoriales de salud, EPS e IPS, para asegurar la calidad de los datos. Actualmente, ese trabajo de años se perdió: El sector salud no tiene radar y el gobierno debe recurrir a informes —no actuariales y muy deficientes de la ADRES- e incluso a los análisis sesgados de las bodegas progresistas para justificar su debacle.

Estos son solo dos ejemplos de las consecuencias del actual desmantelamiento del Estado. Sin contar con la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de cerrar la sección de visas de su embajada en nuestro país. Es una situación urgente que se devuelve contra un gobierno postrado. La institucionalidad está en riesgo y no me refiero solamente a las Cortes y demás organismos de control del Estado. Es, por encima de todo, el capital institucional construido en las políticas de seguridad nacional y de protección social que hoy se han perdido.

Es necesario y urge ya proyectar el gran rescate de la institucionalidad colombiana. Las universidades y sus centros de investigación hoy parecen convidados de piedra, ante esa pérdida institucional, y sencillamente no pueden ser inferiores al reto de nación que hoy los convoca.