El dilema Petro-Maduro: más complicidad que pragmatismo

La inacción del Gobierno colombiano ante el golpe de Estado de Nicolás Maduro y las violaciones de derechos humanos en Venezuela pone en duda la independencia política del presidente Petro y su compromiso con la democracia.

Por un lado, afirmaba que, hasta que no se presentaran actas emitidas por el Consejo Nacional Electoral venezolano, no se podía hablar de un triunfo legítimo de Maduro. Por esta razón, no asistió a la toma de posesión. Sin embargo, ordenó al embajador en Venezuela que representara al Gobierno colombiano en el evento. Al verse atrapado entre dos fuerzas opuestas, Petro optó por una medida de cálculo político que prioriza su programa ideológico del socialismo del siglo XXI sobre los principios democráticos que proclama defender, quebrantando así la tradición democrática ampliamente reconocida de Colombia.

En esa misma línea, el presidente Petro calificó como “fake news” el secuestro de la líder opositora María Corina Machado y justificó al régimen de Maduro al argumentar que las elecciones deberían repetirse debido al bloqueo de Estados Unidos a Venezuela. Estas posturas reflejan un intento desesperado por justificar lo indefendible y comprometen la imagen de Colombia, alineándola con un régimen ampliamente rechazado por la comunidad internacional.

La pregunta clave es: ¿qué motiva esta pasividad? Colombia comparte con Venezuela una frontera de 2.219 kilómetros, lo que implica desafíos y responsabilidades bilaterales significativos, como los asuntos limítrofes sin resolver, entre ellos las aguas marinas y submarinas del golfo de Coquibacoa. El intercambio comercial entre los dos países sigue siendo relevante y permite la complementariedad de los dos países gracias a la reapertura de fronteras, y la crisis migratoria con alrededor de tres millones de venezolanos en Colombia, lo que ha generado presiones en desempleo, salud, educación y seguridad ciudadana. A esto se suma el incremento de la violencia, atribuida en parte a algunos ciudadanos venezolanos, con un aumento en hurtos y delitos callejeros, y el rol de Venezuela en los diálogos de paz, tanto con el ELN como con las disidencias de las Farc.

Estos factores, aunque complejos, no justifican la inacción cómplice frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los presos políticos y los abusos del régimen de Maduro. Países de la misma ideología política, como Chile, en particular, han mostrado posturas más firmes contra estos atropellos y son un gran ejemplo para el mundo.

Uno de los temas más sensibles es el papel otorgado a Maduro como garante en los diálogos con el ELN y las disidencias de las Farc. ¿Es realmente Maduro el interlocutor más adecuado para mediar en un proceso de paz? Informes de inteligencia y de organismos internacionales han señalado la presencia activa de estos grupos armados en estados fronterizos como Táchira, Zulia, Apure, Amazonas y Bolívar, entre otros, donde delinquen por la supuesta pasividad del régimen venezolano, para el envío de cocaína al exterior, tránsito libre de guerrilleros, armamento, gasolina, oro y todo tipo de contrabando. Esta situación plantea preguntas críticas: ¿cómo puede Maduro garantizar objetividad en las negociaciones cuando se sospecha de alianzas estratégicas con estos grupos?, ¿qué concesiones está haciendo Colombia “debajo de la mesa” para asegurar su colaboración, mientras en Colombia estas estructuras amasan también grandes fortunas producto de actividades ilícitas?

Otro tema delicado son los escándalos relacionados con la grave sospecha de financiación ilegal de la campaña del presidente Petro, denunciados por el mismo Armando Benedetti. ¿Es este el motivo detrás de la actitud timorata del Gobierno colombiano frente a Maduro? Estas decisiones tienen implicaciones no solo para la seguridad nacional, sino también para la relación de Colombia con socios estratégicos como Estados Unidos, que —a su vez— ya incrementó la recompensa a 25 millones de dólares por la captura del dictador. Esto se basa en un informe que manejan la Fiscalía de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sobre los delitos que habría cometido Maduro, como narcoterrorismo, corrupción y tráfico de drogas (Revista Semana, enero 2025).

La complicidad de Colombia con un régimen dictatorial contradice los intereses democráticos y abre las puertas a potencias como Rusia, China e Irán, lo que facilita su injerencia en los asuntos del hemisferio. Esto podría aislar diplomáticamente a Colombia en foros internacionales y restringir aún más la ayuda económica del Gobierno estadounidense. Además, proyecta la lamentable imagen de un gobierno sumiso ante un dictador de la peor calaña.

Los colombianos debemos reflexionar sobre lo ocurrido en Venezuela, donde quedó claro que, cuando la Fuerza Pública es cooptada por un régimen dictatorial para sus funestos propósitos, la democracia se desintegra y los regímenes se perpetúan. Es momento de hacer un llamado a la Fuerza Pública colombiana, para que cumpla su misión defendiendo, no al gobierno de turno, sino a la constitución.

La reflexión aquí es clara: aunque existen intereses comunes derivados de la relación fronteriza, estos no deben comprometer los principios democráticos que históricamente han caracterizado a Colombia. El Gobierno colombiano debe encontrar un equilibrio entre el pragmatismo estratégico y los valores democráticos. Es esencial recuperar el papel de liderazgo regional en la defensa de la democracia, que ha sido un sello distintivo del país.

Ceder ante intereses coyunturales o ideológicos sin tener en cuenta las repercusiones a largo plazo pone en riesgo tanto la seguridad nacional como la posición de Colombia en el escenario internacional. Solo a través de una postura firme y coherente con los valores democráticos podrá el país evitar caer en complicidades que socaven su legado y estabilidad.