En política, hay frases que trascienden campañas y se convierten en principios rectores. El dinero alcanza cuando nadie roba, es una de ellas. Nació en la primera campaña del presidente Nayib Bukele y, con el tiempo, se ha convertido en mucho más que un eslogan. Es una idea simple, pero profunda. Una promesa de gobierno que resuena en millones de personas que han visto cómo, cuando la corrupción deja de ser el eje de la política, los recursos alcanzan para transformar un país.

Hoy, esta frase es más vigente que nunca. En una sociedad donde más de seis millones de personas votaron por un modelo basado en principios y valores, la pregunta que surge es inevitable: ¿por qué en algunos países el dinero sí alcanza y en otros, por más que se recaude, siempre falta?

Principios y valores: el verdadero eje de la política

La política no debería ser un ejercicio de acumulación de poder, ni un escenario para satisfacer intereses personales. En su sentido más puro, la política es administración pública con ética, con moral y con un propósito claro: mejorar la vida de los ciudadanos.

En El Salvador, se ha priorizado la eficiencia, la transparencia y la inversión en áreas clave como seguridad, infraestructura y bienestar social. Se ha demostrado que, cuando los recursos se manejan con responsabilidad, el impacto es inmediato y tangible. No se trata solo de voluntad política, sino de principios. La gestión pública debe basarse en valores innegociables: honestidad, transparencia y compromiso con la gente.

Cuando la corrupción se erradica de la ecuación, los proyectos se terminan en el tiempo previsto, los fondos se usan donde realmente se necesitan y la confianza en las instituciones se fortalece. En contraste, cuando los principios y valores se diluyen en el ejercicio del poder, los recursos nunca son suficientes, el desarrollo se estanca y la desconfianza ciudadana crece.

Colombia, un país donde el dinero nunca alcanza

Colombia es un país con riqueza natural, talento humano y un potencial inmenso. Sin embargo, su realidad política ha estado marcada por una constante: el dinero nunca es suficiente.

Cada año se aprueban presupuestos millonarios, pero las brechas en salud, educación y seguridad siguen aumentando. Las obras públicas se proyectan con costos exorbitantes y muchas veces no se hacen y, pero aún, algunas no se terminan. La burocracia crece, pero los resultados no mejoran. Y cuando se buscan explicaciones, siempre se apunta a la falta de recursos.

El problema no es la ausencia de dinero, sino la forma en que se administra. En un sistema donde la corrupción se ha convertido en un obstáculo estructural, es difícil que los recursos lleguen a su destino final. Mientras algunos países han demostrado que la eficiencia es una decisión política, en otros la falta de resultados se ha convertido en una justificación permanente para mantener el status quo.

La corrupción institucionalizada: un modelo de saqueo “legalizado”

Si hay algo que la corrupción ha logrado perfeccionar en algunos países, es la capacidad de disfrazarse de legalidad. No es solo el robo descarado, sino los mecanismos de saqueo que operan dentro del marco normativo, amparados por un complejo entramado de complicidades.

Los gobiernos nacionales y locales despilfarran dinero en estudios de diseños que jamás ejecutan, en consultorías que nunca se terminan y en asesorías que solo sirven para justificar egresos millonarios. Todo esto, mientras la gente sigue esperando hospitales, colegios y seguridad.

Pero si hay un mecanismo que merece especial atención, es el de los contratos interadministrativos. Una figura que, en teoría, debería garantizar eficiencia, pero que en la práctica se ha convertido en una puerta giratoria para adjudicar a dedo contratos multimillonarios a empresas de papel. Estos contratos permiten que entidades estatales eviten procesos competitivos y direccionen los recursos a operadores que, en muchos casos, carecen de experiencia real, pero cuentan con la “recomendación adecuada”.

El modelo es tan sofisticado que nadie firma nada ilegal, pero todos saben que están saqueando los recursos públicos. Es la corrupción con corbata, el robo con apariencia de gestión, el saqueo con firma notariada.

El problema no es solo que esto ocurra, sino que se ha convertido en una práctica normalizada. Mientras la gente pide mejores servicios, los gobiernos destinan cientos de millones a redes de corrupción que se protegen entre sí, generando un círculo de impunidad que parece imposible de romper.

El Salvador vs. Colombia: una analogía con ironía y realidad

Si El Salvador y Colombia fueran dos empresas, la diferencia en su administración sería evidente.

El Salvador sería una compañía que, tras años de crisis, cambió de liderazgo y decidió cortar gastos innecesarios, eliminar la corrupción interna y reinvertir sus recursos en crecimiento y modernización. En pocos años, pasó de estar al borde del colapso a ser un modelo de eficiencia y resultados.

Colombia, en cambio, sería una empresa con recursos ilimitados, pero con directivos que, en lugar de invertir en innovación y desarrollo, destinan gran parte del presupuesto a gastos innecesarios, a privilegios personales y a proyectos que nunca se completan. Cuando los empleados preguntan por qué la empresa no mejora, la respuesta siempre es la misma: “Necesitamos más presupuesto”.

La ironía es evidente. Mientras en algunos países la administración eficiente ha permitido lograr cambios estructurales, en otros se sigue recurriendo al argumento de la crisis económica para justificar la falta de avances.

¿Por qué el dinero sí alcanza en El Salvador?

La clave no está solo en los ingresos del Estado, sino en la gestión de los recursos. En El Salvador, se ha priorizado una administración pública basada en la transparencia y la eficiencia. La inversión en seguridad ha permitido reducir los índices de criminalidad, generando confianza y estabilidad. La infraestructura se ha modernizado y los servicios públicos han mejorado.

Esto no significa que no haya desafíos por delante. Como en cualquier país, la gestión pública requiere ajustes constantes, pero la diferencia radica en la decisión de hacer las cosas bien. No se trata solo de recaudar más impuestos o de atraer inversión, sino de garantizar que cada dólar sea utilizado de manera responsable.

Cuando la corrupción deja de ser un factor predominante en la política, las obras se terminan en el tiempo estimado, los programas sociales llegan a quienes realmente los necesitan y la economía se fortalece.

El dinero alcanza cuando nadie roba: una realidad incuestionable

Más que una frase de campaña, ‘el dinero alcanza cuando nadie roba’ es una verdad incuestionable. No se trata de un concepto abstracto, sino de una lección que algunos países han aprendido y otros aún deben comprender.

El Salvador ha demostrado que, cuando la corrupción deja de ser una barrera, los recursos se convierten en motores de desarrollo. En Colombia, la pregunta sigue abierta: ¿cuándo llegará el momento en que la política se base en principios y valores?

Quizás la verdadera transformación no dependa solo de los gobiernos, sino de una ciudadanía que exija con firmeza lo que debería ser evidente: un Estado que administre con transparencia, que priorice el bienestar de su gente y que entienda que, cuando nadie roba, el dinero siempre alcanza.

*Este es un artículo con un planteamiento editorial personal, que en nada compromete al Gobierno de El Salvador.