El gobierno de la criminalidad

Si se nos pidiese describir con una expresión lo que ha sido el Gobierno del presidente Petro, tendríamos como primera opción la que —sin duda— resulta más acorde y que recoge la percepción ciudadana: el gobierno de la criminalidad. Cada semana, nuestro país debe afrontar el descontrol de las fuerzas criminales, el accionar recurrente de las bandas o combos, los ataques de los grupos insurgentes y, por si fuera poco, los flagelos de la corrupción estatal, entre otros.

A lo anterior, ha de sumarse la notoria intención del gobierno en buscar ‘entendimiento’ con quienes han sembrado históricamente el terror en nuestras poblaciones. Circunstancia que, antes que disminuir, ha acrecentado nuestra ya compleja historia en términos de orden público y récord delictivo. Buscar una salida dialogada al conflicto, aunque noble, es una solución bastante pueril, atendiendo el hecho de que a los interlocutores solo les conviene mantener el status quo donde ellos ejercen el control y toman las decisiones en los territorios. Lo anterior, unido al hecho de que el mensaje que recibe la población civil es la ‘rendición’ del Estado frente a la criminalidad.

El pasado fin de semana, el país fue una vez más testigo de la ‘toma’ de los grupos al margen de la ley del muchas veces azotado departamento del Cauca. Sin embargo, también fuimos testigos en ocasión, del ‘oportuno’ despliegue por parte del gabinete presidencial con la población del municipio de Plateado. Sus pobladores observaron cómo los funcionarios gubernamentales liderados por Laura Sarabia, hicieron presencia territorial a través de lo que se denominó la operación Perseo. Paradójicamente, varios de los funcionarios que acudieron a la cita fueron quienes otrora denigraban del nuestro glorioso Ejército Nacional, y ahora portando prendas de su uso privativo.

Estos funcionarios de ‘primera línea’ montaron una puesta en escena con gran despliegue en redes sociales, dejando en evidencia a su paso el ‘desprecio’ del presidente a la población del Plateado, a quienes les comunicaron que el mandatario no pudo acudir porque se encontraba enfermo o por cuestiones de seguridad. Sin tener claras las razones, lo que sí se confirmó es que este tipo de conductas han sido desafortunadamente recurrentes en el presidente —casualmente los puentes festivos—.

El país está sumido en la criminalidad, justamente esta semana alias Pichi se fugó de su prisión domiciliaria; Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, jefe del grupo delincuencial Los Costeños podría quedar en libertad, por vencimiento de términos; el sanguinario jefe del grupo criminal Los Pepes, Digno Palomino quedó en libertad; a esto se suma que una vez terminó el recorrido del gobierno por el Plateado, Cauca, las Farc incineraron un vehículo de la empresa Transipiales y otro recibió disparos en sus llantas en la vía Panamericana a la altura de Mercaderes, Cauca. Asimismo, los grupos insurgentes colocaron minas antipersonales en contra de los militares que hacían parte de la operación Perseo.

En materia de extorsión, solo contando el período comprendido entre el mes de enero y julio de 2024, hubo 6.234 casos, lo que representó un incremento del 27 % frente al mismo periodo del año pasado. La mayoría de los hechos han sido reportados en Bogotá (1.388), Atlántico (940), Valle del Cauca (669) y Meta (551). Durante el primer trimestre de 2024 se observó un aumento del 36 % en la presencia de grupos armados en Colombia, extendiéndose a 253 municipios. Entre los principales actores se encuentran Clan del Golfo, el Estado Mayor Central (EMC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este último se extendió a 231 municipios en 20 departamentos, evidenciando un incremento del 7 % con respecto al año anterior, y del 26 % con respecto al 2022.

Como respuesta a estos flagelos, el gobierno ha respondido con infructuosos diálogos con las Farc, el ELN, el Frente Comuneros del Sur (disidencia ELN), EMC, Segunda Marquetalia, Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN) o Los Pachenca.

El presidente Petro ha designado a al menos 18 gestores de paz en total del ELN: Juan Carlos Cuéllar, Jairo Arrigis Guenis (Antonio) y Violeta Arango. De las AUC: Salvatore Mancuso. Por parte del EMC: Rolan Arnulfo Torres Huertas, alias Álvaro Boyaco; Jhon Maro Ortiz Camayo, alias Manigueta; John Janier Trochez Medina, alias Malicia; Jeisson Ferney Lasso Devia; Eusser Motta Meneses, y Fáber García Guzmán. De la Segunda Marquelia: Zarco Aldinever, Walter Mendoza, alias Araña, alias Enrique Marulanda y alias Allende.

La criminalidad es la constante en el gobierno. No se observa que la tendencia sea reversible la situación, por el contrario, pareciera que la consigna es darles carta abierta a los criminales, quienes ante la aquiescencia estatal se imponen a la fuerza con las armas en contra de la población civil. El gobierno tiene la responsabilidad de actuar decididamente contra los grupos al margen de la ley, de lo contrario está del lado de ellos y de espaldas a la gente. Si la decisión de los criminales es mantenerse en un régimen de la ilegalidad, el Estado debe actuar con toda contundencia. No hay una lucha política, ni ideológica, ni mucho menos histórica, solo son criminales burlando la institucionalidad y el orden constitucional, por lo que el Estado tiene del deber de combatirlos con todas sus capacidades.