Durante años Colombia construyó buena parte de su fortaleza eléctrica alrededor de una ventaja extraordinaria: el agua. Esa decisión nos permitió desarrollar una matriz relativamente limpia y competitiva, pero también nos dejó una vulnerabilidad que aparece cada vez que el clima deja de comportarse como esperamos.
El Niño vuelve a poner esa vulnerabilidad sobre la mesa.
No es una discusión nueva. El país ya pagó una vez el precio de aprenderla. El racionamiento de 1992 y 1993 cambió para siempre la arquitectura del sector eléctrico colombiano y, años después, llevó a desarrollar mecanismos para remunerar algo que el mercado por sí solo difícilmente garantiza: tener energía disponible precisamente el día en que más se necesita.
De ahí nació buena parte de la lógica del Cargo por Confiabilidad.
Treinta años después, la pregunta sigue siendo sorprendentemente parecida: ¿está Colombia suficientemente preparada para atravesar una sequía severa sin comprometer el suministro ni trasladar al usuario costos desproporcionados?
El episodio de 2023-2024 debería servirnos de referencia. En abril de 2024 los embalses llegaron a niveles cercanos al 27 %. Hubo jornadas en las que la generación térmica cubrió una porción extraordinaria de la demanda y el precio de bolsa sintió con fuerza la estrechez del sistema. Colombia no se apagó, pero estuvo sometida a una prueba exigente.
Y esa experiencia dejó una lección que conviene recordar ahora: la seguridad energética no se mide por los megavatios que aparecen en una presentación, sino por los que efectivamente están disponibles cuando el sistema los necesita.
Ese matiz parece pequeño. No lo es.
Colombia está atravesando una transformación profunda de su matriz. La incorporación de energía solar y eólica es necesaria y abre enormes oportunidades. Pero una transición energética seria no puede limitarse a discutir qué tecnología queremos instalar. También tiene que responder quién entrega energía cuando no hay agua, cuando cae el sol, cuando el viento no acompaña o cuando coinciden varios de esos eventos con una demanda creciente.
La confiabilidad tiene una característica incómoda: solo descubrimos cuánto vale cuando comienza a faltar.
Hoy las obligaciones de energía firme para 2026-2027 rondan los 166,8 GWh/día. Quizás el dato más revelador no sea el total, sino su composición: aproximadamente la mitad proviene de generación hidráulica y la otra mitad del parque térmico.
Es una fotografía interesante de nuestra transición. La generación cotidiana puede ser predominantemente hidráulica y avanzar rápidamente hacia nuevas fuentes renovables, pero cuando hablamos de respaldo el país todavía depende de manera importante de centrales térmicas.
Eso no debería convertirse en una discusión ideológica entre tecnologías. La electricidad no entiende de ideologías.
Una hidroeléctrica, una planta térmica, un parque solar, una batería o un programa de respuesta de la demanda tienen atributos diferentes. El desafío consiste en construir un sistema en el que esos atributos se complementen y permitan cumplir una promesa muy sencilla al ciudadano: que al accionar un interruptor haya energía disponible y que su costo sea razonable.
Y allí aparece la otra cara de esta discusión: las tarifas.
Hablar de seguridad energética sin hablar del precio que termina pagando el usuario es contar apenas la mitad de la historia.
Cuando disminuyen los aportes hídricos, aumenta la necesidad de generación térmica. Cuando las térmicas operan durante períodos prolongados, adquieren importancia la disponibilidad y el precio del gas, el carbón y, en determinadas circunstancias, los combustibles líquidos. Cuando el sistema pierde holgura, esa tensión termina reflejándose de distintas maneras en el mercado.
Por eso una tarifa justa no se construye únicamente interviniendo el último eslabón de la factura.
También se construye varios años antes: cuando una línea de transmisión entra a tiempo, cuando una planta comprometida efectivamente comienza a operar, cuando existe combustible para respaldar la generación, cuando una inversión pública cumple su propósito y cuando la planeación anticipa el crecimiento de la demanda.
La energía más costosa puede terminar siendo aquella que no planeamos oportunamente.
Esta debería ser una de las discusiones centrales del país frente al nuevo escenario climático.
No necesitamos generar alarma. Necesitamos algo mucho más difícil: anticipación.
Tenemos que saber si la energía firme contratada está verdaderamente disponible; si los proyectos de generación y transmisión que el sistema espera entrarán en las fechas previstas; si existe suficiente respaldo de combustibles; si las restricciones de las redes pueden comprometer determinadas regiones; y si existen planes de contingencia capaces de responder a escenarios más severos de los inicialmente proyectados.
Pero también debemos preguntarnos quién termina pagando cuando esas previsiones fallan.
Durante muchos años trabajé estructurando y ejecutando proyectos energéticos en distintas regiones de Colombia. Esa experiencia me enseñó que entre una obra anunciada y una infraestructura funcionando existe una distancia enorme. Hay permisos, financiación, consultas, ingeniería, equipos, servidumbres, construcción y puesta en operación. Un cronograma puede decir que una central estará disponible en determinada fecha. El sistema eléctrico, en cambio, solo puede contar con ella cuando efectivamente entrega energía.
Hoy, desde una responsabilidad distinta en el servicio público, esa diferencia resulta todavía más relevante.
El control sobre los recursos públicos no debería comenzar únicamente cuando el daño ya ocurrió. Existe también un enorme valor público en identificar oportunamente riesgos, hacer las preguntas difíciles y verificar que las inversiones destinadas a proteger la confiabilidad efectivamente estén cumpliendo su propósito.
Eso no significa reemplazar al Gobierno, al regulador, al operador del sistema ni a las empresas. Cada institución tiene responsabilidades claramente definidas.
Significa algo más elemental: no acostumbrarnos a que las explicaciones lleguen después de los problemas.
Colombia tiene instituciones, conocimiento técnico, recursos naturales y décadas de experiencia operando uno de los sistemas eléctricos más sofisticados de la región. También tiene memoria. Sabemos lo que significa depender excesivamente de la hidrología y sabemos cuánto puede costarle al país una crisis energética.
Por eso El Niño no debería encontrarnos discutiendo quién tenía razón.
Debería encontrarnos con los proyectos funcionando, los combustibles disponibles, las redes preparadas, los embalses administrados prudentemente y las instituciones compartiendo información suficiente para tomar decisiones antes de que sean urgentes.
La transición energética es necesaria. La protección del usuario también lo es. Pero ninguna de las dos será sostenible sin seguridad energética.
Al final, la prueba será bastante sencilla.
No estará en un informe, una resolución ni un discurso.
Estará en millones de interruptores.
Y el país espera que, cuando llegue el momento de encenderlos, la luz simplemente encienda.
Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente personales y no comprometen ni representan la posición institucional de la Contraloría General de la República.