
Opinión
El otro prontuario de Carlos Ramón González
Carlos Ramón González no se hace notar, no es drogadicto, no lo acusan de golpear a su cónyuge; por eso ha pasado de agache en la galería de pícaros de este Gobierno.
Gustavo Petro y Carlos Ramón González Merchán pertenecieron al M-19, iniciándose en la guerrilla en la misma época. Petro nombró a su amigo jefe del Dapre y jefe de inteligencia nacional. González tenía envidiable trayectoria en inteligencia: fue escolta de Jaime Bateman, jefe de esa guerrilla.
Desde el 2024 se señala a González, hoy con paradero desconocido fuera del país, como uno de los protagonistas de la robadera en laUNGRD. En mayo, la Fiscalía lo imputó por ordenar que les dieran efectivo a los presidentes de la Cámara y del Senado, y por orientar hacia ellos contratos de esa entidad.
Lo que no se ha ventilado es el anterior prontuario de González, nacido en Puente Nacional. Un viejo expediente muestra que González es deshonesto, tramposo, falsificador y amigo de lo ajeno. Con contratos de una entidad pública del municipio de Bucaramanga, financió su elección al Concejo de esa capital en 1997. Excedió los topes y falsificó los documentos para engañar al Consejo Nacional Electoral. Además, admitió explícitamente su responsabilidad criminal.
El director del Isabu, Instituto de Salud de Bucaramanga, César Augusto Bueno Serrano, también perteneció al M-19. Firmó en 1997 contratos de vigilancia de puestos de salud con la fundación Alborada, que no tenía licencia para celaduría. La dirección de Alborada coincidía con la sede de la campaña de Carlos Ramón González. Los contratos sumaron 117 millones de pesos. De ellos, 29 millones de pesos entraron al patrimonio personal de González y fueron utilizados en la campaña. Esa suma hoy sería cinco veces más.
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El juzgado que investigó concluyó: “Con el fin de ocultar la existencia de dineros que fueron girados a González Merchán a través de terceros, y este con el fin igualmente de ocultar dineros fuera del tope señalado por el Consejo Electoral, se adulteraron los libros de contabilidad, se realizaron falsos balances y se elaboraron recibos de pago por diferentes actividades que no se realizaron, documentos que posteriormente se utilizaron no solo para presentar ante la Fiscalía, sino ante el Consejo Nacional Electoral”. Una testigo declaró: “La verdad, esa plata fue para entregársela a Carlos Ramón”.
González aceptó ante el juez que su hoy esposa, Luz Dana Leal, prestó su nombre para abrir una cuenta en el Banco Unión para que el Consejo Nacional Electoral “no se enterara del movimiento de sus dineros, ya que excedieron el tope señalado”.
Según el Tribunal Superior de Bucaramanga: “La celebración de los mencionados contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales se efectuó con el propósito de obtener un provecho ilícito para un tercero, concretamente para Carlos Ramón González Merchán”.
La condena contra González por falsedad en documento privado quedó en firme. Sin embargo, él presentó una tutela que llamó la atención cuando llegó a la Corte Constitucional: “No deja de producir asombro que al final de la demanda de tutela, en la que se hacen extensas acusaciones sobre las supuestas violaciones de los derechos fundamentales del señor González durante el proceso penal que se adelantó en su contra, se termine por admitir su responsabilidad criminal en la perpetración de actos engañosos para con el Consejo Nacional Electoral, en términos tan explícitos como los siguientes: ‘Lo que realizó el señor Carlos Ramón González Merchán fue engañar al Consejo Nacional Electoral suministrando datos errados, falaces; quiere ello decir que su conducta es típica de fraude procesal, porque indujo en error a la administración con el propósito de obtener un acto administrativo que le aprobara las cuentas’”.
Carlos Ramón González no se hace notar, no es drogadicto, no lo acusan de golpear a su cónyuge; por eso ha pasado de agache en la galería de pícaros de este Gobierno. Según la Fiscalía, en 2023 reportó un patrimonio de 6.500 millones de pesos en su declaración de renta. Su esposa, Luz Dana Leal, tenía un patrimonio líquido cercano a los 5.000 millones de pesos. Un bonito upgrade de guerrilleros a capitalistas. Petro pidió perdón por el escándalo de la UNGRD y lamentó, refiriéndose a Olmedo López, “que un hombre se degrade de esa manera. Es terrible, pues muchos de sus amigos murieron en la misión de cambiar a Colombia”. Ya sabemos cómo el Gobierno de Gustavo Petro pretendió ejecutar la misión de cambiar a Colombia: robándose dineros del pueblo para sobornar a políticos que aprobaran las reformas para favorecer al pueblo.
Carlos Ramón González se degradó en 1997. ¿Al entrar al actual Gobierno ya era digno y respetable?