Al candidato perdedor de las elecciones del 21 de junio, el resultado le ha generado una incoherencia evidente en cada una de sus declaraciones de los últimos días. Es comprensible: no solo tuvo que asumir la derrota en primera vuelta, algo que su campaña daba por imposible, sino que ese resultado fue un golpe directo a una estrategia que combinaba tres frentes: la votación natural de los seguidores del Pacto Histórico, la conseguida por sus aliados de la llamada paz total y, por supuesto, los votos derivados de los billones de pesos en contratación de funcionarios del Estado.
De hecho, se registraron volúmenes récord de contratación pública asociados a clientelismo y uso político de los recursos: la Contraloría General de la Nación reportó 164.813 contratos por un valor cercano a los 15 billones de pesos.
Pero capítulo aparte es lo ocurrido con el fenómeno del paramilitarismo, donde Iván Cepeda y su organización política se quedaron atrapados en el relato de siempre. Pareciera que no ha entendido que el paramilitarismo del siglo XXI no usa chequeras ni el uniforme de las AUC que tanto combatió, con muy buenos resultados en algunas de sus investigaciones de los años noventa y principios de este siglo.
Este nuevo paramilitarismo, por el contrario, se disfraza de paz total: se financia con narcotráfico y con la explotación de oro en minería ilegal, sostiene una extorsión que ya es fenómeno nacional, y opera con los mismos métodos de siempre: control territorial por la fuerza, captación del poder político y, lo más grave, la rendición del Estado ante narcoguerrilleros reciclados del fracaso de los procesos de paz, fundamentalmente los de las Farc y los paramilitares, que hoy nutren el Clan del Golfo y demás estructuras armadas ilegales.
Son precisamente esos grupos con los que hoy dialoga la política de paz total, legitimándolos como interlocutores. El mismo Gustavo Petro sentenció, con la solemnidad que lo caracteriza, que “en Colombia ya no hay guerrilleros, todos son narcotraficantes”.
Es de las pocas cosas en las que coincido con el actual presidente, por su claridad, y al mismo tiempo señalo la trampa que encierra: si según su propio diagnóstico ya no existen guerrillas políticas sino organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, entonces todos los grupos armados que operan hoy son, por lógica elemental, herederos del mismo fenómeno paramilitar. No hay insurgentes de izquierda ni defensores del pueblo: solo bandas armadas que controlan territorios, extorsionan, desplazan y trafican.
Por eso sorprende que esta semana el hoy excandidato haya declarado: “No reconoceremos el Gobierno de Abelardo De la Espriella porque es un gobierno paramilitar”, así lo dijo Iván Cepeda, con la arrogancia moral que ya le conocemos. El mismo que durante años ha justificado, minimizado o dialogado con los violentos se atreve ahora a descalificar como “paramilitar” al Gobierno que el pueblo eligió para recuperar el orden, la institucionalidad y nuestra democracia. La ironía es que los líderes y defensores de la paz total, quienes entregaron los territorios de buena parte del país a estructuras armadas narcoterroristas, se erigen hoy como fiscales de la democracia.
Colombia ha tenido un cambio fundamental en su política, con un giro tan previsible como cínico. Mientras el Gobierno de Gustavo Petro y sus líderes y herederos intentan erigirse como los grandes defensores de la democracia y la legitimidad, los verdaderos aliados de la paz total —que no es otra cosa que una paz mafiosa— son quienes han entregado territorios enteros a los violentos, y son precisamente esos mismos actores los que hoy se perfilan como los nuevos líderes de la oposición. Porque cuando el Estado se rinde ante las armas, los únicos que se benefician del caos son los que terminan mandando en los salones del Congreso y, lo más desafortunado, incluso en muchos medios de comunicación del país que avalan esas condiciones.
Por eso los guerrilleros de las disidencias de las Farc y el ELN, en su versión original o reciclada, son paramilitares de facto. Y el Clan del Golfo, con su control de rutas, puertos y cultivos, también lo es. Todos operan como ejércitos privados que le disputan al Estado el monopolio de la fuerza. La diferencia de siglas es absolutamente cosmética; la esencia es la misma: paramilitarismo de nueva generación. Quien niegue esto o lo maquille con eufemismos, bandas armadas, actores armados, está haciendo apología del paramilitarismo o, peor, negociando con él, al amparo o por debajo de la mesa de la paz total.
Así el candidato perdedor a veces lo reconozca y otras veces intente confundirnos con los términos ‘legal’ y ‘legalidad’, los resultados son absolutamente claros y contundentes. El Pacto Histórico, liderado en la campaña anterior por Iván Cepeda, obtuvo alrededor del 23 % de los votos a nivel nacional en las elecciones del Congreso, con más de 4.4 millones de votos, y más de 12 millones en la contienda presidencial, lo que le permitió consolidarse como la primera fuerza política del país.
Sin embargo, su fortaleza se concentra, sospechosamente y de manera notoria, en las regiones de fuerte influencia de las estructuras armadas: allí donde los aliados de la paz total, el paramilitarismo reciclado, ejercen control territorial. En esos departamentos y sus respectivos municipios, casualmente, el Pacto Histórico alcanzó porcentajes de votación que duplicaron e incluso triplicaron su promedio nacional, lo que evidencia el respaldo de electorados influenciados y obligados a votar por los actores del conflicto. No queda duda de que eso explica, en buena parte, la gran cantidad de curules que tendrán en el próximo Congreso de Colombia.
Y es aquí donde viene lo más grave: Iván Cepeda representó precisamente a ese sector en sus aspiraciones a la Presidencia. Sus electores más leales, los que le dieron el músculo en el Congreso, provienen de las regiones donde el control de estas estructuras armadas, narcoguerrilleros o narcoparamilitares, es moneda de todos los días, como decían nuestros abuelos.
No es coincidencia: es una convergencia, una alianza de intereses para apropiarse del Estado, donde los dirigentes, ya sean parlamentarios o líderes de esas comunidades, terminan siendo los portavoces de esa rendición de la institucionalidad disfrazada de política de paz, que han defendido, justificado o minimizado con falsos acuerdos que desarmaron al Estado mientras armaban a los violentos.
Esos votos en el Congreso y en la Presidencia llevan la firma de quienes hoy mandan en todas esas zonas del territorio colombiano, donde los aliados de la paz total son los únicos que ejercen la autoridad que perdió el actual Gobierno, y, desafortunadamente, también nuestras Fuerzas Militares, en perjuicio de esas comunidades.
El triunfo y la llegada de Abelardo De la Espriella encarnan hoy la opción de la fortaleza institucional: una en la que no se negocia con estas estructuras paramilitares, sino que se les combate; que no busca una paz total con quienes violan la Constitución y la ley, sino restaurar el orden constitucional. Cualquier organización paramilitar, se llame como se llame, va a enfrentarse con el poder del Estado.
Como lo escribí en la columna anterior, mientras no se aclaren los votos de esos sectores paramilitares que respaldaron a Cepeda y al Pacto Histórico para la Presidencia y el Congreso, ni Petro ni Cepeda (como su heredero), ni mucho menos sus parlamentarios tienen la autoridad moral ni la legitimidad, palabra que tanto le gusta al filósofo Cepeda para dar lecciones de democracia. No se puede predicar la institucionalidad con las manos manchadas de pactos con quienes la destruyen. No se puede hablar de oposición responsable cuando se ha sido socio estratégico del desmantelamiento del Estado.
Colombia merece algo mejor que esa farsa que fue la política de la paz total, y mejor que los líderes que se aprovecharon de ella para su propio beneficio y el de sus organizaciones aparentemente democráticas. Colombia merece líderes que no confundan diálogo con entrega, ni paz con sometimiento. La verdadera oposición no es la que quiere sostener los mismos procesos de entrega de la institucionalidad que defendió en campaña; oposición es la que también defiende las instituciones, esa bandera que levanta Abelardo De la Espriella con claridad y sin complejos.
No me queda duda, ni nos puede quedar duda, de que la historia se encargará de juzgar, y no será benevolente con quienes, en nombre de la paz total, le abrieron las puertas al paramilitarismo del siglo XXI.