Hace unos días, cuando el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció que María Nohemí Arboleda dejaría la gerencia de XM para asumir el Ministerio de Minas y Energía, escribí un hilo en mi cuenta de X sin saber todavía quién tendría semejante responsabilidad. Allí advertí que quien llegara a esa cartera no asumiría simplemente la administración de un sector: tendría en sus manos la enorme responsabilidad de garantizar la seguridad energética de todo el país.
Hoy retomo ese mensaje con tranquilidad y esperanza porque, afortunadamente, no hay que explicarle el sector a quien tendrá la responsabilidad de dirigirlo. Lo conoce, entiende su complejidad y sabe que las decisiones que se tomen durante los próximos años serán determinantes para el futuro económico y energético de Colombia.
El país es consciente de la crisis que enfrenta. Estoy seguro de que la ministra designada asumirá el reto de un eventual fenómeno de El Niño con determinación, rigor técnico y seguridad jurídica, y tomará las decisiones oportunas para reducir el riesgo de un racionamiento crítico o, en el peor de los escenarios, de un apagón.
Vale la pena dimensionar lo que significa esta responsabilidad. El Ministerio de Minas y Energía no administra simplemente hidrocarburos, minas y electricidad; de sus decisiones depende buena parte de la vida cotidiana y productiva de cerca de 53 millones de colombianos. De estas dependen las tiendas de barrio, los hospitales y centros de salud, el Metro de Medellín, los semáforos, las telecomunicaciones, las industrias, los comercios y millones de dispositivos que necesitan energía para funcionar.
He insistido en que este puede ser uno de los sectores capaces de impulsar un verdadero milagro económico para Colombia. El sector minero-energético tiene el potencial de fortalecer significativamente nuestras exportaciones, generar entre 20 y 25 billones de pesos anuales en regalías y aportar de manera decisiva al crecimiento del PIB, siempre que recuperemos la inversión, aumentemos la producción y construyamos reglas claras y estables.
El desafío, además, no es únicamente colombiano. Es global. El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, los centros de datos, la electrificación y las nuevas tecnologías disparará la demanda mundial de electricidad. Colombia debe prepararse desde ahora.
Necesitamos más generación firme, más hidroeléctricas, más pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) y una expansión real de las redes de transmisión. Necesitamos también que los proyectos estratégicos no permanezcan durante años atrapados entre trámites interminables, consultas previas sin términos claros y licenciamientos ambientales que no responden a las necesidades del país.
Colombia requiere más infraestructura de la dimensión de Hidroituango, que, una vez opere plenamente con sus ocho unidades, tendrá capacidad para aportar cerca del 17 % de la demanda eléctrica nacional. Sin embargo, llevamos años sin estructurar y desarrollar un nuevo proyecto hidroeléctrico de semejante magnitud. La seguridad energética no se improvisa: se planea con décadas de anticipación.
También será urgente resolver la crisis financiera del sector eléctrico. Hay que encontrar una salida definitiva a la situación de Air-e, garantizar una fuente estable de financiación para los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, atender las obligaciones acumuladas que presionan las finanzas del sistema y fortalecer la sostenibilidad financiera de Afinia.
Una alternativa que merece ser estudiada es transformar parte de esos pasivos en títulos de deuda con plazos de entre 15 y 20 años. Una solución financiera bien estructurada podría dar liquidez y previsibilidad a las empresas generadoras, ordenar las obligaciones pendientes y reducir la incertidumbre que hoy afecta la confianza y la inversión.
Ecopetrol, por su parte, necesita una decisión fundamental: sacar la politiquería de su administración y blindarla contra cualquier forma de corrupción. La empresa más importante de los colombianos requiere dirección técnica, disciplina financiera, protección de su caja y una estrategia concentrada nuevamente en su negocio esencial: explorar y producir petróleo y gas de manera responsable y rentable.
No podemos normalizar el deterioro de sus resultados financieros ni tomar decisiones apresuradas sobre activos estratégicos como los ubicados en la cuenca del Permian. Ecopetrol debe generar valor para sus accionistas, entre ellos todos los colombianos, garantizar recursos para la Nación y contribuir de manera decisiva a recuperar nuestras reservas y nuestra soberanía energética.
En minería, el camino también debe ser claro: proteger y dar garantías a quienes trabajan dentro de la legalidad, acelerar la formalización de pequeños y medianos mineros y aplicar todo el peso de la ley contra las organizaciones criminales que extraen minerales ilícitamente, destruyen nuestros ríos, contaminan el medioambiente y utilizan el oro para financiar economías ilegales.
La minería formal representa empleo, inversión, impuestos y regalías para las regiones. Estamos hablando de una actividad que tiene un peso significativo en la economía nacional, genera cientos de miles de empleos directos e indirectos y puede aportar enormes recursos al desarrollo territorial. No podemos confundir al minero legal que produce riqueza y empleo con las estructuras criminales que depredan nuestros recursos naturales.
Desde el Congreso, mi propósito será liderar la conformación de una bancada energética que trascienda partidos y permita construir una verdadera política de Estado. Propondremos un paquete legislativo orientado a garantizar una política minero-energética moderna, técnica, competitiva y de largo plazo.
Entre las iniciativas que debemos impulsar están: reconocer el gas natural como energético de transición; establecer reglas claras para la consulta previa, respetando los derechos de las comunidades sin convertirla en un mecanismo indefinido de bloqueo; modernizar y agilizar el licenciamiento ambiental sin disminuir los estándares de protección; garantizar mayores beneficios para las regiones productoras de petróleo, gas y minerales; construir un marco jurídico y técnico para el aprovechamiento responsable de los yacimientos no convencionales, y reconocer la seguridad energética como un derecho colectivo de los colombianos.
También debemos abrir, sin prejuicios ideológicos, el debate sobre todas las fuentes capaces de garantizar energía firme y confiable: la hidroeléctrica, la térmica, el gas natural, la solar, la eólica, los yacimientos no convencionales y, pensando en el largo plazo, la energía nuclear. Colombia no puede darse el lujo de descartar tecnologías por razones ideológicas antes de evaluar rigurosamente su viabilidad científica, ambiental y económica.
Seguiremos construyendo esta agenda junto con las comunidades, la academia, los técnicos, los trabajadores, los gremios, las empresas y los distintos sectores políticos. El objetivo debe unirnos: evitar un apagón, recuperar la soberanía y la seguridad energética, devolver la confianza para invertir y convertir nuevamente al sector minero-energético en uno de los grandes motores del desarrollo, el empleo y la competitividad de Colombia.
Ministra, si logramos que Colombia vuelva a explorar, producir, generar, transmitir e invertir con confianza y seguridad jurídica, estaremos ante la posibilidad de construir un verdadero milagro energético y económico.
El sector energético vuelve a tener esperanza. Ahora hay que convertir esa esperanza en energía para Colombia.