El viento y el agua wayuu, otra entrega a las multinacionales

El viento está ligado con intensidad a la cosmogonía wayuu. “El sol-kaii, Dios de los ancestros, orienta los senderos del pescador errante y que Joütay (Dios del viento) alimenta y brinda oxígeno a Iapü el ser wayuu que en sueños va hacia los vientos alisios que salvaguardan el lugar sagrado de las dunas de Taroa”.

El viento, no todos saben, es riqueza wayuu. Quien sí lo sabe es el BID y, de sobra, las multinacionales. El documento “Hoja de ruta del hidrógeno en Colombia” (2018) habla del “gran recurso eólico en ciertas áreas de la región de Caribe Norte, alcanzando factores de planta de hasta un 63 % en el departamento de La Guajira”. Esa energía renovable es materia prima para el proceso, mediante electrólisis “limpia”, de separación de la molécula del agua para producir hidrógeno verde a bajo costo, estimado en 2030 a 1,7 dólar por kilo (página 16), que produce 33 kWh de electricidad, transables entre 7 y 8 dólares, seis veces más (EIA).

Añade con entusiasmo: “Mientras Colombia puede aprovechar sus abundantes energéticos y recursos hidráulicos (…) para producir el hidrógeno que sirva la demanda doméstica, (…) se ambiciona (…) la exportación (…) el recurso eólico de muy alta calidad en la península de La Guajira” para mercados del Atlántico, del Pacífico y Norteamérica, “con salida directa” a Europa y Asia, “a través del canal de Panamá o desde los puertos colombianos del Pacífico previo transporte por ducto”, y demandas de América Central (página 24).

También lo saben, quienes aprobaron el Conpes 4075 de “Transición energética” (marzo-2022), que denotó “potencial desarrollo de 50 gigavatios para proyectos eólicos costa afuera” y recomendó “garantías y certificaciones de origen para el hidrógeno producido en el país”. Asimismo, Petro y Biden comprometieron a Estados Unidos y Colombia a “avanzar en la interconexión eléctrica en las Américas para ayudar a reducir el costo de la energía, promover el crecimiento de un mercado regional de energía renovable” (https://co.usembassy.gov/), “en el cual la conexión eléctrica Colombia-Panamá se vuelve fundamental” (petro.presidencia.gov.co).

Tal programa, que, desde luego, los wayuu desconocen, explica el “asedio de multinacionales eólicas”, descrito por Joanna Barney en un minucioso libro de 249 páginas (Indepaz, 2023). Trata uno por uno los 57 parques eólicos en tierra y mar adentro (offshore) de 17 empresas matrices, con 29 filiales creadas en el país, que proyectan una capacidad instalada de 12,8 GW. En La Guajira, donde la velocidad de viento, refrendada por el Banco Mundial, es mayor al promedio global, se instalarían 2.833 aerogeneradores (molinos) con líneas de evacuación.

La concentración de infraestructuras sobre territorios y comunidades no es menor. En Uribia hay 35 proyectos, incluidos los de mar adentro, en 5.988 km2, la mitad del área departamental disponible para energía eólica (Universidad de Antioquia, 2019).

El listado del festín de “asediadoras” tras el viento wayuu es largo. Bluefloat Energy, de España y USA, y la española Elecnor, con proyectos offshore; el fondo canadiense Brookfield, de Isagén; la estadounidense AES; la italiana Enel, que hizo “pataleta” con el parque Windpeshi, tiene cuatro más; la portuguesa EDPR, otros cuatro; la francesa EDF, asociada a la española Amda, con tres; Mainstream Renewable Power, de Irlanda, con dos, EPM y Argos. La alta Guajira, en la maraña de enclaves empresariales, disgregará su unidad territorial.

Petro no se para en pelos: “Frenar un proyecto de energías limpias por razones ambientales es un exabrupto y eso está matando la humanidad”, dijo a los afiliados de Acolgen, y Bonilla, ministro de Hacienda, expresó frente al 6 por ciento del ingreso de los parques eólicos cedido a municipios en el Plan de Desarrollo: “Lo tenemos que evaluar y mirar qué pasó” (Valora, 5/11/23).

Las comunidades wayuu en Yanama-ayatajirawa (trabajo colectivo), “Guardianas del viento” en resistencia civil, exigen consentimiento previo, libre e informado frente a las respuestas dadas a las preguntas ajustadas a la Sentencia SU-121 de 2022 de la C. Constitucional, que ampara su subsistencia.

¿Cómo atenuar el impacto visual y el ruido? ¿Cómo compensar la afectación a la ganadería y la pesca? ¿Cómo proteger la fauna aérea? ¿Cómo evitar el deterioro paisajístico, como en el cabo de la Vela con tres aerogeneradores implantados? ¿Habrá desplazamientos? ¿Cómo van los wayuu en el negocio del viento sagrado, vuelto electricidad con hidrógeno verde, esbozado por Petro y Biden?

Entre tanto dilema, ¿seguimos en la época del recurso natural colonial, que renta valor agregado a las transnacionales? ¿Se perturba hasta la cosmovisión wayuu para abarrotar las arcas del capital extranjero, codicioso de la “transición energética”?