“Están con nosotros o están con los terroristas”

El 20 de septiembre de 2001, nueve días después del atentado a las Torres Gemelas, George W. Bush dijo algo que hoy nos recuerda la cruda realidad que vivimos en Colombia: “O están con nosotros o están con los terroristas”. Era un llamado a la claridad, a no permitir zonas grises ante el terror.

Hoy, en Colombia, nos enfrentamos a algo parecido. Un joven sicario de apenas 14 años intentó asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en plena calle de Bogotá. Una mujer, conocida como la Mona, hizo una señal con sus ojos para que el muchacho disparara. Otros más —alias Churco, alias el Costeño y alias Cachaco— participaron, y saldrán más. ¿El resultado? Miguel sobrevivió por poco, inhabilitado por ahora, pero vivo; la democracia quedó herida de muerte.

La Fiscalía, dirigida por Luz Adriana Camargo, decidió tratar este ataque simplemente como “tentativa de homicidio”. Es decir, lo mismo que una pelea callejera o un asalto cualquiera. ¿Acaso no entienden que esto fue mucho más grave? Cuando alguien intenta asesinar a un candidato en campaña, no solo quiere matarlo a él, sino sembrar miedo en la población. Se trata, claramente, de terrorismo. El Código Penal colombiano es muy claro: cualquier acto que busque provocar miedo y afectar la vida e integridad de las personas es terrorismo. Entonces, ¿por qué no lo llaman por su nombre?

El problema no es solo que no se llame terrorismo al terrorismo, sino que aquí el crimen paga. ¿Cómo funciona la justicia colombiana? Si el criminal confiesa, recibe descuentos; si delata a sus cómplices, que de por sí ya fueron identificados, más rebajas; si no tiene antecedentes o es menor de edad, aun menos castigo. Resultado: el atentado a Miguel, que es un ataque contra nuestra democracia, quedará prácticamente sin consecuencias. Tal vez el menor reciba una sanción leve y los demás salgan libres en pocos años. Mientras tanto, el mensaje para la ciudadanía es que intentar matar a un político en Colombia es más barato que robarse un celular.

Seamos claros: este ataque no fue obra de un adolescente solo. Fue planeado por una banda criminal. Pero aquí ni siquiera se les imputa concierto para delinquir, esa figura que castiga a quienes cometen crímenes en grupo. En cualquier país del mundo, un acto así contra un candidato presidencial sería terrorismo electoral, con castigos ejemplares. Pero aquí no. Aquí los delincuentes cuentan con celulares en las cárceles, desde donde ordenan asesinatos y extorsiones. Aquí, las prisiones parecen hoteles para criminales, donde las órdenes salen tan fácilmente como las visitas entran.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, guarda silencio como si no fuera su obligación decir claramente que la Fiscalía defenderá nuestra democracia. No dijo nada cuando era necesario. Eligió un silencio que ofende y duele más que el disparo mismo. Y nosotros, los ciudadanos, nos quedamos viendo cómo la justicia minimiza un atentado contra la democracia y contra todos nosotros.

Colombianos, es hora de despertar. ¿De verdad vamos a aceptar vivir en un país en el que intentar matar a un político es cotidiano?, ¿vamos a acostumbrarnos a que nuestros candidatos tengan más escoltas que ideas?, ¿queremos vivir con miedo a participar en la democracia? Porque eso es lo que lograron con este atentado: mandar un mensaje de terror, un mensaje que nos dice que si opinamos, si aspiramos, corremos peligro. Y eso es terrorismo, puro y duro.

George W. Bush lo dijo claramente hace más de veinte años: o se está con la democracia o se está con los terroristas. Aquí, hoy, las instituciones deben elegir de qué lado están. La Fiscalía General debe dar un mensaje contundente, debe llamar al terrorismo por su nombre, debe investigar quién financió y ordenó este atentado, debe demostrar que la vida de un político no vale menos que la de un ladrón.

No permitamos que la democracia muera lentamente frente a nuestros ojos. No aceptemos que la justicia se convierta en la mejor aliada del terrorismo. No toleremos más silencio ni más impunidad. Es hora de que el Estado colombiano se ponga del lado correcto: el nuestro, el de los ciudadanos que todavía creemos en un país justo, seguro y democrático. Porque si no lo hacen, estarán demostrando, con hechos, que están del lado equivocado de la historia. Del lado de los terroristas. Y eso, colombianos, no lo podemos permitir más.