La EPS Asmet Salud, con sede en Popayán, fue intervenida en mayo de 2023 por el entonces superintendente nacional de Salud, Ulahi Beltrán. Este nombró al interventor. En enero de 2024, el interventor firmó un contrato por $4.490.000.000 con Raúl Salvador Donado Beltrán, persona con la cual Ulahi Beltrán había celebrado en un cargo anterior un negocio ilícito. Donado firmó el contrato con la EPS intervenida a nombre de Ethical Healthcare Management, empresa SAS que él compró tresmeses después de decretada la intervención. Cinco meses después le dieron el contrato. ¿Objeto del mismo? Realizar el saneamiento financiero de Asmet Salud en Caldas, Santander y Norte de Santander.
Los antecedentes de Raúl Salvador Donado Beltrán son de público conocimiento. En 2019 firmó un contrato con Ulahi Beltrán, entonces gerente del hospital público de Barranquilla, el Hospital Universitario Cari, por más de $12.000 millones para administrar el Cari. El consorcio que representaba Donado se constituyó el 23 de diciembre de 2019 y el contrato se firmó cuatro días después. Ulahi Beltrán firmó sin tener autorización de la junta directiva. El contrato no se ejecutó cuando se descubrió que carecía de autorización de la junta. Donado demandó al Estado pidiendo una indemnización de más de $600.000 millones. La demanda no prosperó, pues el contrato fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
En 2018, la Armada Nacional advirtió al público que se abstuviera de hacer negocios con Raúl Salvador Donado Beltrán. Esto dijo el comunicado de la Armada: “El Centro de Recreación de Oficiales Club Naval Santa Cruz de Castillogrande, de la ciudad de Cartagena, informa que no tiene ningún tipo de vínculo comercial y/o laboral con la empresa Bella Novia Eventos y Etiqueta, su dueña, Diana Zoe Donado Beltrán, y su director ejecutivo, Raúl Salvador Donado Beltrán. Teniendo en cuenta lo anterior, no nos hacemos responsables por los contratos que la empresa Bella Novia Eventos y Etiqueta suscriba con terceros. Lamentamos los hechos ocurridos y recomendamos ser cautelosos en la contratación de estos servicios”. Esta alerta es significativa, porque entre 2015 y 2017 el teniente coronel Raúl Salvador Donado Beltrán fue director de la Escuela de Formación de Infantería de Marina en Coveñas, Sucre. La descalificación proviene, pues, del arma a la cual perteneció el oficial.
¿Quién salió al rescate de este individuo con el cual no se puede ni siquiera negociar un traje de novia? El Gobierno de Gustavo Petro. Y en este caso no cabe la excusa que Petro dio frente a Olmedo López, que pertenecía a la izquierda antioqueña y que por eso lo nombró. Donado no es de izquierda, es un militar.
No hay justificación para entregar más de $4.000 millones de recursos públicos de la salud a un militar que no tiene experiencia alguna en la materia. El Gobierno hace casi cuatro años descabezó a 60 generales que tenían una larga hoja de vida, pero contrató a un militar sin experiencia para, supuestamente, sanear la salud.
Ulahi Beltrán es un elemento de pésimos antecedentes. El 4 de marzo de 2020, la Contraloría Departamental del Atlántico lo separó de su cargo por haber firmado tres meses antes el contrato con Raúl Salvador Donado Beltrán sin autorización de la junta directiva, el mismo contrato que fue declarado nulo. Tampoco aquí cabe el pretexto de la izquierda, porque Ulahi Beltrán no es de izquierda, pertenece al partido de los avivatos.
El presidente engañó a los ciudadanos nombrando superintendente nacional de Salud a un personaje falto de honestidad que había firmado un contrato ilegal por $12.000 millones. Ulahi Beltrán salió de la Supersalud cuando se supo que un funcionario suyo estaba pidiendo dinero a una clínica del Huila vigilada por la superintendencia. Ahora se sabe que un interventor nombrado por Ulahi Beltrán firmó un contrato por una tercera parte de ese valor con la misma persona con la cual Beltrán pactó un negocio ilegal. La responsabilidad política de estas conductas indebidas es del presidente Petro.
El grito de Petro esta semana fue liquidar varias EPS. El anuncio lo criticó el exministro de Salud del Gobierno Santos, Alejandro Gaviria, como carente de mínima planeación. Es cierto. También es cierto que cuando Gaviria fue ministro se liquidó una EPS que no estaba quebrada cuando la intervinieron, Saludcoop. La quebró el interventor, Guillermo Grosso. Bajo el ministerio de Gaviria también fenecieron otras EPS sanas, como Cafesalud y Cruz Blanca. ¿Por qué los distintos Gobiernos sí pueden vigilar los bancos y otras entidades financieras por medio de la Superfinanciera, sin el caos que reina en las EPS vigiladas por la Supersalud?