Opinión
Fiscalía protege a un prófugo de la justicia
Esta gigantesca malversación organizada por el epidemiólogo infeccioso de Bucaramanga demuestra que los mecanismos que deberían operar para frenar o castigar el delito no funcionaron.
El oficio de la Fiscalía está fechado el 2 de noviembre de 2017. Lo firma Ángela María Santa Toro, fiscal 46 delegada. Se refiere al proceso penal que cursa en esa fiscalía contra Fredi Alexánder Díaz Quijano por apropiación ilegal de recursos públicos. Fredi Díaz firmó un contrato por 18.000 millones de pesos con el gobernador de La Guajira para reducir la incidencia del dengue en ese departamento. El oficio señala que un juzgado penal de Bogotá impuso medida de aseguramiento intramuros y libró orden de captura contra Díaz Quijano, “quien se encuentra prófugo de la justicia”.
Hoy, siete años después, Fredi Díaz sigue prófugo de la justicia porque la Fiscalía no ha hecho nada para capturarlo. No está escondido, ni cambió de identidad, ni se hizo cirugía plástica. Es profesor en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, como puede comprobarlo cualquier persona escribiendo su nombre en Google. La Fiscalía es la única que no se ha enterado de su paradero. Esta negligencia es particularmente ofensiva, porque con las pruebas suministradas por la Fiscalía, la magistrada Patricia Salazar Cuéllar, de la Corte Suprema de Justicia, condenó al gobernador de La Guajira José María Ballesteros a 15 años de prisión. Los dos eran socios en el peculado, el gobernador y Fredi Díaz, pero solo uno paga cárcel.
Fredi Díaz es un médico epidemiólogo deshonesto, egresado de la UIS, la Universidad Industrial de Santander. Él y su novia en la época de estudiantes, la también epidemióloga Ruth Martínez Vega, crearon una entidad ficticia, la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud, Olfis. ¿Organización latinoamericana? Todos los miembros de la junta directiva son de Bucaramanga. ¿Investigación en salud? Aparte de Díaz y su novia, los miembros de la junta son el hermano de Fredi Díaz, un tío y su papá, Salvador Díaz Garzón, que fue alcalde de Zapatoca (2012-2015). ¿Sede de la organización científica? La casa 60 del conjunto Los Laureles de Bucaramanga, donde vive la mamá de Fredi Díaz. En suma, un fraude para apoderarse de las regalías de La Guajira. El gobernador sabía que Olfis era una entidad de papel. No le importó, pues alcanzó a autorizar dos anticipos. Con ese dinero, Fredi Díaz benefició a su familia y amigos. Nombró a su hermano Ronald como gerente financiero. Nombró a la novia de Ronald. Nombró a un analista de nóminas que no sabía de nóminas. Nombró a alguien que estaba en São Paulo. Nombró a otros. Ninguno trabajó. Se robaron la plata. La investigación sobre el dengue no se hizo y los equipos comprados por 1.290 millones se los llevaron para Bucaramanga.
Fredi Díaz nombró a su novia Ruth Martínez Vega y le pagó 121 millones de pesos con dineros de La Guajira. Ella vive hoy en Canadá. Si la Fiscalía fuera una institución seria y eficiente, alguien habría notado que desde hace siete años hay un expediente abierto contra Fredi Díaz y se habría procedido a activarlo. No puede haber casos en el limbo.
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Esta gigantesca malversación organizada por el epidemiólogo infeccioso de Bucaramanga demuestra que los mecanismos que deberían operar para frenar o castigar el delito no funcionaron. No funcionaron por complicidad activa o por complicidad pasiva, por acción o por omisión de la Fiscalía, pero el resultado es igual. La obligación de la Fiscalía era lograr que un juez mandara a la cárcel a Fredi Díaz, como sí lo hizo la magistrada Patricia Salazar Cuéllar con el gobernador.
La Fiscalía se burla de los colombianos. Este es el boletín de prensa 55669 del 11 de abril: “Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a la pena de 20 años de prisión a Óscar Daniel López Araujo, responsable del delito de hurto calificado y agravado”. El condenado hurtó a un comerciante en Inírida, capital del Guainía, un bolso con 9 millones de pesos. Nunca veremos un boletín de prensa que explique por qué la Fiscalía lleva años sin lograr la condena del epidemiólogo infeccioso al que le entregaron una bolsa con 18.000 millones de pesos. Nunca veremos anuncios sobre los expedientes que languidecen en los despachos de los fiscales. Nunca veremos publicaciones sobre fiscales separados de sus cargos por incumplimiento de sus funciones.
