Alberto Donadio  Columna

Opinión

¿Fracaso de la nación? ¡Mamola!

Ya no son los paramilitares los agentes de la violencia, pero el clamor sigue siendo igual: no se tomaron medidas preventivas.

Alberto Donadio
1 de febrero de 2025

La situación del Catatumbo es un fracaso de la nación, según el presidente Petro. No es cierto. El fracaso es de los gerentes de la nación, es decir, de él y de sus antecesores. La nación cada cuatro años escoge un gerente o administrador, llamado presidente. No es toda la nación la responsable de que los males se perpetúen y los problemas se vuelvan crónicos. Es la omisión, la inacción y la torpeza de los gobernantes. ¿Por qué en la campaña presidencial el candidato Petro no advirtió que lo que saliera mal en su gobierno se lo achacaría a un fracaso de la nación? Eso habría sido honesto.

Las responsabilidades genéricas no existen. Lo prueba otro episodio de violencia, sucedido en el Catatumbo en 1999, cuando hubo muertos y desplazados, aunque no tantos como ahora. Las víctimas demandaron al Estado y ganaron. La Justicia determinó de manera fundamentada que la violencia se presentó por omisión de las autoridades. No fue un fracaso de la nación, imputable a los antioqueños, a los vallunos, a los tolimenses y a todos los colombianos.

Después de una incursión de paramilitares ese año de 1999, el gobernador del Norte de Santander le escribió al ministro de Defensa: “Es de público conocimiento que la zona del Catatumbo y el corregimiento de La Gabarra se han convertido en centro de producción y tráfico de cocaína, en donde hacen presencia organizaciones guerrilleras, ELN, Farc, EPL, las cuales mantienen el control de la zona, entre otros motivos, porque la Policía fue retirada a raíz del levantamiento de la base del Ejército Nacional que se encontraba allí acantonado”. Todo sigue igual un cuarto de siglo después. Otra afirmación del entonces gobernador sigue siendo cierta hoy: “Los habitantes de la región amenazan con desplazarse hacia la ciudad de Cúcuta, sembrando el pánico y desconsuelo en muchos compatriotas que han tenido que vivir bajo el yugo de la insurgencia”. En 1999, los desplazados de La Gabarra fueron algo más de 2.000, mientras que hoy los desplazados de todo el Catatumbo se estiman en 50.000, es decir, lo mismo, pero mucho peor.

Esos desplazados de La Gabarra, albergados en el Coliseo Menor de Cúcuta, afirmaban: “Las comunidades tampoco nos explicamos cómo los grupos paramilitares se desplazaron en camiones y atravesaron como Pedro por su casa por lugares donde permanentemente se ubican retenes militares y policiales, y menos aún que no se tomaron medidas preventivas por parte de la fuerza pública, cuando el jefe paramilitar Carlos Castaño había anunciado desde tiempo atrás que se tomaría el Catatumbo a como diera lugar”. Ya no son los paramilitares los agentes de la violencia, pero el clamor sigue siendo igual: no se tomaron medidas preventivas.

La sentencia que les dio la razón a las víctimas afirma: “Las autoridades militares y policiales tenían conocimiento de la grave situación de orden público que afrontaba la región del Catatumbo, de la inminente llegada de grupos de la organización Autodefensas Unidas de Colombia al municipio de Tibú, al cual pertenece el corregimiento de La Gabarra, y de la gravísima situación de peligro que se cernía sobre los pobladores de dicho municipio y, en particular, de tal corregimiento, a pesar de lo cual no tomaron las medidas necesarias para hacer frente a tal situación y proteger a la población civil que se encontraba inerme frente a tales amenazas y peligro, como era su obligación constitucional y legal”.

La sentencia concluyó: “De no haber sido por la conducta omisiva de las autoridades públicas –Ejército Nacional y Policía Nacional–, los pobladores del corregimiento de La Gabarra, a que se ha venido haciendo relación, no se habrían visto forzados a desplazarse de este hacia otros lugares y no se habrían causado los perjuicios morales por cuya indemnización se reclama”. Los desplazados recibieron, cada uno, 50 salarios mínimos mensuales del Ministerio de Defensa, que no se atrevió a afirmar que lo ocurrido en ese entonces había sido un fracaso de la nación, porque en un proceso judicial no caben necedades que solo puede lanzar un presidente desacreditado.

La sentencia, breve y contundente, contra Petro por los hechos recientes del Catatumbo aparece en un artículo del periodista Juan Forero de The Wall Street Journal, publicado esta semana: “La política de Petro ha dado a grupos que se parecen a los carteles del narcotráfico mexicanos la oportunidad de fortalecerse mientras fingen interés en las conversaciones de paz”.

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