Opinión
Fuerzas extranjeras en el Catatumbo: el riesgo de ceder soberanía
Colombia corre el riesgo de comprometer no solo su soberanía territorial, sino también su capacidad de disuasión y cooperación.
La situación en el Catatumbo representa una grave amenaza a la soberanía nacional de Colombia. La errática política exterior, sumada a las tensiones con aliados estratégicos como Estados Unidos e Israel, incrementa la vulnerabilidad del país; mientras que la falta de coordinación interna dificulta una respuesta eficaz ante esta crisis territorial y humanitaria.
A raíz de los numerosos hechos relacionados con la peor crisis humanitaria en la historia reciente de Colombia, y pese a haber sido informado directamente por el presidente Gustavo Petro, está pasando a un segundo plano un hecho de extrema gravedad que compromete la soberanía nacional. Según lo declarado por el mandatario: “Una fuerza extranjera está ocupando un territorio. Hemos perdido mucho territorio porque no nos hemos hecho matar, pero lo que hay en el Catatumbo es una fuerza extranjera ocupando un territorio. Esto es un problema de soberanía nacional, no solo es un conflicto interno”.
Resulta especialmente preocupante lo manifestado por el presidente Petro, y el país requiere una explicación clara y transparente al respecto. Surge una pregunta fundamental: ¿la “fuerza extranjera” mencionada por el mandatario, que ocupa territorio colombiano, corresponde al ELN? Es decir, ¿un grupo que actúa como guerrilla binacional, funcionando como grupo guerrillero en Colombia y como grupo paraestatal en Venezuela, con integrantes de nacionalidad venezolana?, ¿o acaso se trata de una alianza entre el ELN, los carteles de narcotráfico mexicanos y el cartel de los Soles en un esquema de crimen transnacional?, ¿podría tratarse, incluso, de tropas regulares del ejército venezolano?
Por su parte, el dictador Nicolás Maduro, refiriéndose al mismo tema, anunció que tropas venezolanas se encontraban desplegadas en la región del Catatumbo, supuestamente en apoyo a la población colombiana. Al analizar ambos pronunciamientos, queda claro que se está hablando del mismo tema. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿de qué lado está realmente el gobierno venezolano?
La denuncia presidencial deja más preguntas que respuestas, pero pone en evidencia la creciente vulnerabilidad de la región fronteriza con Venezuela. Durante la época del presidente Hugo Chávez, ya eran evidentes las ambiciones territoriales venezolanas, reflejadas en mapas donde esa zona, junto con el norte de La Guajira, aparecían como parte de su territorio. ¿Estamos presenciando un avance en esa vieja ambición? ¿Es acaso la tragedia humanitaria del Catatumbo, utilizada como excusa para justificar y legalizar la permanencia de tropas extranjeras, en flagrante violación de la soberanía nacional?
La política exterior del presidente Petro no podría ser más desastrosa, y existe el peligro de que las “tropas extranjeras” aprovechen esta debilidad para continuar ganando soberanía territorial, como ha sido una constante en los últimos 100 años de historia republicana. Hay dos hechos que afectan de manera directa la seguridad nacional. El primero es el daño a las relaciones con Israel, uno de nuestros principales aliados estratégicos, que ha sido crucial en el suministro de material bélico, equipos de comando y control, repuestos para armamento y, sobre todo, en el intercambio de capacidades de inteligencia frente a amenazas transnacionales e internas. El segundo, es el empeño constante del presidente Petro por deteriorar aún más las relaciones con Estados Unidos, nuestro principal aliado estratégico y vital para mantener y desarrollar las capacidades necesarias para enfrentar amenazas como la violación de nuestra soberanía nacional.
Los constantes señalamientos y enfrentamientos a través de las redes sociales con el presidente Donald Trump ya están comenzando a tener efectos muy negativos, poniendo en riesgo las capacidades estratégicas del país. Un ejemplo reciente es la orden del Gobierno estadounidense de suspender, hasta nueva orden, el empleo de 22 helicópteros Black Hawk (UH-60) por la Policía Nacional para múltiples misiones, especialmente, la lucha contra el narcotráfico y contra la minería criminal. Esta suspensión afecta gravemente las operaciones coordinadas con las Fuerzas Militares, cuando la seguridad ciudadana se cruza con la seguridad nacional, como es el caso actual en el Catatumbo.
La preocupación crece al evidenciar que el conductor político, mediante un uso desmedido e irresponsable de las redes sociales, ha divulgado información de inteligencia clasificada como secreta o ultrasecreta, relacionada con la ubicación del enemigo. Esta acción viola principios fundamentales de la inteligencia, como la compartimentación, que protege a las fuentes, y la confianza, que garantiza la seguridad de las tropas encargadas de ejecutar la operación.
En este contexto, resulta difícil comprender cómo se justifican los planes operativos combinados con el régimen de Nicolás Maduro, considerando el evidente apoyo encubierto que este brinda al ELN. Mientras tanto, las Fuerzas Militares continúan realizando un esfuerzo operativo significativo para contener la escalada terrorista y brindar condiciones para el retorno seguro de más de 53.000 desplazados a sus comunidades.
Si esta confrontación continúa, otros aspectos de igual o mayor importancia podrían verse afectados. Uno de ellos son los entrenamientos de operaciones binacionales que realiza la Armada Nacional, a nivel de grupos de tarea con buques de superficie y la fuerza submarina, lo que permite a Colombia participar en operaciones con la Otan. Igualmente, los entrenamientos altamente especializados de la Fuerza Aérea Colombiana y, ni que decir, el intercambio operacional entre el Ejército colombiano y el Ejército de Estados Unidos, en los cuales Colombia es ampliamente reconocida a nivel regional y juega un papel disuasivo al demostrar sus capacidades estratégicas.
El reciente consejo de ministros del presidente Petro pone en evidencia desconexiones internas y dificultades para coordinar respuestas efectivas ante situaciones críticas, como las ocurridas en El Plateado y, más recientemente, en el Catatumbo. Un claro ejemplo de esto, según lo manifestado por el presidente Petro, es que, de los 780 compromisos asumidos con las comunidades, solo se ha cumplido el 15 %.
El presidente Petro enfrenta desafíos internos y externos que ponen en peligro la soberanía nacional. La crisis en el Catatumbo, junto con la intervención de fuerzas extranjeras, exige una respuesta clara y efectiva. Sin embargo, una política exterior errática y las tensas relaciones con aliados clave, como Estados Unidos e Israel, han dejado al país en una posición de mayor vulnerabilidad. Si no se implementa una gestión institucional sólida y un enfoque decidido en la defensa de los intereses nacionales, Colombia corre el riesgo de comprometer no solo su soberanía territorial, sino también su capacidad de disuasión y cooperación.