Gestiones que valen la pena destacar

Una de las cosas que más sorprenden en Colombia es la incapacidad generalizada de reconocer y admitir las buenas acciones y aciertos en cabeza de muchos funcionarios que desempeñan bien su trabajo, en nuestro contexto, nos deleita criticar y fustigar al funcionario y en gran parte, todo ese bullicio mediático ha generado un efecto natural de prevención en cabeza de los ciudadanos para servir con su país, es frecuente escuchar en los más jóvenes ese sentimiento de repudio y total apatía hacia la cosa pública, vemos cómo cada vez más, las opiniones y percepciones de las ramas del poder público, atraviesan por dramáticos e inéditos índices de aceptación, la ciudadanía no se siente identificada ni mucho menos representada con sus gobernantes locales, ni con los departamentales, así mismo la desconexión con el nivel central de la administración es absoluto, salvo un par de ministerios, que por su trascendencia son apenas conocidos pero la desaprobación es generalizada. Con misma suerte corre nuestro legislativo, que desde hace mucho tiempo dejó de ser un cuerpo que con solvencia satisficiera las expectativas ciudadanas, por su parte la rama judicial lleva inmersa en una opacidad durante décadas, y aunado a ello, los recientes episodios de corrupción terminaron hundiendo la percepción de la majestuosidad de nuestra justicia en escenarios nunca antes vistos, en los que expresidentes y magistrados de las altas cortes, se encuentran salpicados por escándalos insólitos, los otrora guardianes de la justicia hoy se defienden en causas penales por delitos de cohecho y tráfico de influencias, una verdadera paradoja, propia de cualquier relato macondiano.

Sin embargo, lejos de seguir perpetrando una crítica odiosa y sin mucho sentido, es momento de destacar las cosas que funcionan bien y aquellas que merecen ser exaltadas por su importancia y cuya trascendencia rara vez es objeto de primeras páginas o de editoriales, por ello, en forma especial queremos llamar la atención sobre el programa del actual contralor general de la nación denominado “Compromiso Colombia “.

Semana tras semana, se ve al Dr. Córdoba en alejados rincones de la patria y tal como si fuere un funcionario del nivel central de la administración o como un servidor de alguna entidad territorial, se le ve en un constante contacto con la comunidad, entregando obras, oyendo a la gente, dialogando con la sociedad, pero lo mejor, rindiendo cuentas.

La función constitucional de la Contraloría en Colombia se enmarca en la compleja tarea de desplegar la vigilancia de la gestión fiscal de la administración a todas las entidades e incluso a los particulares que manejan recursos públicos, y así mismo, es el órgano rector de la acción fiscal y por ende un guardián de la moralidad pública, sin embargo, durante los años, una de las dificultades más grandes que ha tenido que lidiar la Contraloría es precisamente que la percepción ciudadana entienda a que se dedica, es frecuente ver como el ciudadano promedio ignora por completo en que consiste las labores desarrolladas por el mayor órgano de control del estado colombiano, muchas veces el ciudadano no sabe qué esperar de la Contraloría, cuando en la práctica es un coadyuvante de los intereses públicos, y que particularmente en este periodo ha logrado inmiscuirse mucho más con la ciudadanía, bajo unas premisas fundamentales; la participación ciudadana, el acceso a la información pública y el control social, es por ello que se ha vuelto habitual que el contralor sea registrado por las cámaras en actos públicos acompañando a las autoridades a entregar diferentes obras de infraestructuras que llevaban años durmiendo el sueño de los justos bajo las cobijas de la corrupción.

El contralor fue fotografiado en un pueblo escondido de la costa caribe, en el acto de entrega de un colegio que estuvo 3 años, léase bien, 3 años sin poderse terminar por la falta de un certificado que autorizaba la energía para dicha institución educativa.

La Contraloría asumió un rol que logra materializar su connotación constitucional, y como era necesario se volvió en una entidad solidaria y doliente de los recursos públicos de los colombianos, que mediante su eficaz funcionamiento ha logrado tornarse en uno de los referentes institucionales durante estas complejas épocas.

Los esfuerzos de la Contraloría de velar por la moralidad pública han sido más que evidentes, sin embargo, en nuestro país requerimos una nueva configuración que permita extraer de la percepción social esos oscuros elementos que sin duda están enquistados en nuestras más profundas concepciones. Somos un país apabullado por la corrupción, donde para nadie es un secreto que los recursos estatales terminen comprometidos en otros asuntos a los inicialmente previstos y lo más grave; en otros bolsillos, todo en detrimento del bien general, por la criminal satisfacción particular.

Desafortunadamente vivimos un país donde existen obras de infraestructura ordenadas presupuestalmente desde hace varias décadas y en las que nunca se ha siquiera puesto el primer ladrillo, un país donde un gobernador montó una red de falsos enfermos de hemofilia para defraudar la salud de un departamento entero, Colombia es sin duda una de las naciones más atormentadas por el monstruo de la corrupción, basta con mirar solo dos indicadores fundamentales: por un lado, la financiación de las campañas políticas, en las que de conformidad con los estudios emitidos por Transparencia por Colombia, no se logra evidenciar una eficiente subvención estatal para las campañas electorales, así mismo, los costos y gastos de las campañas en el país son excesivos; “En elecciones de Congreso 2018 en tan solo 4 meses de campañas se reportaron gastos por un total cercano a los 252.000 millones de pesos.” Por el otro lado, la contratación pública, si bien la Ley 80 de 1993, estableció la licitación pública como la regla general en materia de selección objetiva de los contratistas, en la actualidad, en la totalidad de procesos contractuales adelantados por las entidades de orden nacional solamente el 12% de estos estos procesos son adjudicados a través de licitación pública.

Es momento, para un funcionario como el Dr. Córdoba, quien ha mostrado contundentemente su talante y condición para que ponga la lupa sobre el apremiante proceso de vacunación que está ad portas de comenzar, para que los recursos públicos en juego sean bien distribuidos en aras de lograr mitigar la brutalidad con la que la pandemia nos ha golpeado.