Gobernanza del crimen en Bogotá

El Tren de Aragua, con más de 3.000 miembros, se ha convertido en una de las estructuras de crimen transnacional con mayor capacidad operativa en Colombia, Perú, Chile y Venezuela, con presencia en capitales y zonas fronterizas. Según la ONG Insight Crime, los cimientos de esta organización datan del 2013 cuando su líder Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero” fue encarcelado en la prisión de Tocorón en Aragua, Venezuela. Construyó una red dedicada a la extorsión y al tráfico de migrantes. Desde 2018, se ha expandido en la región aprovechando el éxodo de venezolanos víctimas de la dictadura y el hambre.

Bogotá ha sido atemorizada por estos criminales que aparentemente tienen una relación con las disidencias del Frente 33 y son responsables de homicidios, extorsiones, hurtos, venta de drogas, asesinatos en casas de pique, que constituyen los ejes de su accionar.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la guerra entre esta y otras organizaciones delincuenciales para controlar las economías ilegales en las localidades de Kennedy, Bosa, Los Mártires y Ciudad Bolívar y así dominar las dinámicas del microtráfico. En este mapa delictivo se están “Los paisas”, “Los negros”, “Los Boyacos”, “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, “Los pereiranos” y “Los Pascuales”. El resultado de estos enfrentamientos dejó 243 acciones sicariales, la aparición de 28 cuerpos embolsados con signos de tortura en 2022, y en lo corrido del año han aparecido 15 cuerpos.

Recientemente amenazaron a los residentes del barrio El Tintal quienes recibieron panfletos, indicando que el suministro de agua del conjunto sería contaminado y que lanzarían granadas por los ascensores. No siendo suficiente extorsionan a comerciantes, piden hasta $50 millones para no matarlos a ellos o a sus familiares. Los ciudadanos se sienten desprotegidos, abandonados y solos.

Sus tentáculos han llegado a permear en la institucionalidad. La Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, desmantelaron una banda de policías llamada “la sombra” que operaba desde el CAI Caldas en Kennedy, protegiendo a los sicarios, cobrando extorsiones, facilitando prostitución infantil y permitiendo el tráfico de drogas en el sector de la 38. Reitero que se debe continuar con la purga dentro de la institución y que aquellos que manchan el uniforme reciban el mayor castigo ya que afectan la confianza en la fuerza pública.

Aunque la Alcaldesa anunció la creación de un Equipo Especial contra el Multicrimen y una estrategia integral de seguridad, convivencia y justicia, la ciudadanía sigue sin resultados contundentes. Urge cambiar el enfoque, las autoridades deben trabajar mancomunadamente para mejorar sus capacidades en inteligencia con el fin de capturar y desarticular a estas bandas que operan en la ciudad y desde las cárceles, que se ha convertido en oficinas satélites de la criminalidad. Se necesita control real y efectivo en los establecimientos carcelarios, superar el hacinamiento con mayor infraestructura y controlando la creciente corrupción que permite que el dinero sea el amo y señor de las transacciones internas. Urge la reforma al Inpec.

El crimen se convirtió en un fantasma que acecha todos los rincones de la ciudad. Hay una gran empresa delincuencial responsable de extorsiones, amenazas, hurtos, microtráfico, homicidios y de una guerra por el control territorial. La seguridad está fuera de control y los bogotanos estamos a merced del miedo.