Gobierno autónomo de la salud y privatización de la red pública

Este ‘nuevo’ proyecto pretende volver al debate de sordos que ha caracterizado toda la iniciativa de reforma desde los tiempos de la ministra Corcho hasta el autismo ineficaz del ministro Jaramillo.

También busca dejar la constancia notarial de una visión politizada, estatizada y burocratizada de la salud. Un sistema plagado de burocracias nacionales y territoriales donde se diluirán las responsabilidades frente al usuario y cuyo elemento esencial es el nombramiento de los miembros de 40.000 inútiles CAPS —que ya está en marcha con recursos de la prestación— secuestrados por el ministro Jaramillo, y que serán la base de su loca aspiración a la presidencia de la República.

En el proyecto el Consejo Nacional de Salud sigue como un ente de representación populista, sin un alcance técnico real, que quedaría supuestamente en una indeterminada secretaría técnica y que, en cualquier caso, no sería el ente rector de la salud porque no generaría sino “conceptos” no vinculantes para el ministro.

Se plantea esto en la reforma cuando hoy se valida más que nunca la necesidad de un ente regulador separado de la instancia política para la salud, justificado no solo por la complejidad creciente para determinar qué terapias deben ser ingresadas al plan de beneficios, cuáles deben ser los mapas de riesgos sanitarios regionales, los sistemas locales de salud que deben enfrentarlos y las notas técnicas con las cuales se estimarán las incidencias, tarifas y reservas para asegurar su adecuado aseguramiento; sino por los riesgos evidentes de dejar en manos del gobierno de turno y sus compromisos ideológicos los destinos de un sistema de salud de amplia cobertura y evolución constante.

La desfinanciación intencional del sistema por la demora en el pago de los presupuestos máximos reconocidos y sus ajustes y el suicida reajuste arbitrario e insuficiente de la UPC en las vigencias 2023 y 2024, fueron herramientas inmorales para habilitar la toma de control de más de la mitad de los usuarios a través de las EPS intervenidas, propósito que no solo ha costado vidas, quiebras, despidos y traumatismos severos en la atención y dispensación, sino que ha roto la confianza entre los actores del sistema y el estado.

En el futuro próximo debemos reconstruir el gobierno de la salud asegurando una instancia técnica e independiente de regulación, en la cual el gobierno de turno no tenga el control absoluto, emulando la estructura de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la Comisión de Agua Potable y Saneamiento (CRA) o la junta directiva del Banco de la República.

El gobierno de turno debe mantener en la superintendencia la responsabilidad de la inspección, vigilancia y control en el sector no solo centrado en monitorear la calidad y oportunidad de la atención, sino manteniendo capacidades importantes de inspección de los entes que aseguren el control de costos del sistema y la coordinación de las redes de atención, como quiera que se terminen llamando y que inspeccione eficazmente a los grandes prestadores.

El Ministerio y sus institutos adscritos deberán contribuir a la planeación, regulación y vigilancia en armonía con un Consejo Nacional de Salud exclusivamente técnico, y formular propuestas de manejo de los grandes riesgos de salud del futuro y asegurar la financiación y el control del costo.

Los entes territoriales y sus secretarías deben continuar siendo los inspectores de primera línea de la calidad de la prestación a través de la habilitación y asumir ejecutivamente el despliegue de las campañas permanentes de salud pública y diagnóstico temprano.

Debemos ponernos de acuerdo para quitarle a la politiquería la administración de la red pública hospitalaria. Sus indicadores son pésimos y su costo altísimo y se la pasan de plañideras en lugar de generar esquemas de gestión eficaces y sobre todo transparentes.

A la manera de la infraestructura portuaria en los noventas, considero urgente el concesionamiento por unidades o en bloques a privados de toda esta infraestructura a cambio de recursos para solucionar sus pasivos laborales y la adecuación de esta red a norma sismorresistente y actualización física de las instalaciones y tecnologías. Esta privatización permitiría aprovechar las Empresas Sociales del Estado para ampliar en el municipio y los departamentos las redes de atención con eficacia y calidad y permitiría quitarles esos presupuestos a las garras siniestras de la corrupción política.

Nada de esto se discutirá en serio en el congreso y el país. La prensa y los opinadores seguirán el lánguido trámite de la reforma, mientras los operadores del negocio de la salud de este gobierno seguirán con el ordeño sistemático de recursos a través de interventores ineptos o corruptos que entregan gustosos las EPS de los colombianos a la codicia y rapiña de los aliados regionales del Pacto Histórico.

Mientras se degenera la salud de los colombianos, el pago de carteras de las EPS intervenidas se seguirá decidiendo en oscuras oficinas de abogados en la ciudad de Barranquilla.