Gobierno pimpinero

En cercanías de la frontera con Venezuela, los pimpineros que vendían gasolina subsidiada y contrabandeada desde el vecino país o robada de los poliductos de la filial de Ecopetrol Cenit, en pimpinas grandes conocidas como las tres tetas, andan en dificultades.

Ante la escasez de la gasolina venezolana de contrabando, los excompradores de gasolina ilegal la compran ahora en las estaciones de combustible colombianas para revenderla con una utilidad de alrededor de mil quinientos pesos por galón. Sus clientes ya no son motorizados que buscan un mejor precio de la gasolina, sino motociclistas y automovilistas que la aprecian por la conveniencia del lugar donde la venden, mientras llegan a la bomba para tanquear.

Desafortunadamente, para los pimpineros, el desastre productivo y la escasez generados por el gobierno chavista en el sector de hidrocarburos venezolano arrastró con su negocio y su sustento, en el pasado una actividad muy rentable, pero no exenta de riesgos por la manipulación del combustible y las características de todo negocio ilegal en el cual la justicia imparcial es inexistente.

Sorprendentemente, mientras que el negocio ha ido muriendo para los pimpineros, a la par que desaparece la falla de mercado causada por los precios diferenciales para el mismo producto acá y allá de la frontera, el Gobierno colombiano, en un acto que petrifica a los sensatos, ha decidido crear otra falla de mercado parecida en el sector de los combustibles.

El recién posesionado ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que en los próximos días podría presentarse un desmonte progresivo del subsidio en el precio del diésel para los automóviles, lo cual se reflejaría en un sistema en que el diésel sería subsidiado para los transportadores de carga, pero no para los vehículos particulares.

De millón trescientos cincuenta mil vehículos que funcionan con diésel en Colombia, unos 360 mil corresponden a vehículos particulares, que —dentro de su lenguaje polarizador— el ministro define como camionetas de lujo. Estos corresponden a aproximadamente el 5 % del parque automotor particular colombiano, que cuenta con siete millones trescientos mil vehículos. En 2024, del millón de carros vendidos, la proporción de vehículos diésel también está alrededor del 5 %.

Un cálculo sencillo resulta en que, si un vehículo diésel circula 10.000 km al año y consume dos galones, con subsidio de 7.000 pesos colombianos por galón por cada 100 kilómetros, el impacto en las finanzas estatales podría ser de medio billón de pesos al año. Si bien no se trata de más del 0,1 % del presupuesto nacional, el Gobierno —de acuerdo con su comportamiento reciente— podría con este dinero incrementar la planta estatal en alrededor de 20.000 votantes adicionales remunerados con un salario mínimo.

Los cálculos realizados en el párrafo anterior son utópicos. Ya el presidente de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energético, David Jiménez, aseguró que cobrar precios diferenciales para el cobro del combustible según la gama del vehículo es inviable porque no es compatible con la operación de las estaciones de servicio del país, considerando los costos de transacción y de control que implicaría su puesta en funcionamiento en el corto plazo.

Sin embargo, el mayor riesgo del esquema propuesto por el ministro no es la dificultad de implementación del sistema, sino el inevitable fraude masivo al sistema que conllevará el mismo. ¿Cómo podrá el gobierno central certificar que el diésel dispensado en las gasolineras fue vendido a camionetas? ¿Cómo garantizará que el diésel, como lo han hecho los pimpineros por décadas, no será revendido en las calles a las camionetas de lujo?

Todo esto, como muchas de las actuaciones del gobierno actual, huele muy mal; se antoja cercano a la delincuencia y de pleno en la improvisación. Por demás, que la iniciativa provenga del ministro de Hacienda es una señal de alerta inequívoca de que el rigor en esa cartera tan crítica está bajo seria suspicacia.