A medida que se configura el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2026 —con la definición de candidatos por parte de los partidos, la recolección de firmas de precandidatos independientes y los acercamientos entre fuerzas de centro, centroderecha y derecha mediante mecanismos como encuestas y consultas— el panorama nacional empieza a delinearse con mayor nitidez. Sin embargo, lejos de generar certeza, este proceso parece, en muchos casos, tornarse confuso y preocupante.
La creciente proliferación de candidaturas que no logran consolidarse en las encuestas, o que apenas alcanzan niveles marginales de respaldo, representa una distorsión peligrosa del juego democrático. Esta fragmentación, lejos de fortalecer el pluralismo, termina favoreciendo a un candidato de izquierda ya cohesionado dentro de su espectro político. No se trata de un asunto menor ni de una simple dinámica electoral: está en juego el futuro político e institucional de Colombia.
La dirigencia política tiene hoy una responsabilidad histórica ineludible. Le corresponde propiciar escenarios de unidad que permitan a los ciudadanos acudir a las urnas con opciones serias, sólidas y con posibilidades reales de conducir al país por un rumbo de estabilidad, progreso y reconciliación. No obstante, hasta ahora, pareciera que una parte significativa del liderazgo político no ha dimensionado plenamente la gravedad del momento que atravesamos.
El sistema político colombiano ha sido objeto de múltiples reformas, muchas de ellas motivadas por intereses coyunturales y cálculos de corto plazo, sin una reflexión profunda sobre sus efectos a mediano y largo plazo. Las consecuencias de esas decisiones se manifiestan hoy en la debilidad de los partidos, la dispersión de liderazgos y la dificultad para construir proyectos nacionales de largo aliento.
La historia ofrece lecciones claras: numerosas democracias no han colapsado por la fragilidad de sus instituciones, sino por la falta de grandeza, visión y responsabilidad de sus élites políticas. El caso venezolano es ilustrativo. La crisis de la clase política tradicional —dominada por Acción Democrática y Copei—, marcada por la soberbia, las ambiciones personales, la incredulidad frente al descontento social, el deterioro económico, la corrupción y la desconexión con la ciudadanía en los años noventa, facilitó la llegada de Hugo Chávez al poder. Si bien Colombia no enfrenta una partidocracia rígida y centralizada como la que erosionó la confianza ciudadana en Venezuela, sí padece una marcada debilidad institucional derivada de la proliferación de partidos y movimientos que no logran representar de manera efectiva las realidades y necesidades del pueblo colombiano.
Colombia, afortunadamente, ha contado históricamente con instituciones sólidas que han contribuido a la estabilidad del Estado y a la preservación de las libertades democráticas, entre ellas las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las altas cortes. Sin embargo, no corresponde a estas instituciones convocar ni liderar proyectos políticos. Esa responsabilidad es indelegable y recae sobre la dirigencia política y sobre una ciudadanía consciente de su papel en la defensa de la democracia.
Existen razones para el optimismo, pero este solo será legítimo si los actores políticos están a la altura de las exigencias del momento histórico que vive el país. Relegar egos y ambiciones personales en favor del bien común no es una opción: es una obligación moral y política. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. En esta Navidad, más que consignas, Colombia necesita gestos concretos de unidad, reflexión y grandeza, en favor del futuro de la patria y de su democracia.
Felices fiestas y un 2026 de unión y prosperidad.
