Guerra a muerte

Hace rato que empezó. Y los muertos han sido la interminable e indignante lista de nuestros policías y soldados sacrificados en este gobierno en los fuegos de la malhadada paz total, en la incesante escalada de acciones terroristas de las guerrillas y las mafias que seguían el pasado fin de semana en diferentes departamentos y seguirán creciendo con el paso de los días en intensidad y alcance. Los muertos entre nuestros policías y soldados lloverán para la satisfacción y placer de los guerrillos del M-19 que nos gobiernan, nunca desmovilizados y que han engañado desde siempre a la Nación que, ilusa y mal guiada, les entregó impunidad y vocería política.

La guerra a muerte es realizada por los aliados del gobierno en el marco de los reconocidos y documentados pactos de La Picota, que gozan de la condición de gestores de paz y de despejes en todas las zonas de interés y de expansión para su acción criminal. Porque el Golfo y sus aliados narcotraficantes le sumaron a Petro, al decir de su propio hermano, un millón de votos en sus zonas de influencia mediante la compra de votos o la intimidación. En estas zonas, pese a las reivindicaciones de la Fuerza Pública, el Golfo campea y crece y consolida su expansión a sangre y fuego hacia la Costa Atlántica para lograr el control del narcotráfico, el microtráfico y la minería ilegal. Con la inaceptable complicidad de gobierno, el Ministerio de Minas y Energía y el de Medioambiente en todo el Bajo Cauca se explota en extensos frentes, visibles desde las diferentes rutas nacionales, el oro ilegal que asesina el río y sus afluentes y que nutre las arcas de las mafias.

Otro caso patético de guerra a muerte es el de Calarcá, que asesina soldados que cuidaban a desmovilizados de las Farc que, a su vez, traficaban en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) establecidos en el funesto proceso de paz de La Habana y que, con la complicidad y tolerancia de este y anteriores gobiernos, se dedicaron al narcotráfico como era previsible y ha sido denunciado reiteradamente por diferentes entidades del Estado y las autoridades de Policía. Calarcá lo ordena mientras, con la protección de la UNP, somete al Caquetá y otros departamentos y espera que el Gobierno Petro le conceda una zona de agrupamiento en el Catatumbo para el derrotado frente 33, zona que será asegurada por la misma Fuerza Pública para que puedan seguir traficando sin que el ELN los elimine del todo.

Estas guerras a muerte se libran con éxito gracias a la estupidez y credulidad del nobel de Paz, que implementó la reducción del pie de fuerza para asegurarse la firma del acuerdo de paz en una irresponsabilidad que no puede ni debe ser borrada por los golpes de pecho y las recriminaciones a Petro. Santos condenó a nuestras Fuerzas Militares a operar en inferioridad de condiciones, siempre expuestas y amarradas a la absurda doctrina de la Otan, y pretende ahora escapar de su responsabilidad histórica frente a los efectos de su propia impericia y codicia.

Se libran, estas guerras a muerte, como las del ELN contra la población civil en el Catatumbo, Arauca o el Chocó, no solo ante la indiferencia de Petro, sino con la validación histórica de la lucha guerrillera, asesina y terrorista, desde el mismo Estado. Con el trasfondo siniestro y luctuoso de la Comisión de la Verdad se sigue legitimando la guerra a muerte de las guerrillas marxistas contra la población colombiana, sus instituciones y su futuro.

Guerra a muerte la que se libra en contra del sector productivo y empresarial desde el primer día de gobierno y con la aprobación de la reforma tributaria, diseñada por el cínico Ocampo, quien predica a sueldo en todos los foros económicos de los poderosos las virtudes de la izquierda caviar. En esta guerra a muerte la inversión privada desaparece, sectores enteros de la industria se quiebran, se largan las petroleras y mineras que tardarán décadas en volver, se encoje la construcción y se construye una imagen de tropicalismo riesgoso que la inversión extranjera no olvidará fácilmente.

Guerra a muerte la de Petro contra los sueños e ilusiones de los jóvenes que emigran por centenares de miles en todos los estratos, que dejan de recibir créditos del Icetex o el subsidio de sus tasas o siguen sin encontrar alternativas de primer empleo.

Guerra a muerte contra los pacientes crónicos, los de enfermedades raras y huérfanas y contra quienes tienen la mala suerte de afrontar una coyuntura de salud. Guerra a muerte contra los aseguradores y prestadores y contra las instituciones de la seguridad social en salud sin tener ni la menor idea de cómo reemplazarlas.

La guerra a muerte también es contra la democracia, la oposición y las libertades. Pero nada es nuevo. Todo se había advertido antes de la elección del triste émulo de Bolívar y una gran parte del liderazgo mediático, económico y político del país resolvió ignorar el riesgo. Apostaron el futuro del país, la seguridad de los ciudadanos, nuestro prestigio, nuestra economía bajo el prurito deleznable de ser políticamente correctos, de acomodarse en las élites de la izquierda caviar o proteger intereses económicos, y ahora reclaman el privilegio de salvarnos del desastre sangriento que propiciaron y que matizan desde sus tribunas y medios de comunicación.