Los estados financieros de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) al cierre de 2025 confirman que la reforma agraria incumplió las metas propuestas y que deja un legado problemático para la próxima administración.
Según el Ministerio de Agricultura, el banco de tierras acumuló 758.114 hectáreas hasta el 12 de febrero de 2026. De estas, 448.550 fueron compradas a particulares, a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al Fondo de Reparación de Víctimas (FRV). Otras 283.611 provienen de procesos como recuperación y extinción, y 25.953 son donaciones.
Sin embargo, la realidad de las entregas –el fin último de la reforma– es desalentadora: son 290.601 hectáreas, pero 161.502 “provisionales” (solo con una resolución de la ANT) y apenas 129.099 tienen escrituras, son definitivas. Si se compara con la meta de 3 millones de hectáreas, como la fijó el Plan Nacional de Desarrollo, el avance no llega ni al 10 por ciento y, frente a la de 1,5 millones de hectáreas de la Agencia, el cumplimiento es apenas de una por cada cinco de las proyectadas. (https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/2023/ContadorReformaAgraria.aspx).
La prioridad del Gobierno ha sido comprar, no entregar. Queda claro. Se denota en los rubros del balance, de inventarios, de otros activos y del patrimonio de la ANT en 2025, que se triplicó en un año. El primero, de tierras de su propiedad, vale $1,85 billones, el doble de 2024; el segundo, de tierras bajo su administración o no legalizadas o no pagadas por completo, vale $1,947 billones. De ahí que el patrimonio de la ANT pasara de $1,514 billones a $4,529 billones. Entre predios propios y por legalizar, el Estado acapara billones de pesos; la Agencia es el mayor terrateniente de Colombia.
Los movimientos de la ANT en 2025 reforzaron la tendencia. Compró 615 predios, por un billón de pesos, pero apenas entregó 116. De esos, fueron 51 a campesinos, 57 a indígenas y 8 a consejos afrodescendientes, que no cuestan –entre todos– $100.000 millones. La robustez de patrimonios y activos generó excedentes positivos por $2,604 billones en 2025, el séxtuple de 2024. Paradójicamente, tales utilidades de la Agencia superaron a las de la mayoría de los bancos.
Al revisar los certificados de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), saltan a la vista transacciones escandalosas. En Venadillo (Tolima), el predio Tavera-Hacienda Valbuena fue comprado por Fabio Humberto García Gómez el 10 de julio de 2018 por $1.043 millones. Fue vendido a la ANT por $21.325 millones, sin que tuviera mejora alguna, el 12 de junio de 2024, seis años después. ¿Se valorizó 20 veces la finca raíz en el muy deprimido Venadillo?
En Cáceres (Antioquia), el predio Cumaral, con área no certificada, aparece comprado por $19.133 millones. Y el lote con matrícula 260-78407 de Cúcuta, de 407 hectáreas, con historial de transacciones por menos de $1.000 millones, terminó negociado con la ANT el 12 de mayo de 2025 por $10.252 millones, a $25 millones la hectárea. El doble del valor promedio que la ANT ha pagado e igual pasó con la matrícula 122-970 en La Vega (Cauca), de 343 hectáreas, por $8.520 millones.
La fiebre de posibles sobrecostos no para ahí. En Aracataca (Magdalena), el 31 de agosto de 2023, la Proveedora y Comercializadora Monte Carlos S. A. S. dio $1.626 millones por el predio Anastasia, de 979 hectáreas. La ANT se lo compró por $10.300 millones el 16 de diciembre de 2024, año y medio después, ¡seis veces más! ¿Se valorizó el suelo tanto como en Venadillo?
En Marsella (Risaralda) se compraron 300 hectáreas de la hacienda Brasil, buena parte en rastrojo, por $11.482 millones, a $38 millones la hectárea, el triple de lo tasado en condiciones similares más cerca del casco urbano, según fuentes locales. También la Santa María, en Puerto Parra (Santander), se adquirió por la ANT el 18 de abril de 2024 por $14.554 millones a Inversiones KDOS S. A. S., que la obtuvo cinco años antes (el primero de febrero de 2019) por escasos $450 millones. ¡Se valorizó 32 veces! E igual con Galíndez en El Bordo (Cauca), de 1.145 hectáreas, cuyos dueños lo consiguieron el 20 de junio de 2019 por $1.350 millones y lo vendieron en marzo de 2025 a la ANT por $17.098 millones. ¡Doce veces en seis años!
Asimismo, la ANT tuvo 6.997 contratistas en 2025 con honorarios por $447.142 millones, burocracia paralela para apalancar los éxitos de los candidatos de Felipe Harman al Congreso. Se gastó un peso de esta nómina por cada dos invertidos, o peor, cuatro por cada peso de tierra entregada.
La reforma rural de Petro convirtió a la ANT en el mayor terrateniente de Colombia, dueña de tierras compradas a valores extraordinarios, en casos improductivas, y atiborrada de clientelismo militante. El noble objetivo dio al traste, como casi todo con el petrismo.