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Opinión

Impactos del narcotráfico

Ha debilitado la legitimidad de la democracia.

David René Moreno Moreno
29 de octubre de 2025

El narcotráfico y los delitos conexos han sido un elemento desestabilizador para el país, pues además de financiar a los grupos subversivos que buscan el poder desde hace más de cinco décadas, ha sido empleado como instrumento de gran influencia en la política colombiana permeando algunas campañas, ha causado dolor y muerte afectando a miles de familias, ha dañado la aplicación de la justicia y malogrado la soberanía nacional, ha perjudicado la imagen del país, y la corrupción que genera ha causado mucho daño a la sociedad.

A través del tiempo, se ha generado una cultura que ‘tolera’ convivir con el narcotráfico, así se demuestre que ha sido el motor que mueve la violencia, que alimenta el terrorismo, que es la causa de innumerables crímenes y está a la cabeza de la inseguridad que azota al país. A medida que se acercan las elecciones de 2026, se incrementarán los actos vandálicos y la intimidación de la población, especialmente en los centenares de municipios donde hacen presencia los diferentes grupos narcoterroristas, buscando que sean elegidos aquellos que les son afectos.

Desde sus inicios, el narcotráfico colocó en la mira al sistema político, al cual penetraron por medio de la corrupción, mostrando una gran incidencia a partir de los años setenta con lo que se llamó ‘el boom de la marihuana’, fenómeno que se desarrolló particularmente en el norte del país, generando impactos económicos importantes para la región. A partir de los ochenta, aparecieron los grandes carteles de la cocaína, como el de Cali y el de Medellín, cuando delincuentes como Pablo Escobar pudieron llegar a ocupar curules en el Congreso.

Con el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, ordenado por Escobar, se inició la guerra de los carteles contra el Estado colombiano, conflicto que aún hoy persiste, con la participación de carteles venidos del extranjero. La década de los noventa registró una gran vergüenza nacional relacionada con la campaña de Samper a la Presidencia, en la que probablemente dineros del Cartel de Cali entraron a esta, y aunque la Comisión de Acusaciones exoneró al presidente, este escándalo no solo deslegitimó todavía más a la clase política, sino que erosionó la confianza de la población en las instituciones.

Parece que dineros ilícitos continúan llegando a varias campañas electorales haciendo ilegítimos los resultados, pero las investigaciones se enfrentan a un muro infranqueable que no permite avanzar. Benedetti recordó a Sarabia la consecución de 15.000 millones de pesos para la campaña del candidato Petro, pero hoy nada se ha aclarado; Nicolás Petro se encuentra acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos al presuntamente haber recibido dineros de personajes cuestionados para la campaña electoral de su papá, habiendo sido incluido en la famosa lista Clinton, al igual que su progenitor y algunos allegados.

Los narcotraficantes crearon redes de corrupción, lo cual afectó la moralidad del Estado, ya que con el soborno a empleados públicos de todos los niveles y estamentos conseguían garantizar el cultivo, la producción y la distribución de los narcóticos, pero también se introdujeron en el Legislativo para obtener poder político e influir en la legislación, de la misma forma que la corrupción permitía el lavado de activos y el blanqueo de capitales, especialmente al lograr debilitar los controles estatales.

El país ya vivió, y se está generando nuevamente, una ola de terrorismo que mediante bombas y asesinatos selectivos buscan paralizar al aparato productivo y a la sociedad. El magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay es una demostración del terrorismo que afecta la campaña electoral, así como las marchas promovidas por el gobierno con población transportada desde grandes distancias para hacer presencia en la Plaza de Bolívar, que son —sin duda— una intimidación al pueblo colombiano, pues buscan presionar al poder legislativo e infundir temor en la población que no esté de acuerdo con los planteamientos que hace el progresismo.

El dinero del narcotráfico que fluye libremente por las fronteras dolarizadas de las naciones vecinas es el motor de la corrupción y genera —además— una falsa imagen de estabilidad económica, lo cual es opuesto a la realidad del cierre de empresas, a los despidos de trabajadores, al incremento del comercio informal, y contradice las informaciones oficiales de disminución en el número de personas desempleadas. A este fenómeno se suma la gran incertidumbre que causa el enfrentamiento personal del presidente con el señor Trump, lo cual incide en el normal comportamiento de la economía, por la inseguridad del futuro político del país.

La campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe, buscando frenar la llegada de cocaína a las costas americanas, ha tenido muchos efectos. Las áreas cultivadas de coca han crecido muy rápidamente en el país, lo cual se refleja en una mayor producción de cocaína y, por consiguiente, se incrementa la amenaza hacia la seguridad de Estados Unidos. La inclusión del presidente en la lista Clinton está soportada “por haber permitido que los carteles de la droga prosperen, por que la lucha contra el narcotráfico ha sido muy débil, por contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, como se menciona en la orden ejecutiva 14059, según el departamento de estado de Estados Unidos.

El narcotráfico ha sido empleado como arma para desestabilizar la política, para financiar a los delincuentes de todas las pelambres; ha afectado la economía y debilitado la legitimidad de la democracia; ha promovido la violencia como herramienta política y últimamente ha condicionado la política exterior del país. Ojalá las próximas elecciones no estén supeditadas al accionar delictivo de los diferentes carteles que hoy causan sangre y dolor.

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