Indolencia laboral

Desde que empezó la pandemia han llovido propuestas para evitar la destrucción innecesaria de puestos de trabajo y para crear empleos de emergencia. También han surgido numerosos proyectos para resolver los problemas más estructurales del mercado laboral colombiano. (He participado en algunas de estas iniciativas, incluyendo la más reciente, liderada por Rudolf Hommes). Cada vez, el Gobierno mira para otro lado, como si no le importara el sufrimiento de millones de familias.

Según el 59 por ciento de los jóvenes, el desempleo es el principal problema que debe abordar el país en 2021, de acuerdo con una encuesta recién publicada de Cifras y Conceptos, patrocinada por la Universidad del Rosario y El Tiempo. Pero la gente está perdiendo la esperanza de que el Gobierno haga algo: apenas el 28 por ciento de los colombianos cree que el empleo mejorará en el país en 2021, y casi la mitad considera que la situación será aún peor. Así lo ha revelado el Dane en su último Pulso Social, publicado a finales de noviembre.

Las razones del pesimismo son reales. Hay 1,5 millones menos de ocupados que hace un año. Las mujeres han sido las más afectadas, pues 1,2 millones han perdido su empleo. Aproximadamente, la mitad tuvo que dejar su trabajo para ocuparse de los hijos y no está en condiciones de buscar empleo. La otra mitad está tratando de encontrar dónde trabajar. Pero sus posibilidades son escasas. Mientras que muchos hombres que perdieron su empleo en empresas de más de diez personas han logrado pasarse a microempresas o se han puesto a trabajar solos, estas opciones no han funcionado igual para las mujeres. El empleo femenino ha caído de manera brutal, tanto en las compañías de más de diez trabajadores como en las microempresas. Por eso, las tasas de desempleo femenino son casi el doble de las de los hombres.

Mientras pasa todo esto, la acción más concreta que ha tomado el Gobierno en meses recientes ha sido crear una misión de empleo, que seguramente producirá muy buenos estudios, pero no cambiará mucho las cosas. Los primeros informes, enfocados en los aspectos más urgentes del problema laboral, difícilmente concluirán algo muy distinto de lo que han dicho ya diversos analistas: que el Gobierno nacional y los Gobiernos locales tienen que aumentar el gasto público para crear empleos de emergencia, y que se deben reducir temporalmente los costos laborales para los nuevos empleos que se creen durante la emergencia. La misión se ocupará luego de temas más estructurales, sobre los cuales rendirá informes hacia mediados de 2021. Se puede adivinar lo que hará el Gobierno con esos datos: un documento Conpes, cuya implementación quedará para el futuro.

Todo esto es dramático porque los grandes problemas laborales que estamos viviendo, tanto los coyunturales como los estructurales, están sobrediagnosticados. Y porque, en contra de lo que podía esperarse al comienzo de la pandemia, al Gobierno no le han faltado recursos: no solo ha tenido buen acceso a los mercados financieros nacionales y extranjeros, sino que tiene a su disposición los fondos de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario, con la que podría gastar de inmediato 2 por ciento del PIB. Claro que los créditos hay que pagarlos, y por eso nadie pone en duda que se necesita una reforma tributaria. Pero el Gobierno tampoco quiere meterse en este problema.

En semejante emergencia social en la que estamos, no basta con que el Gobierno asegure la estabilidad macro ni la solidez del sistema financiero, que por supuesto son necesarias. Tendría que atender además las necesidades de la gente, empezando por el empleo. Los partidos políticos deberían enfilarse también en esta dirección, pero están distraídos en confrontaciones irrelevantes para casi todos los colombianos, que son atizadas por el partido de Gobierno y por el presidente mismo.