Izquierda vesánica

Aun en estos tiempos de locura, parece extremo escuchar al flamante director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social justificar la eliminación de subsidios para más de tres millones de personas.

Su argumento: esa gente “prefiere vivir en el barro que perder el subsidio” y tratar de entregar “créditos blandos” a algunos completamente inéditos proyectos productivos.

Si cualquier funcionario del gobierno de Iván Duque -o incluso de Juan Manuel Santos- hubiese hecho una expresión similar, aquellos que hoy gobiernan lo hubiesen tachado de neoliberal, insensible y déspota.

Recordemos la tremenda agenda que desplegó la oposición cuando criticó la política de subsidios del gobierno Duque, durante la pandemia. A ellos les parecía que esas ayudas —además de los subsidios que nunca se suspendieron— eran “miserables”. Solamente una pretendida “renta básica permanente” para los siete millones de hogares que clasificaban en vulnerabilidad e informalidad tendría el “alcance de un programa serio”.

Este pretendido programa hubiese costado la bobadita de 2,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) por semestre. Es decir, mal contado, 4% del PIB anual. Para tener una idea de la dimensión, equivale a todo el gasto de educación a lo largo de un año.

Es muy diferente cuando se habla desde la oposición a cuando se tiene que asumir la responsabilidad bajo la limitación de recursos, para tomar decisiones. Actualmente, el gobierno se rasga las vestiduras frente a la necesaria y justificada inversión en apoyos solidarios a lo largo de la pandemia, olvidando hasta dónde querían inflar ese gasto.

La pregunta de fondo es: ¿qué motiva hoy a una izquierda gobernante cada vez más insensible y alejada de las necesidades de la población colombiana? Definitivamente, no es el avance social de la población, sino el control púbico del Estado.

Por ejemplo, en la discusión sobre la reforma de salud o la crisis del sistema de salud, no es la suerte de los pacientes lo que alimenta los argumentos de gobierno, integrantes de la coalición de gobierno, ni las bodegas progresistas. Tampoco preocupa el cepo de la informalidad que afecta al 50 % de la fuerza productiva del país, la principal motivación de la reforma laboral. Mucho menos la sostenibilidad de largo plazo del sistema pensional, en una reforma que mantuvo las edades de jubilación y dejó al garete las opciones de los colombianos de edad media que sostienen el sistema. Sin contar la afectación de los estudiantes colombianos perjudicados por el Icetex.

Se pretende un Estado en el cual el gobierno tome el control de los recursos, decisiones a dedo y ejerza el monopolio de servicios y bienes sociales. Es el reflejo de una izquierda fracasada del estado centralista. Es la misma detrás de las intervenciones de las EPS, las amenazas a las empresas privadas de servicios públicos o las concesiones viales. Es lo más alejado de la socialdemocracia y lo más cercano al modelo venezolano-nicaragüense que retornó sus sociedades a las fronteras de la miseria y la pérdida de libertades.

Camino muy diferente al que tomaron Luiz Inácio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador, quienes supieron, en sus respectivos países, entender que afectar la empresa privada iba a reducir la productividad, la inversión y el crecimiento económico. Ellos pudieron tener avances políticos, precisamente, por sentar el modelo de izquierda sobre más redistribución de la riqueza que el control de los bienes de producción.

Una prueba más de la debacle a la que nos ha llevado este gobierno de una izquierda fallida la proporcionó el despedido director de la Dian, quien refirió cómo el presupuesto de ingresos de impuestos para 2024 fue afectado en 10 billones, por menores recaudos debido a problemas de gestión.

Esto sucede después de que el país había tenido crecimientos económicos récord en 2021 y 2022 (10,6 % y 7,5 %, respectivamente), logrados durante la peor pandemia de la historia colombiana. ¿Qué hizo la diferencia? Un sector productivo profundamente integrado a la situación del país y una actuación conjunta con el gobierno nacional de entonces.

Ahora estamos en un escenario diferente. Las calificaciones de país y de las empresas colombianas van a la baja. Pero lo más crítico es un gobierno que perdió sus objetivos sociales. Un gobierno esclavo de sus dogmas y errores —como la desastrosa política de Paz Total—, que perdió toda capacidad de reacción frente al escenario económico que hoy enfrenta.

Esta es una gestión vesánica donde la incoherencia, la furia y el conflicto permanente eliminan cualquier posibilidad de pragmatismo. En resumen: la reducción de la izquierda a su concepto más regresivo y lesivo para la totalidad de la sociedad.