Escuchaba esta semana un debate en Blu Radio acerca de la violación múltiple a una estudiante en la prestigiosa Universidad Cornell, y pensaba que reflejaba la incoherencia nacional. No es una crítica a quienes hablaban; cada cual es libre de decir y pensar lo que le parezca. Pero sirve para constatar, una vez más, que el país tiene poca autoridad moral para indignarse por un solo caso, que ocurre en Estados Unidos, mientras millones de
ciudadanos de izquierda y centro avalaron la impunidad de la dirigencia de las Farc por un sinnúmero de abusos sexuales, entre otros crímenes.
Los panelistas lanzaban dardos contra las autoridades universitarias gringas por condenar a los siete culpables a la irrisoria nimiedad de escribir un ensayo sobre no volver a violar y asistir a talleres para analizar su comportamiento.
“Es un encubrimiento, amerita una investigación profunda”, dijo uno; “es una forma de normalizar ese tipo de conductas”, agregó otro; “una permisividad inaceptable”, concluyeron.
El episodio radial hubiese pasado inadvertido en otro momento, pero chirrió al hacerlo preciso en las fechas en que observamos a cinco capos, tanto autores como cerebros de incontables violaciones a infantes de ambos sexos, interpretando el papel de reflexivos buscadores de cadáveres, armados con una palita y guantes nuevos.
Los sujetos que responden a los alias de Timochenko, Pastor Alape, Joaquín Gómez, el Médico y Rodrigo Granda actúan en la película que la JEP rueda en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito. El mismo camposanto donde un equipo profesional lleva tiempo trabajando para desenterrar e identificar restos de NN y cotejarlos con datos de desaparecidos a causa del conflicto armado.
Pero como la JEP no es transparente y acostumbra a correr la línea ética para favorecer a Timo y su bandola, no sorprendería que anunciaran que las “sanciones” dieron resultado y los excomandantes hallaron restos de algún laboyano asesinado en cautividad.
Podría ser el soldado Jair Chimbaco, hijo de un matrimonio de desconsolados campesinos que no dejan de llorar su ausencia.
El 7 de abril de 2007, un grupo de guerrilleros se presentó en la modesta finca familiar para llevárselo y castigarlo hasta que devolviera la plata, al tratarse de uno de los militares que encontraron la famosa guaca con 40.000 millones de pesos. Al no dar con él, secuestraron al papá.
Poco después, la mamá, Luz Marina, convencida de que la compasión anidaba en el corazón de los jefes farianos, se reunió con el comandante de la zona, acompañada de un tembloroso Jair, segura de que apreciarían el valiente gesto, lo perdonarían y los dejarían en paz. Pero se quedaron con su retoño y tuvo que regresar, abatida y angustiada, solo con el esposo. No volvieron a saber del hijo.
Desde el instante en que dejó atrás a Jair, el sentimiento de culpa ahondó la desesperación y zozobra de doña Luz Marina. Por eso, cuando hace unos años intenté conversar con ella en su casa, cerca de Pitalito, prefirió guardar silencio y encerrarse en una pieza a llorar. Su vida se había vuelto un calvario.
Lo injustificable es que los líderes farianos se comprometieron, en 2016, a buscar desaparecidos, pero la JEP no los obligó a arrojar resultados. Ni a contribuir con sus ocultas fortunas multimillonarias a sufragar sus gastos y resarcir a las víctimas.
De pronto ahora, sin haber aportado nada y solo por la avalancha de críticas a la JEP y el trabajo de otros, además de Jair, entreguen a Silvio Burbano, Mariano Sánchez, Idelfonso Orozco y Erik Alejandro Samboní, secuestrados, asesinados y desaparecidos en el Huila. Los ha recordado Consuelo González, natural del pujante pueblo y siete años en las garras de las Farc.
También esta semana fue irritante que Timochenko protestara por considerar insuficientes las seis camionetas y los 16 escoltas de la UNP que protegen su vida, consagrada al crimen en su mayor parte.
Y que la senadora María Clara Posada siguiera destapando los enredos financieros de un tribunal que podría dar lecciones a la citada universidad estadounidense de “permisividad” y de “pretender normalizar” delitos atroces.
Cada descubrimiento del desmedido gasto de la JEP y la turbulenta manera de manejarlo desnuda las irregularidades del organismo que se creía una suerte de infalible e intocable ángel justiciero.
La senadora del Centro Democrático resquebrajó el velo para que Colombia conociera que el erario desembolsó 30.000 millones para costear los dispendios de “las sanciones”; otros 40.000 en abogados de esos criminales y 190.000 millones en contratos de arriendo con empresas de reciente creación y cuentas en paraísos fiscales.
También desveló que la ONU defiende al magistrado Ramelli mientras tapa que es parte interesada: el PNUD firmó convenios por 182.000 millones. Y para enmarañar aún más el pestilente laberinto, ahora Juan Manuel Santos declara que no deben prorrogar la JEP.
Ya no queda duda: hay gato encerrado. Huele a podrido.