Hay documentos que parecen simples hojas de papel hasta que se entiende todo lo que representan. Una orden de captura es uno de ellos. Detrás de esas palabras hay un juez, una investigación y algo todavía más importante: la decisión de que el Estado no está dispuesto a dejar caminando libre a quien está señalado de un delito. Por eso, cuando la Fiscalía General de la Nación reactiva 46 órdenes de captura contra jefes de estructuras armadas que habían quedado protegidos por una mesa de diálogo, no estamos ante un trámite. Estamos viendo regresar, tarde, algo que nunca debió irse: la autoridad del Estado. Y ya era hora de actuar con mayor contundencia para poder acabar con estos grupos criminales. Una cosa es abrir espacios de diálogo en búsqueda de la paz y otra muy distinta es permitir que los delincuentes utilicen esas mesas como escudo para evadir la justicia, fortalecer sus estructuras y seguir sometiendo a las comunidades. En Colombia debe quedar claro que el diálogo no puede convertirse en sinónimo de impunidad y que quienes tengan cuentas pendientes con la justicia tendrán que responder ante ella. La seguridad no se negocia y la autoridad del Estado tampoco: quien delinque debe saber que tarde o temprano la justicia lo alcanza.
La historia es sencilla de contar. Esos 46 hombres y mujeres, entre ellos Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y los mandos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, tenían sus órdenes de captura congeladas porque el gobierno de Gustavo Petro los había sentado a negociar y los había nombrado gestores de paz. Cuando esas mesas se cerraron, el 28 de agosto de 2026, por decisión del actual presidente Abelardo De La Espriella, cayó también el escudo que los protegía. Y aquí está la pregunta que de verdad importa, no cuántas capturas se reactivaron, sino por qué tuvimos que llegar hasta aquí para entender lo obvio, que un criminal armado no deja de serlo por sentarse en una mesa.
Porque mientras esa protección estuvo vigente, durante el gobierno de Petro, el país no vivió una tregua. En 2025 vivió 78 masacres y más de 250 muertos en ellas. Vivió el asesinato de 187 líderes sociales, más que el año anterior. Vivió el asesinato de 39 excombatientes que sí le habían cumplido a la paz, mientras quienes seguían en armas conservaban su beneficio judicial intacto bajo la política de la Paz Total. Esa es la cuenta real de lo que costó confundir la excepción con la comodidad.
Como exministro de Justicia sé de qué hablo; una orden de captura no es un papel decorativo ni una ficha de negociación. Es una herramienta jurídica seria, que debe estar sustentada en pruebas y ejecutarse con garantías. Pero justamente por eso, cuando existe, hay que hacerla cumplir. No hay peor mensaje para un ciudadano que ver a un juez ordenar una captura y al Estado guardarla en un cajón por conveniencia política.
Yo entiendo el argumento de fondo. Un país en guerra necesita, a veces, tenderle la mano a quien quiere salir de las armas y para eso puede tener sentido suspender temporalmente una captura mientras se negocia de buena fe. Esa es una herramienta legítima y hasta necesaria. El problema no es la herramienta, es cuando deja de servir para sacar al delincuente de la ilegalidad y se convierte en un permiso para seguir delinquiendo con inmunidad. Eso fue exactamente lo que pasó aquí.
La regla debería ser simple y no admitir excepciones silenciosas. El Estado puede ofrecerle a alguien una salida del crimen. Lo que nunca puede ofrecerle es protección para seguir en él. Por eso esta reactivación importa mucho más allá de los 46 nombres del expediente. Le dice al país que una negociación fallida no puede convertirse en un refugio permanente y le dice a cada víctima que su agresor no puede pasearse protegido solo porque la mesa de diálogo seguía abierta.
Y aquí conviene detenerse en lo que en realidad significa reactivar una orden de captura, porque no es solo un acto administrativo de la Fiscalía. Es la restitución de una facultad que el Estado nunca debió delegar en la buena voluntad de un grupo armado. Mientras una orden está suspendida, el criminal vive en un limbo jurídico cómodo, libre para moverse, para seguir extorsionando o traficando, pero también libre de toda presión judicial real. Reactivarla rompe ese limbo de un solo golpe, porque devuelve la posibilidad concreta de la detención, de la extradición y del juicio, y elimina cualquier ambigüedad sobre si esa persona sigue o no bajo la mira de la justicia. Y detrás de cada una de esas órdenes hay una víctima que lleva años esperando algo tan elemental como que el Estado cumpla con su deber: verdad, justicia y reparación. Colombia tiene que empezar a despertar de una lógica en la que pareciera que siempre hay más preocupación por los derechos del victimario que por el dolor de quien sufrió el delito. La víctima debe volver a ocupar el primer lugar, porque un Estado que persigue al criminal, pero olvida a quien fue lastimado, termina perdiendo de vista la razón misma de existir de la justicia. Aquí no se trata de venganza; se trata de dignidad, de memoria y de decirle a cada víctima que su dolor no fue olvidado y que, finalmente, la justicia sí está de su lado.
Ese gesto también tiene un destinatario que va mucho más allá de los 46 nombres de la resolución. Le envía una señal directa a cualquier otro grupo que hoy esté sentado o pensando sentarse a negociar con el Estado, incluido el ELN, de que la suspensión de una orden de captura no es un derecho adquirido ni una garantía indefinida, sino un beneficio condicionado a resultados verificables. Si la mesa se rompe o se usa como fachada, la consecuencia jurídica no desaparece, simplemente estaba en pausa. Ese precedente cambia el cálculo de cualquier cabecilla que hoy esté evaluando si le conviene negociar de verdad o solo ganar tiempo.
Pero hay que ser honestos sobre los límites de esta medida. Reactivar una orden de captura no equivale a ejecutarla. El papel ya existía antes de que se congelara, lo único que cambió es que ahora vuelve a tener efecto. La verdadera prueba de esta decisión no está en la resolución de la Fiscalía, sino en lo que pase después, en si la Policía y el Ejército logran ubicar a estos 46 hombres en un territorio que muchos de ellos conocen mejor que nadie, y en si la Fiscalía logra sostener cada caso con pruebas que resistan un juicio. Sin eso, la reactivación se queda en un gesto simbólico, importante para la moral del Estado, pero irrelevante para las comunidades que siguen bajo el control de estos grupos.
Tuve la oportunidad, como ministro de Justicia del gobierno de Iván Duque, de firmar más de 432 extradiciones, casi el 49 % de todas las que se hicieron durante ese gobierno. Ahí aprendí algo que sigue siendo cierto hoy: la política criminal solo funciona cuando el criminal tiene certeza de que sus actos tienen consecuencias. Ni una más ni una menos. Certeza, no promesas.
Eso es justamente lo que hace una orden de captura vigente. Le quita al criminal la sensación de que puede esconderse detrás de sus armas, de su plata o de sus contactos. Y tiene un segundo efecto que casi nunca mencionamos: le devuelve autoridad al territorio. Piense en un pueblo donde durante años un grupo armado decide quién entra, quién sale, cuánto se paga de extorsión y qué joven se recluta. Ahí, una orden de captura contra el cabecilla no es solo un papel judicial, es la prueba de que todavía hay un Estado dispuesto a disputarle ese territorio a quien se creía su dueño.
El error histórico de este país ha sido celebrar la caída de un cabecilla sin preguntarse qué pasa al día siguiente con su organización. Un grupo armado no desaparece porque caiga su jefe. Desaparece cuando pierde la plata, los reclutas y el territorio.
Por eso esta reactivación debe ser apenas el comienzo. Una orden de captura sin inteligencia, sin investigación financiera, sin Fuerza Pública que la ejecute y sin fiscales que sostengan el caso ante un juez, se queda en un anuncio. Y como abogado y exfuncionario tengo que insistir en algo: todo esto se tiene que hacer dentro de la ley. No necesitamos funcionarios anunciando miles de capturas para después ver caerse los procesos en un juzgado. Necesitamos investigaciones bien hechas, pruebas sólidas y jueces independientes. Esa es la autoridad que de verdad perdura.
El mensaje final es sencillo. Quien quiera dejar el crimen va a encontrar una puerta abierta hacia la legalidad. Quien decida seguir en él se va a encontrar de frente con el Estado. En Colombia podemos negociar cómo se sale de la violencia. Lo que no podemos negociar, nunca, es si la ley se cumple.