El título de esta columna fue un concepto que acuñó la filósofa Hannah Arendt al escuchar la defensa del propio Adolf Eichmann en su juicio por los crímenes atroces que cometió contra los judíos. Arendt, como judía alemana, había sido víctima del nazismo y había logrado escapar de un campo de concentración. Según ella, para industrializar la muerte de la manera que lo hizo el nazismo alemán, o el comunismo soviético, que ella entendía como un totalitarismo igual, era preciso un aparato burocrático cuyas piezas perdieran la conciencia moral y normalizaran el asesinato en masa como algo cotidiano. La banalidad del mal, llamo a esta condición de máxima abyección del ser humano.
Arendt legó a la humanidad sus teorías sobre los totalitarismos con el fin de que nunca más se repitieran en ninguna sociedad. Pero la pulsión totalitaria siempre está, como un germen maligno, al acecho en las sociedades. Está, como dijo Camus al final de La peste, latente en muebles y anaqueles hasta que llega el día en que “despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa”.
Pues esas ratas llegaron al poder en Colombia para diseminar su peste totalitaria. Este Gobierno se ha convertido en una verdadera máquina de la muerte. No hay mucha diferencia entre un jerarca nazi que, en nombre de su ideología, ordena la deportación masiva de judíos a los campos de concentración donde serán ejecutados masivamente en cámaras de gas, y un presidente y su ministro de Salud que ordenan estrangular un sistema de salud porque no encaja en su ideología comunista. Ambas son acciones que asesinan en masa de manera deliberada.
El pequeño Kevin no murió en una cámara de gas; murió porque Petro y su ministro Jaramillo, y antes la ministra Corcho, habían decidido crear una crisis explícita quitándole los recursos al sistema de salud, conscientes de que eso produciría una mortandad masiva. Y no contentos con propiciar la muerte de Kevin por negarle sus medicamentos, pusieron el aparato estatal a su servicio para victimizar a la madre, culpándola del hecho.
Pero la máquina de la muerte tiene en Colombia otro frente: la paz total. Es un error llamar a esa barbaridad “una política fracasada”, porque eso es atribuirle una buena intención en el origen: la verdad es que la paz total no es una política, es la retribución que Petro le hace a sus aliados del crimen por la financiación de su campaña y por sus afinidades ideológicas.
Los 13 policías masacrados en Amalfi no murieron en una cámara de gas; murieron porque todo un aparato burocrático se movilizó para liberar a su asesino, alias Calarca, cuando fue capturado por el ejército en flagrancia. Ni el presidente, ni la fiscal, ni el ministro de Defensa favorecieron al criminal porque creyeran que eso tuviera algún efecto sobre la paz; lo hicieron para proteger a un aliado de su causa política a sabiendas de que salía a matar, y lo hicieron de cara a todo el mundo. Ambos casos, el de la salud y el de la paz total, son ejemplos típicos de la banalización del mal.
La solución a esta gangrena moral es primero política, claro. Hay que derrotar a Iván Cepeda, quien viene recargado a imponer el totalitarismo definitivo y a aceitar la máquina de la muerte. Pero también tiene que ser jurídica. Tanto daño y tanta maldad no pueden quedar impunes. Tampoco puede quedar impune el saqueo del Estado que han perpetrado desde Petro y su familia para abajo. Solo así Colombia puede quedar inmunizada de la peste totalitaria y de la banalización del mal.
Esa es una de las razones por las cuales voy a votar por Abelardo de la Esperilla: él es el único candidato que ha dicho con claridad que va a castigar a Petro y sus secuaces, y para eso ha propuesto una auditoría internacional en todo el Estado con el fin de encontrar todas las incidencias penales que lleven a los culpables a la cárcel. Petro estará blindado por la comisión de acusaciones, pero para el Departamento de Justicia de EE. UU., él es un ciudadano común y corriente, y a Abelardo no le temblará la mano para extraditarlo.
En cuanto a los demás, no tienen ningún blindaje y deben ser procesados. Hay varias demandas contra Guillermo Alfonso Jaramillo, un burócrata mediocre de esos arquetípicos de la banalización del mal que describió Hannah Arendt, que todos los días se levanta a asesinar de manera metódica y sistemática, y lo hace sin ningún remordimiento moral y con una frivolidad pasmosa.
Adolf Eichmann no reconoció delito alguno, a pesar de haber sido un operador clave de “la solución final”; hasta el último momento dijo que él solo seguía instrucciones y que no había matado directamente a nadie. Pero su excusa no le valió: fue condenado a la horca. Esa pena no existe en nuestro ordenamiento jurídico, pero es lo menos que se merecen los asesinos de Kevin y de tantos otros cuyos rostros no conocemos.
