Opinión
La construcción comienza a recuperar la confianza
La inversión inmobiliaria institucional puede ser más que una clase de activo estable: es un catalizador de desarrollo urbano ordenado, regeneración de entornos y transformación territorial.
El sector inmobiliario en Colombia se ha venido consolidando como un canal estratégico para los fondos de inversión. Con más de 33 billones de pesos en activos bajo administración, presencia efectiva en 20 departamentos y más de 4,5 millones de metros cuadrados en desarrollo o gestión, esta vertical ha ganado peso dentro del ecosistema de capital privado y hoy representa alrededor del 32 % de las inversiones de la industria, consolidándose como un motor relevante de la economía nacional.
A nivel global, estudios del FMI y el BID confirman que la construcción de activos inmobiliarios tiene un alto efecto multiplicador: por ejemplo, en la generación de empleo o la activación de cadenas productivas (materiales, insumos, servicios profesionales). En Colombia, el segmento de construcción asociado a inversión inmobiliaria institucional impulsó la creación de 81.000 empleos formales directos en 2024, con una importante participación de mano de obra no calificada, lo que lo convierte en una herramienta efectiva para reducir el desempleo estructural.
En activos comerciales, los más de 230 millones de visitas registradas en centros gestionados por vehículos del sector en los últimos tres años confirman su capacidad para dinamizar el consumo y crear espacios de actividad económica local. A futuro, será clave potenciar su integración con economías populares y con procesos de regeneración urbana que generen empleo y cohesión social.
En vivienda, la actividad reciente evidencia una recuperación: en el cuarto trimestre de 2024 se iniciaron más de 42.000 unidades, de las cuales 20.000 correspondieron a Vivienda de Interés Social (VIS). Sin embargo, frente al déficit habitacional, el ritmo sigue siendo insuficiente. Para maximizar el impacto social, se necesitarán proyectos escalables, con integración territorial y esquemas de financiación que permitan atender la demanda efectiva, especialmente en Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
En el plano territorial, persiste una alta concentración: Bogotá y Cundinamarca absorben el 66 % del capital, y si ampliamos un poco el panorama, cuatro departamentos concentran el 90 % de las inversiones. Esto obedece tanto a condiciones habilitantes como a limitaciones normativas y de disponibilidad de suelo en otras regiones. Desbloquear el potencial en ciudades intermedias requerirá mayor articulación público-privada, certeza jurídica y estímulos para el desarrollo de proyectos sostenibles fuera de las grandes capitales.
Pese a los avances, su peso en el PIB aún es reducido: la inversión inmobiliaria institucional llega al 2 %, frente al 4 % en México o el 5 % en Estados Unidos. Esta brecha evidencia una oportunidad concreta para crecer, escalar portafolios y conectar de forma más directa el capital institucional con las necesidades estructurales del país, particularmente en vivienda y renovación urbana. El reto ahora no es solo crecer, sino hacerlo con propósito para recuperar la confianza. La inversión inmobiliaria institucional puede ser más que una clase de activo estable: es un catalizador de desarrollo urbano ordenado, regeneración de entornos y transformación territorial. Para lograrlo, se requiere visión estratégica, continuidad institucional y colaboración efectiva con el sector público. El Tercer Congreso de Inversión y Desarrollo Inmobiliario, que celebramos esta semana en Bogotá junto a Camacol B&C, refleja la madurez de esta conversación. La industria está lista: las cifras así lo demuestran. Nuestro desafío ahora es seguir escalando con impacto, consolidando la inversión inmobiliaria como un motor de desarrollo urbano, generación de empleo y transformación social en Colombia.
