La corte de las Farc

No son conscientes de que solo existen porque Santos no respetó la democracia. Y porque Duque no quiso hacer añicos ese despropósito bautizado como JEP, ni los programas, rebosantes de populismo y vacíos de fondos, que acordaron guerrilleros y santistas.

Tanto mintieron para sacar adelante una supuesta paz –camino imprescindible hacia el Nobel–, que la primera sentencia resultó la ignominia que anticiparon millones.

Las 609 páginas del fallo reflejan la esencia de una Corte creada con la intención de desdibujar la barbarie guerrillera y maximizar la de las manzanas podridas del Ejército y la Policía. Ya en las páginas que dedican a explicar el nacimiento de las Farc dejan en evidencia el sesgo que nunca se molestaron en disimular.

“Desde sus inicios, las FARC enarbolaron un programa político de corte agrario”, afirman. Y los describen como unos Robin Hood criollos: “Practicaron una suerte de reforma agraria distribuyendo tierras usurpadas a terratenientes ausentistas entre campesinos pobres o regulando la explotación de economías locales”.

En cuanto a la violencia, exculpan a la guerrilla de provocarla y señalan al Estado. “La respuesta estatal privilegiaba armar civiles afines al régimen para combatir a la subversión”, por tanto, sigue la lógica de la JEP, “(las Farc) entendían que el Estado no estaba dispuesto a admitir una oposición revolucionaria legal”.

Es tanta la benevolencia con la que tratan a las Farc que lo que el país veía como actos criminales de distinta índole, la sentencia los considera medidas “coercitivas” o “cargas severas para la población”, entre las que cita el reclutamiento forzoso de menores.

Después del Caguán, las Farc, sigue el relato, “intensificaron la práctica del secuestro extorsivo, plagio de personas pudientes o masivo de viajeros en carretera (‘pescas milagrosas’), para financiar su guerra y presionar políticamente”. El párrafo concluye con una frase reveladora: “Mancharon su imagen, pero nutrieron sus arcas”.

No sé de dónde sacan que la guerrilla tuviera aceptación alguna si en todas las encuestas obtenía un rechazo superior al 90 por ciento.

Tampoco resulta creíble la aseveración de que la justicia restaurativa logrará el cansino estribillo santista de “nunca más el secuestro como instrumento de guerra”. De pronto no se enteraron de que el ELN y las renovadas Farc lo siguen practicando y nunca lo dejarán con sentencias como la del Caso 01.

“El dominio de las FARC-EP fue ambivalente, ya que ofrecía protección frente a otros violentos y cierta estabilidad local, pero al costo de coartar libertades y exigir lealtad absoluta bajo pena de muerte”, concluyen, en sintonía con sus primos de la Comisión de la Verdad.

Un detalle inaceptable es que ignoraran a Elkin Hernández y Édgar Yesid Duarte, los policías secuestrados el 14 de octubre de 1998 y asesinados en cautividad el 26 de noviembre de 2011. Estuvieron 13 años, 4 meses y 13 días en las garras de las Farc, solo superados por el militar Libio José Hernández, raptado el 21 de diciembre de 1997, y también acribillado junto a ellos a balazos. Ningún ser humano en el planeta estuvo tanto tiempo secuestrado.

La sola tragedia de los tres y el haber arrebatado a menores de edad reclutados cualquier atisbo de humanidad, convertirlos en criminales capaces de matar a rehenes indefensos con los que convivieron años y por los que no sentían ni gota de compasión, bastaría para castigar con la máxima dureza al despiadado Secretariado.

Pero las penas impuestas por el tribunal que ellos exigieron, así como muchas de sus intervenciones públicas, demuestran que pidieron perdón porque les tocaba y las lágrimas que derramaron eran de cocodrilo.

No movieron un dedo para impedir la creación de las disidencias, que siguen secuestrando, ni entregaron los dineros escondidos para aliviar la precariedad económica en que dejaron a miles de secuestrados. Ni ofrecieron parte de los millonarios salarios de sus legisladores para repararlos.

Ni siquiera buscaron con ahínco a los secuestrados asesinados y desaparecidos en cautividad, uno de los compromisos incumplidos.

Dice uno de los apartes de la hiriente sentencia, monumento a la impunidad y la desfachatez: “El principio de que la reparación, en clave de justicia transicional restaurativa, no se agota en el resarcimiento económico ni en la restitución formal de derechos vulnerados. Implica también procesos sociales, simbólicos y relacionales orientados a restablecer la dignidad”.

Asombra el cinismo de tamaña aseveración. Nunca hubo “resarcimiento económico” ni restituyeron derechos pisoteados. Y ofende la insistencia en la manida propuesta de “restablecer la dignidad” de las víctimas.

A los secuestrados y sus familiares, que conocimos en los 25 años de la Fundación País Libre, les sobraba dignidad y valentía. Son otros los que carecen de ambos valores.

En cuanto al listado de las “penas”, son tan irrisorias, tan agraviantes, que insultan la inteligencia. Cuesta creer que no les avergonzara imponerlas.