
Opinión
La democracia no se burla
Esta no es una lucha entre ideologías, sino entre el respeto a la Constitución y la ley, y la voluntad de trastocarlas desde el sillón presidencial.
El más reciente informe de la Economist Intelligence Unit evidencia el marcado retroceso que ha sufrido la democracia colombiana, ubicando al país en una zona crítica dentro del índice global.
Esta degradación democrática no es producto del azar, sino resultado de una institucionalidad debilitada, que hoy atraviesa una de sus temporadas más graves. Nos enfrentamos a la amenaza real de una concentración de poder sin precedentes, liderada por un Ejecutivo que insiste en desconocer la autonomía y competencias del Legislativo y el Judicial.
En este contexto, la entrevista concedida por el presidente Gustavo Petro al personaje Juanpis González, interpretado por Alejandro Riaño, se convirtió en una radiografía reveladora de las burlas, sandeces, contradicciones y posturas excluyentes que caracterizan al actual gobierno.
Resulta profundamente preocupante que el primer mandatario justifique la muerte de líderes sociales, señalándolos como “narcotraficantes”, mientras protege figuras cuestionadas dentro de su gabinete y desacredita a quienes piensan distinto.
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Estas afirmaciones no solo revictimizan a quienes han denunciado acosos sexuales, persecución y a aquellos que han perdido la vida defendiendo causas sociales, sino que constituyen un desprecio inaceptable por la dignidad humana y los principios democráticos.
El relato del presidente está sustentado en analogías literarias como Cien años de soledad, reflejando una visión distorsionada y burlesca de la realidad nacional. Recurre constantemente a culpar a los gobiernos anteriores sin proponer, por su parte, soluciones estructurales.
Lo anterior está acompañado de una narrativa polarizadora que busca enfrentar a ricos contra pobres, instituciones contra pueblo, y regiones entre sí. Esto no solo fractura el tejido social, sino que agrava la crisis de gobernabilidad.
La celebración del 1 de mayo, que resalta el movimiento obrero, fue instrumentalizada por el presidente como plataforma política, apelando a símbolos históricos con carga ideológica para agitar masas en un tono más doctrinal que conmemorativo.
Este uso indebido de la fecha y los símbolos pone en evidencia una preocupante intención del gobernante de manipular hechos históricos, llevándolos a una posición radical de confrontación.
La situación se torna aún más alarmante con el anuncio de convocar una consulta popular, iniciativa que —a la luz de la Constitución Política, la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015— requiere aprobación previa del Congreso de la República. Esta aprobación será efectiva con la mayoría absoluta de votos del Senado. De lo contrario, debe desecharse.
Esta célula legislativa dispone de 20 días (prorrogables por diez más) para pronunciarse. Sin embargo, el presidente ha manifestado su intención de decretar la convocatoria, incluso si el Congreso la rechaza, lo cual constituiría una violación flagrante del principio de legalidad y un desconocimiento de los pesos y contrapesos que garantizan la separación de poderes.
Ante semejante escenario, corresponde advertir que, de materializarse dicha convocatoria sin el aval del Congreso, solo restaría acudir a una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, con la expectativa de que dicha corporación adopte medidas cautelares urgentes para evitar efectos jurídicos derivados de un acto manifiestamente inconstitucional.
La amenaza implícita del Ejecutivo al Legislativo no puede entenderse sino como una forma de coacción institucional que atenta contra la representación democrática y el respeto a la voluntad popular expresada en la elección de los congresistas. La democracia no puede reducirse a una legitimidad de origen; también exige respeto a las reglas de juego, a los procedimientos y a la alternancia del poder.
Como ciudadano colombiano, me uno en respaldo a la autonomía del Congreso y confío en que sus integrantes defenderán la integridad de la Constitución, el equilibrio institucional y la legitimidad del orden democrático. Esta no es una lucha entre ideologías, sino entre el respeto a la Constitución y la ley, y la voluntad de trastocarlas desde el sillón presidencial.
Petro, entienda que la asignación y responsabilidad con el país es seria. ¡Entienda, de una vez, que sus patrañas no dan risa!